La emergencia originada por la propagación de covid-19 tocó a Colombia el pasado 6 de marzo, cuando se confirmó el primer contagio en el país. Desde ese día y hasta hoy, para contener los estragos que causa el virus, ya son 25 los decretos que ha emitido el Gobierno para solventar ayudas para los diferentes sectores económicos y la población en mayor grado de vulnerabilidad, los cuales tendrán que pasar por la revisión de la Corte Constitucional, para evitar que violen los derechos fundamentales.
Un trabajo nada fácil para los nueve magistrados del alto tribunal, que tendrán jornadas maratónicas en procura de analizar cada uno de los documentos y verificar la constitucionalidad de los mismos en el menor tiempo posible, teniendo en cuenta que hay unos con una mayor complejidad que otros.
Para no ir tan lejos, el Decreto 444, que habilita la creación del Fondo de Mitigación de Emergencias (Fome), ha sido el que más críticas ha recibido desde diferentes sectores. Por ello, la Corte decidió abrir un espacio para que ciudadanos y organizaciones entreguen sus conceptos y poder estudiarlo a profundidad.
Su estudio estará en manos del magistrado Carlos Bernal, quien en Sala Plena, por ahora de manera virtual, deberá exponer su ponencia luego de recolectar las intervenciones en las que podrán solicitar la exequibilidad o inexequibilidad de la norma.
Bajo la lupa también están otros decretos: el 499, en el que se establecen nuevas medidas de contratación estatal a la hora de adquirir dispositivos médicos en el exterior para controlar la pandemia, y el 507, con el que se favorece el acceso a la canasta familiar a hogares vulnerables. Las normas reposan en los despachos de los magistrados Gloria Stella Ortiz y Antonio José Lizarazo.
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