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Han transcurrido 14 días completos de movilización y protesta ciudadana continua en Colombia que, de acuerdo con datos recopilados por el Ministerio de Defensa (con corte al 10 de mayo) y obtenidos por EL COLOMBIANO, dejan un saldo confirmado de 33 víctimas mortales, incluyendo a un capitán de la Policía, y 1.565 heridos, entre civiles y uniformados.
Sin embargo, en ese reporte no se dan los nombres de los fallecidos, aunque la Defensoría del Pueblo recogió ya 22 de ellos en un informe que tiene corte al 3 de mayo y que fue remitido a EL COLOMBIANO (otros 3 fueron confirmados posteriormente por la entidad). No obstante, desde allí se aclaró que se han recibido 41 denuncias de posibles víctimas mortales.
En todos los reportes oficiales figura el nombre de Jesús Alberto Solano Beltrán, capitán de la Sijín de 34 años, quien fue herido de gravedad el 28 de abril con arma blanca cuando intentó evitar un saqueo en Soacha, Cundinamarca. Dos días después falleció en un centro clínico y, el 5 de mayo, se logró la captura de 3 presuntos responsables del crimen que ya están tras las rejas mientras se adelanta el proceso penal.
Allí también aparece el nombre de Marcelo Agredo, un joven de 17 años que perdió la vida en Cali durante la primera jornada de protestas. Además, figura Pol Stiven Sevillano, un año mayor que Agredo, y quien también falleció el mismo día. En esta ciudad, de acuerdo con la Defensoría, se han registrado al menos 16 muertes.
Pero la tragedia va más allá del Valle y tiene casos verificados en Risaralda, Cundinamarca y Tolima, entre otras regiones. De hecho, ayer se confirmó que Lucas Villa, de 37 años y quien fue atacado con arma de fuego por desconocidos en Pereira, el pasado 5 de mayo, falleció luego de que 24 horas antes se le diagnosticara muerte cerebral.
“Acompañamos a la familia Villa con profunda tristeza tras la noticia del fallecimiento de Lucas. Repito lo que conversé con Mauricio, su padre, que sea esta la oportunidad para unirnos y manifestar nuestro rechazo a la violencia. A los responsables todo el peso de la ley”, dijo el presidente Iván Duque.
A este escenario se le debe sumar el nombre de Daniel Alejandro Zapata, un joven de 20 años cuya muerte se confirmó en la noche del lunes tras 10 días de estar internado en una clínica al resultar herido en medio de las protestas. Así las cosas, y teniendo en cuenta estos decesos, las muertes en medio de las protestas, como se había mencionado, ya son 33.
EL COLOMBIANO cruzó y contrastó toda la información de los documentos del Ministerio de Defensa y de la Defensoría del Pueblo, que además hacen parte de los expedientes que la Fiscalía y la Procuraduría ya revisan –pues se debe establecer quiénes son los responsables de todos estos hechos–, con el fin de ponerle cara a una tragedia que va más allá de las cifras y que tiene de luto a familias en al menos 8 regiones del país (ver mural periodístico).
Aquí vale la pena aclarar que en el reporte de la Defensoría se incluye un caso de Medellín, el cual, ante la diferencia de versiones, pasó a ser investigado con prelación. Se trata de lo sucedido con Jefferson Alexis Marín, de 33 años, quien el pasado 1 de mayo murió, al parecer, a causa de un disparo en la cabeza en medio de una asonada presentada en el barrio Kennedy, de la comuna 6 de la ciudad.
Sin embargo, el brigadier general Pablo Ruiz, comandante de la Policía Metropolitana de Medellín, dijo que su muerte no tuvo relación con las protestas.
A estos hechos se le deben sumar las investigaciones que pasaron a verificación de la Fiscalía sobre personas desaparecidas durante las protestas, que comenzaron el pasado 28 de abril.
En efecto, el ente investigador confirmó que, junto a la Defensoría del Pueblo, se activaron 35 equipos para iniciar el Mecanismo de Búsqueda Urgente (MBU) de personas no localizadas.
Este diario estableció que cada equipo contará con un fiscal y con acompañamiento de Policía, Medicina Legal y de Defensores Regionales para verificar cada caso que se reporte. Pero, según el propio ente acusador, hasta el lunes no se contaba con ninguna denuncia formal por desaparición, aunque dijo que ya se adelantan los procesos necesarios para verificar lo informado por la Defensoría.
Ese organismo entregó ayer un registro de 168 posibles casos de desaparición durante las protestas, con hechos reportados en Cali, Barranquilla, Quindío, Medellín y Bogotá. En torno a estas dos últimas ciudades, sus mandatarios, Daniel Quintero y Claudia López –respectivamente– han afirmado que en sus jurisdicciones no se han presentado este tipo de situaciones.
Ante esas dos posturas, tanto Fiscalía como Defensoría, en el llamado MBU, se comprometieron a verificar los datos entregados para esclarecer realmente si hay o no desaparecidos.
Uniformados heridos
En el análisis que este diario hizo del documento del Ministerio de Defensa también encontró otros hechos que, hasta ahora, no se habían consolidado.
En efecto, según las cifras entregadas por el Gobierno, hasta el 10 de mayo había 716 civiles y 849 uniformados heridos durante las jornadas de protestas en todo el país.
Entre los 849 uniformados lesionados está, por ejemplo, el caso del patrullero Luis Guerra, quien fue herido durante un choque con manifestantes hace una semana en Cali. Una “papa bomba” lanzada por encapuchados le estalló en su pie derecho. Tal fue la fuerza del impacto que el artefacto destruyó su traje de protección del Esmad, al igual que su extremidad.
También aparece lo sucedido con el patrullero Ángel Gabriel Padilla, quien en los primeros de días de manifestaciones días recibió 27 puñaladas cuando se movilizaba en la vía que de Yumbo lleva a Cali (Valle) e iba de civil. Una turba interceptó su paso y, al percatarse que era un uniformado, fue atacado. Además, el 5 de mayo se registró la quema de al menos 15 CAI en Bogotá con uniformados adentro en algunos casos; no hubo heridos de gravedad, pero se ya buscan los responsables de estos hechos.
Mientras estas agresiones a la institución son investigadas por la Fiscalía, en la Procuraduría se han abierto 65 expedientes disciplinarios en contra de uniformados por hechos violentos relacionados con las protestas. De ellas, 27 son por abuso de autoridad, 11 por agresiones físicas y 8 por homicidio.
De otro lado, conforme a los datos revelados por el Ministerio de Defensa, se han efectuado 647 capturas de civiles durante la comisión de alguna conducta contraria a la ley. Además, se conoció que 64 menores de edad han sido aprehendidos, aunque no se aclara su situación jurídica actual.
Las pérdidas también se extienden al plano material, toda vez que, según Mindefensa, 305 establecimientos comerciales han sido vandalizados. También 421 sucursales financieras resultaron averiadas, tal como lo reportó la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia (Asobancaria).
Igualmente, han terminado vandalizados 1.052 buses de servicio público, 156 estaciones pertenecientes a los sistemas masivos de transporte, 87 estaciones de servicio, 407 cajeros automáticos, 2 instituciones religiosas y un hotel en Cali.
En cuanto al mobiliario público, la cartera de Defensa enumeró 79 infraestructuras gubernamentales afectadas, 29 peajes averiados, 14 bienes culturales atacados y un puente dañado.
En todo caso, ante este panorama y comenzando por el presidente Duque, hay una convicción de país para frenar la violencia: dialogar en medio de las diferencias
Soy afortunado porque me gano la vida haciendo lo que amo. Fanático de la salsa brava y los timbales. Amo a mi familia.