La audiencia en la que se definiría si Diego Cadena, uno de los abogados que hasta hace una semana defendió los intereses del expresidente y senador Álvaro Uribe, iría a prisión domiciliaria, volvió a desarrollarse en medio de un contrapunteo en el que la Fiscalía y la Procuraduría pidieron la detención, pero su abogado, Iván Cancino, solicitó que se pueda defender en libertad debido a que no hay pruebas suficientes para que quede detenido.
Ayer, después de escuchar a la defensa de Cadena y de su colega Juan José Salazar, ambos procesados por los delitos de soborno en la acción penal y fraude procesal, el Juez 25 Penal Municipal de Bogotá con función de control de garantías decidió aplazar su decisión para el próximo jueves.
El penalista Francisco Bernate explicó que lo que el juez deberá tener en consideración para la solicitud de la Fiscalía, la Procuraduría y el representante de la víctima es “si hay probabilidad de la existencia del delito y de la responsabilidad de la persona, si se demuestra que los procesados son un peligro para la prueba, para el proceso (incluso por la no comparecencia), para las víctimas o para la sociedad”.
Y agregó que en esta etapa “no se está haciendo un juicio de responsabilidad, ni se les va a castigar. Si puede tener alguna responsabilidad será algo que se solucionará en juicio”.
Así es el asunto
Según las pruebas presentadas por la Fiscalía, Cadena sobornó a Carlos Enrique Vélez y ofreció favores jurídicos a Juan Guillermo Monsalve, ambos exparamilitares recluidos en cárceles del país, con la intención de cambiar sus testimonios y así inducir en error a la Corte Suprema de Justicia respecto de la información recolectada en el proceso que, inicialmente, se surtió contra el senador Iván Cepeda y cuyo trámite terminó en una investigación preliminar en contra del expresidente Uribe.
En la jornada de ayer el turno fue para la defensa, adelantada por Iván Cacino, para el caso de Cadena, y por Andrés Felipe Caballero para el caso de Salazar.
En ambas intervenciones los defensores recalcaron que la Fiscalía realizó una investigación muy pobre y falta de argumentos, y trataron de desvirtuar la credibilidad de los dos testigos que acusan a sus clientes de pagar con dinero y favores jurídicos testimonios en contra del congresista Cepeda. Los penalistas insistieron en que sus defendidos son víctimas de extorsión debido a que los testigos señalan, falsamente, que fueron sobornados.
Entre las pruebas más importantes presentadas ayer se destaca una carta fechada de agosto del 2011, y ratificada ante el ente investigador en la que Carlos Enrique Vélez le pide perdón al exparamilitar Óscar Guillermo Sánchez Múnera por haber dado testimonio falso en su contra, tras el cual fue condenado.
EL COLOMBIANO tuvo acceso al manuscrito en el que Vélez dice: “Quiero manifestarle mis excusas y pedirle perdón por todo el daño que le he causado a usted y su familia por mis falsos testimonios y declaraciones en su contra, al señalarlo ante la Fiscalía como el autor intelectual del homicidio de José Yorledis González y por el cual me enteré que lo condenaron a usted a 30 años de prisión”.
Con este documento, que nada tiene que ver en los casos contra Uribe ni contra sus abogados, Cancino dijo que se comprueba que “Vélez (Carlos) es un mentiroso profesional que está acostumbrado a mentir para dañar la vida de las personas y retractarse de sus falsos testimonios cuando el daño ya está hecho”.
Este jueves, las demás partes en el proceso deberán pronunciarse acerca de si hay dudas sobre la legalidad de las pruebas presentadas por la defensa, y el juez podrá definir si Cadena y Salazar pueden defenderse en libertad o no.
Si la decisión es aplicarles, como la Fiscalía lo solicita, la detención domiciliaria, la única restricción que tendrán, de momento, es permanecer en sus viviendas, podrán recibir visitas, hablar en medios y hasta trabajar, tal como lo explicó Bernate.
