La minga está meticulosamente planeada para durar varios meses, algunos líderes indígenas hablan de tres, tiempo suficiente para desabastecer completamente el sur del país. Otros dicen que un año.
Con 19 días los alimentos, el combustible y los insumos médicos escasean en el Valle del Cauca y Nariño, mientras el Gobierno hace esfuerzos por llevar lo más urgente por vía aérea.
Prácticamente los únicos abastecidos son los indígenas que desde octubre planearon todo para guardar las cosechas que se produjeron entre enero y marzo y así garantizar la comida de quienes se manifiestan en las vías y de los que se quedan en casa cuidando los cultivos.
Rubiel Liz, vocero del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), explicó que cada persona llega al punto de la protesta con su provisión para una semana (plátano, yuca y hortalizas), la carne va por cuenta del movimiento que tiene ganado suficiente en las fincas comunitarias. Pasada una semana se hace el relevo por otros dos miembros de la familia y así es como el cansancio no los vence.
Liz recordó que la protesta empezó a planearse después de no obtener respuesta a una carta enviada al presidente Iván Duque, tan pronto se posesionó. Así que dos meses después empezaron los preparativos y todo marcha como fue planeado.
“Nosotros históricamente nos hemos preparado para la guerra, sabemos que podemos vivir un año confinados con lo que nos produce la tierra, si trabajamos de forma ordenada. Así que aquí podemos estar por el tiempo que sea necesario”, dice el comunero, en una suerte de reivindicación que también suena a advertencia.
Ya son varias vías bloqueadas y la minga hace un par de días dejó de ser solo del Cauca para convertirse en una protesta nacional, a la que se han unido nativos de Caldas, Tolima, Huila, Nariño, Valle del Cauca y Norte de Santander y, de acuerdo con la Organización Indígena de Colombia (ONIC), serán más.
Algo tienen claro, la minga no se levantará hasta que el presidente Iván Duque diga cuándo llega a conversar con ellos. Los comuneros consideran que la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, y el alto comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, no son interlocutores con capacidad de decisión.
Este tipo de presión siempre les ha funcionado, todos los mandatarios desde Andrés Pastrana (pasando por Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos) han ido al Cauca cuando la minga se les sale de las manos.
Sin embargo, la negativa del presidente Duque ha sido clara y tajante: hasta que la minga no cese las vías de hecho y desbloquee las vías, no considerará ir a esa región del país.
“El Gobierno ha hecho todos los esfuerzos y los seguirá haciendo. Pero tenemos que dejar claro que las vías de hecho no son la forma para que nosotros manejemos nuestras diferencias en una democracia”, dijo el jefe de Estado el jueves pasado.
El tira y afloje
Duque insiste en que su Gobierno sí ha tenido toda la voluntad de dialogar con los indígenas, de hecho recordó como el 9 de agosto invitó “a la Casa de Nariño, para la conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, a un grupo muy amplio y representativo de todas nuestras comunidades en Colombia, comunidades ancestrales, y les dije que tenía el firme compromiso para que, por primera vez en un Plan de Desarrollo, tuviéramos un capítulo para los pueblos indígenas, con unos compromisos fehacientes, plausibles, en el Plan Plurianual de Inversiones”.
De ahí en adelante, continuó el mandatario, se realizaron una serie de reuniones, a instancias del Ministerio del Interior y del Departamento Nacional de Planeación en la construcción de un capítulo étnico que destina cerca de 10 billones de pesos.
Los líderes de la minga consideraron que como este, en principio, no fue radicado como un capítulo sino como un anexo era algo accesorio y no una prioridad en las políticas públicas del Ejecutivo, además el término étnico no los convenció porque ahí podrían quedar vinculados los afros, raizales y gitanos.
En los primeros días de la minga lograron que el Gobierno incluyera este aparte como un capítulo en las bases del Plan y la inversión de 10 billones fuera exclusiva para los indígenas. Pero no fue suficiente, “esos recursos se distribuyen en el país y no está claro cómo serán invertidos”, anotó Liz.
Y es que, solo en Cauca, las exigencias de la minga resultan desproporcionadas, llegan a 3,5 billones de pesos, adicionales a la partida ya aprobada. Esto es, para hacer un cálculo de las pretensiones, el total del presupuesto de la ciudad de Cali, que tiene más de 2.5 millones de habitantes y que plantea inversión social, infraestructura, educación, entre otros. El de Medellín es de 5.27 billones.
¿Hay un punto medio?
La negociación en Cauca está en muerto, la delegación del Gobierno esperó dos días a que llegaran los líderes indígenas a Mandivá, en Santander de Quilichao (Cauca) para retomar las negociaciones y, ante la ausencia, el viernes pasado se desplazó hasta La Delfina, en Buenaventura (Valle del Cauca). Los indígenas esperaban en El Pital, donde está el bloqueo de la Panamericana.
“La minga de La Delfina es pacífica, no tiene ningún tipo de bloqueos ni de ilegalidades y por eso nos desplazaremos allí y generaremos una agenda de trabajo que irá hasta el martes o miércoles”, confirmó la ministra Gutiérrez.
