Por primera vez en unas elecciones en Colombia, el Estado tuvo que negociar con un grupo criminal el ingreso del material electoral a una zona del país y, además de esto, lo invitó a inaugurar la jornada de sufragios a la par de las autoridades.
El incidente, que para algunos sectores sociales significa una derrota en materia de seguridad y gobierno, y para otros es la mejor muestra de los alcances positivos de la “paz total”, desató un choque de declaraciones entre entidades estatales y funcionarios del Palacio de Nariño.
Esta historia, de graves implicaciones políticas y bélicas, tiene como epicentro a El Plateado, un corregimiento de 8.000 habitantes y economía cocalera en Argelia, Cauca.
Este poblado lleva años siendo escenario de un feroz conflicto entre insurgentes, narcos y Fuerza Pública. La situación se agudizó a mediados de 2023 cuando el Ejército comenzó una campaña para recuperar el cañón del Micay, llamada Operación Trueno.
La incursión militar ha tenido una fuerte resistencia de parte del Estado Mayor Central (EMC), la disidencia de las Farc que lidera Néstor Gregorio Vera (“Iván Mordisco”).
Los guerrilleros no están dispuestos a ceder un territorio en el cual “administran” uno de los enclaves más importantes del narcotráfico.
Según el monitoreo de cultivos ilícitos de la Oficina de la ONU contra la Droga y el Crimen (Unodc), entre los municipios de Argelia y El Tambo hay 10.099 hectáreas de coca y múltiples laboratorios artesanales en los que esa hoja se transforma en cocaína. Además, su ubicación ofrece senderos fluviales y selváticos hacia las costas de Guapi y Timbiquí, donde pueden exportar la mercancía por vía marítima.
La confrontación, caracterizada por emboscadas, hostigamientos y combates diarios, se había mitigado el pasado 16 de octubre, cuando el Gobierno y el EMC firmaron un cese el fuego bilateral, en el marco de la instalación de la mesa de diálogos.
No obstante, el panorama se volvió a complicar el pasado fin de semana. El 20 de octubre fue asesinado el líder social Miller Silva Rosero, vicepresidente de la junta de acción comunal de El Plateado.
Lo acribillaron justo después de salir de la sede de la Registraduría en el casco urbano de Argelia, donde le habían dado la capacitación para ser jurado de votación.
Al mismo tiempo, las Fuerzas Militares desplegaron 5.000 uniformados en el Cauca para implementar el Plan Democracia, buscando garantizar la seguridad de los electores para este 29 de octubre. Pero al llegar a El Plateado, se chocaron contra un anillo defensivo del EMC.
El general Federico Mejía, jefe del Comando Específico del Cauca, informó que hubo un hostigamiento de los subversivos y que sus tropas no respondieron porque los agresores estaban ocultos entre la población civil.
El Ejército retrocedió y la Registraduría no pudo ingresar a El Plateado el material electoral (fichas de los candidatos, urnas, atriles para votantes y demás).
Según la Misión de Observación Electoral (MOE), por cuestiones como esta es que Argelia hace parte de los 22 municipios en los que se incrementó el nivel de riesgo a “extremo” (ver la infografía).
Negociación con el EMC
El problema de El Plateado fue llevado a la mesa de negociaciones con el EMC el pasado lunes. Al finalizar la reunión, el jefe negociador del Gobierno, Camilo González, anunció que la contraparte había accedido a permitir el ingreso de las tropas y delegados de la Registraduría.
Sin embargo, cuando los militares iban a entrar al día siguiente, otra vez se toparon con los escuadrones subversivos y tuvieron que replegarse.
La persistencia del problema generó otra reunión de las delegaciones en Bogotá, esta vez con el registrador nacional, Alexánder Vega, en la que él insistió en la urgencia de garantizar las elecciones en Cauca, tanto para los funcionarios como para la comunidad.
Al terminar el encuentro, el jefe negociador del EMC, Andrey Avendaño, dijo que su grupo daría la orden a sus frentes de combate de permitir el acceso a El Plateado.
Su anuncio provocó alivio en un sector de la ciudadanía, pero también serias críticas por el hecho de que el despliegue del Plan Democracia se tuviera que negociar con un grupo criminal al cual todavía no se le reconoce un estatus político, algo inédito en la historia reciente de Colombia.
El caso es que, con el visto bueno de esa estructura ilegal, el viernes 27 de octubre el Ejército insertó 250 uniformados de las Fuerzas Especiales en el casco urbano de Argelia y la cabecera corregimental de El Plateado, para llevar por fin el material electoral.
Una polémica invitación
Cuando ya se creía superada esta crisis, la mesa de diálogos del Gobierno y el EMC publicó un comunicado que sorprendió a todo el país.
“Los integrantes de la mesa de diálogos de paz en pleno y por invitación de las autoridades electorales, estarán presentes en Popayán el próximo 29 de octubre en el acto protocolario de apertura de la votación para todo el país que se hará desde esta ciudad”, decía el documento, firmado por los negociadores Camilo González y Andrey Avendaño.
Además, expresaba que las delegaciones acompañarían los sufragios en El Plateado.
La indignación que produjo esa noticia se propagó con rapidez, generando el rechazo de partidos de oposición, académicos, instituciones e internautas, que cuestionaron al Gobierno por concederle atribuciones de tal magnitud a un grupo que no lleva ni un mes de haberse sentado a dialogar, violando además la normatividad y legitimidad del Estado.
La Registraduría y el Consejo Nacional Electoral emitieron una respuesta conjunta, exponiendo que “no es cierto que la Organización Electoral los haya invitado a la instalación de las elecciones territoriales”. Aclararon que las invitadas eran las autoridades civiles, las misiones de observación internacional y los miembros de la Fuerza Pública.
Como consecuencia de la discordia, decidieron que ya no iban a instalar los comicios en Popayán.
La procuradora Margarita Cabello declaró que “el Estado no se puede aliar con la ilegalidad para facilitar el ejercicio de la democracia. La protección del proceso electoral está exclusivamente en las autoridades competentes legítimamente constituidas”.
La bomba de inconformidades también estalló dentro del Gobierno. El ministro de Defensa, Iván Velásquez, rechazó “categóricamente la presencia del EMC en cualquier escenario relacionado con la próxima jornada electoral. Su participación es inaceptable en actos protocolarios y en puestos de votación en cualquier lugar del país”.
El propio presidente Gustavo Petro no tuvo más remedio que desautorizar públicamente a su jefe negociador. “Ni el comisionado de paz, ni el gobierno nacional han dado autorización alguna para que el EMC participe en actos de apertura al proceso electoral en ninguna parte del país”, trinó en la red X.
Ante la andanada de críticas, la mesa de diálogos expidió un segundo comunicado indicando, en otras palabras, que los delegados ya no asistirían a la instalación de las votaciones, para concentrarse en sus sesiones plenarias: “Todas las actividades serán de carácter privado y no tendrán intervención o participación en escenarios públicos”.
Esta vez el jefe negociador del EMC no firmó la misiva, solamente lo hizo González.
El incidente dejó en el aire una sensación de desorden dentro del Gobierno, una preocupación por la presión que estaría ejerciendo el EMC para recibir estatus político y múltiples preguntas de cara al futuro: ¿quién autorizó el primer comunicado, anunciando la presencia del EMC en el evento de Popayán? ¿Qué tan estable es la posición de los negociadores del Gobierno, desautorizados por el presidente Petro? ¿Qué les espera a los desdichados habitantes de El Plateado, en medio de un conflicto con tantas implicaciones?
