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“Ley de Seguridad Ciudadana legitima la autodefensa”: Bernate

A un paso de convertirse en ley de la República, el proyecto preocupa a penalistas.

  • El proyecto de la Ley de Seguridad Ciudadana amplía el derecho a la legítima defensa, sembrando una de las mayores polémicas de su articulado. FOTO shutterstock
    El proyecto de la Ley de Seguridad Ciudadana amplía el derecho a la legítima defensa, sembrando una de las mayores polémicas de su articulado. FOTO shutterstock
Publicado el 23 de diciembre de 2021

La Ley de Seguridad Ciudadana está a una firma del presidente Duque de ser realidad, después de haber pasado la conciliación final en el Congreso. Sin embargo, la aparente falta de tecnicismo en el documento ha provocado críticas en contra de los ministerios del Interior, Justicia y Defensa, promotores del texto.

El proyecto nació, según el Gobierno, para responder a la inseguridad en las ciudades y a las problemáticas que dejó a la luz el paro nacional.

Entre otros, introduce la “defensa legítima privilegiada”, para que el ciudadano pueda defenderse si alguien ingresa a su hogar, a un bien ajeno o a su vehículo de forma arbitraria, y aumenta las penas para quienes dañen el transporte público si usan una máscara o elementos similares que oculten su identidad.

“Quienes no pueden estar tranquilos con la nueva norma son los delincuentes”, pronunció el ministro de Justicia, Wilson Ruiz, ante las críticas que ha despertado el articulado, no solo de la oposición, que lo ve como un intento para limitar el derecho a la protesta, sino de expertos en derecho.

La opinión de los penalistas

Para el abogado Francisco Bernate, el proyecto es grave en general. Cuestiona la falta de debate del texto que fue expedido en un mes y la limitación a las libertades ciudadanas que este introduce.

“Se da la delegación del Estado de la seguridad ciudadana, es reconocer que se le salió de las manos”, opina el abogado. Justamente, porque una de sus grandes preocupaciones es la ampliación de la legítima defensa que, para él, es una “legalización de la pena de muerte”.

Por su parte, el abogado Iván Cancino resalta que mucho de lo que allí se menciona ya existía y que, en realidad, la ley no servirá en lo absoluto para disminuir la criminalidad ni mucho menos la impunidad.

Ambos expertos coinciden en que un reflejo de las falencias que detectan en el proyecto de ley tiene que ver con que el Gobierno no consultó a la academia ni a expertos para la creación del texto.

“El derecho penal no soluciona los problemas de base de un país, pero aquí no se ha hecho ni un estudio de criminología”, añade Cancino.

A pesar de las críticas, Bernate no cree que la Corte Constitucional tumbe la ley después de la firma de Duque, en caso de que alguien decida demandarla, pues considera que ha sido “demasiado permisiva”. No obstante, Cancino está seguro de que en unos meses, al notar que los índices de criminalidad no bajan, el Gobierno se dará cuenta de que no sirvió

Contexto de la Noticia

Los puntos más CRITICADOS del proyecto de ley

LEGÍTIMA DEFENSA PRIVILEGIADA
El artículo 3 de esta ley habla de la “legítima defensa privilegiada”, que establece que si una persona irrumpe arbitrariamente en la casa, vehículo de un ciudadano o en un bien ajeno, esta puede defenderse en “legítima defensa”. Dice que la “fuerza letal” podrá ejercerse en casos excepcionales para repeler dicha agresión contra el “derecho propio o ajeno”. El abogado penalista Francisco Bernante resalta no solo que la legítima defensa y la posibilidad de proteger el domicilio propio ya existía en el Código Penal, sino que ahora, a sus ojos, “si alguien ve que se está cometiendo un saqueo se le faculta a matar a los responsables y eso es muy grave”. Para él, ampliar la legítima defensa es un error garrafal y una forma de legalizar la autodefensa.

MÁS CÁRCEL POR DAÑO A BIEN PÚBLICO
Quienes dañen infraestructura dedicada a la seguridad ciudadana, lugares de administración a la justicia el sistema de transporte público masivo, instalaciones militares o de Policía –como los Centro de Atención Inmediata (CAI)–, se someterán a una pena de hasta doce años de prisión, según establece el artículo 14, enfocado en circunstancias de agravación punitiva. El artículo recuerda a las quemas de los CAI en Bogotá durante las protestas de 2020 y 2021, pero también al incendio del Palacio de Justicia de Tuluá, Valle, en medio del paro de este año. El abogado Bernate piensa que de ninguna manera este artículo resolverá un problema de fondo y que, además, hace diez años se introdujo un agravante por daño a este tipo de bienes.

¿PENAS POR ENCAPUCHARSE?

Recordando los daños al transporte público durante las protestas (como sucedió en Cali, Bogotá y Medellín), el artículo 16 hace especial énfasis en ese delito. La pena por perturbar el servicio y el transporte oficial se agravará cuando la persona porte una máscara u otro elemento que sirva para ocultar su identidad. Bernate piensa que se trata de un sinsentido, porque no cree cierto que usar una capucha sea un criterio de peligrosidad. “Las personas no están obligadas a mostrar su identidad, entonces aumentar la pena por una capucha o por una máscara es un absurdo más de este proyecto de ley”, sostiene. El articulado también establece el endurecimiento de la pena para servidores públicos; para quienes usen armas en el delito y para quienes se valgan de menores de edad.

ENDURECIMIENTO DE PENAS POR AGREDIR A POLICÍAS

El Código Penal habla de los delitos contra servidores públicos y establece penas de hasta tres años para quienes los violenten. Este proyecto busca –con el artículo 19– agravarla cuando la agresión se cometa en contra policías y militares. Así mismo, en el artículo 8 se establece que el homicidio de miembros de la fuerza pública daría hasta 58 años de prisión. Para Bernate, con esta ley “da lo mismo secuestrar que matar”, debido a la ampliación de la pena hasta tal punto. “Es un llamamiento a que se fortalezca la ferocidad en las agresiones”, sentencia.

PORTAR CUCHILLOS podría ser UN DELITO

El articulado, en el punto 18, añade al delito de fabricación, importación, tráfico, posesión y uso de armas químicas, biológicas y nucleares, el porte de arma blanca. Quien lo porte podría tener tres años de cárcel. Aunque el documento dice que la pena no aplicaría si la tenencia está relacionada con un oficio legal, Bernate cuestiona la inclusión de esta modificación al Código Penal. “Va a ser muy difícil de aplicar”, porque será difícil distinguir quién lo lleva simplemente para cortar los ingredientes de su almuerzo y quién piensa usarlo para cometer un crimen.


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