Según las cuentas del Ejecutivo, económicamente no es posible cumplir con las expectativas, reclaman 49.100 hectáreas de tierra, de ellas 45.000 en Cauca, y además como tampoco hay oferta suficiente para adquirirlas. Aunque hay radical diferencia entre terrenos urbanos y rurales, la petición, en tamaño, supera a Medellín, que llega a 38.200 hectáreas.
Liz recordó que con el Gobierno Santos se había acordado la adquisición de 40.000 hectáreas de tierra, 10.000 cada año entre 2015 y 2018, pero solo cumplió con 1.400. “Ese es un compromiso de Estado, no de Gobierno, y debe ser respetado”, dijo.
Al respecto, Aurelio Iragorri, quien negoció ese acuerdo cuando era ministro de Agricultura, explicó que “fuimos ejemplo de cumplimiento. Determinamos que se tenía que modificar un acta en la que el Gobierno se comprometía a entregar 171.000 hectáreas y llevamos la cifra a 40.000”.
Ese es precisamente el dilema en el que se encuentra la administración de Duque, como explicó Juan David Escobar, director del Centro de Pesamiento Estratégico de la Universidad Eafit: “Formas para resolver este conflicto hay muchas, una es utilizar el modelo del gobierno anterior que es firmar y firmar para después incumplir, no sé si el presidente actual esté en ese plan; otra es decir cuál es el presupuesto asignado, un poco parecido a lo que hizo con los estudiantes, reconocer que hay unas necesidades y llamar al ministro de Hacienda para hacer un esfuerzo y darle algo adicional. La última es decir que estamos en crisis presupuestal, dar lo que hay, y meter el Ejército”.
Esa última la pide el sector más radical del uribismo, que siente que el derecho de protesta de los indígenas no puede afectar el bien común, el derecho a la libre locomoción.
De acuerdo con Camilo González Posso, director de Indepaz, el bloqueo ha tenido impacto para la movilidad y comercio “aunque en la vía alterna por Morales y Suárez, las caravanas han permitido el lento paso de vehículos”.
Se estima que por esos caminos han circulado cerca de 3.500 vehículos al día y más de 150.000 personas. “En todo caso es una pequeña fracción de la circulación normal y del transporte de carga y de productos perecederos”, anotó González, a quien le preocupa que la minga se extienda indefinidamente.
“Con el mes de abril encima y la proximidad de la Semana Santa, es probable que la radicalización ascienda en la minga y en la respuesta represiva y al mismo tiempo se traslade a expresiones desesperadas en los centros urbanos más limitados por el bloqueo, como está ocurriendo en Pasto, Santander de Quilichao y Popayán”, dijo el director.
Y la situación tiende a empeorar: los maestros, las madres comunitarias, los camioneros y la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) están acordando fechas para salir a paro próximamente, de juntarse podría ocurrir lo mismo que durante la cumbre agraria, cuando toda la producción del país colapsó.
Si a eso se le suma la presencia de las disidencias de las Farc en la minga, como lo confirmó a EL COLOMBIANO el alcalde de Toribío (Cauca), Alcibiades Uscue Musicue, y el apoyo de la oposición sería un duro golpe a la gobernabilidad de Duque.
Gobierno sin oxígeno
Los empresarios que se reunieron con el mandatario a principios de esta semana le ofrecieron su respaldo durante un mes para aguantar el bloqueo de la vía sin afectar mucho la productividad, pero de ahí en adelante nada es seguro y frente a la posición de los indígenas de no dar su brazo a torcer, algunos analistas piensan que el presidente terminará llegando a Cauca como viene ocurriendo en las últimas dos décadas.
“Yo creo que tiene que ir, porque es que lo que están haciendo los indígenas es reclamando su presencia en el presente aquí y ahora, no como sujetos atrasados. En la minga se moviliza una subjetividad política que hay que entender”, dijo Juan Ricardo Aparicio, profesor asociado del departamento de Lenguas y Cultura de la Universidad de los Andes.
En su opinión, “hay una incompatibilidad profunda, porque una cosa es lo que alcance a dar un gobierno y otra lo que pueda resolver una deuda histórica. Es imposible cumplir con esas promesas, pero el Gobierno debería estar atento a dialogar sobre la larga deuda”.
Por el contrario, Escobar cree que si Duque va “terminamos perdiendo todos. Las sociedades avanzan cuando hay instituciones fuertes, cuando empezamos a personalizar las instituciones en la figura del presidente debilitamos las instituciones, para eso están los ministros. No importa el precedente, lo que está mal se cambia”.
Si las cosas siguen como van, se avecinan días de incertidumbre, no solo en el sur del país, sino en todo el territorio nacional. Los 19 días que pasaron ya dejaron ocho indígenas y un policía muertos, y tres comuneros, siete uniformados y doce particulares heridos. Ambas partes esperan una solución que no deje más vidas en riesgo.
