La Ley de Seguridad Ciudadana está a una firma del presidente Duque de ser realidad, después de haber pasado la conciliación final en el Congreso. Sin embargo, la aparente falta de tecnicismo en el documento ha provocado críticas en contra de los ministerios del Interior, Justicia y Defensa, promotores del texto.
El proyecto nació, según el Gobierno, para responder a la inseguridad en las ciudades y a las problemáticas que dejó a la luz el paro nacional.
Entre otros, introduce la “defensa legítima privilegiada”, para que el ciudadano pueda defenderse si alguien ingresa a su hogar, a un bien ajeno o a su vehículo de forma arbitraria, y aumenta las penas para quienes dañen el transporte público si usan una máscara o elementos similares que oculten su identidad.
“Quienes no pueden estar tranquilos con la nueva norma son los delincuentes”, pronunció el ministro de Justicia, Wilson Ruiz, ante las críticas que ha despertado el articulado, no solo de la oposición, que lo ve como un intento para limitar el derecho a la protesta, sino de expertos en derecho.
La opinión de los penalistas
Para el abogado Francisco Bernate, el proyecto es grave en general. Cuestiona la falta de debate del texto que fue expedido en un mes y la limitación a las libertades ciudadanas que este introduce.
“Se da la delegación del Estado de la seguridad ciudadana, es reconocer que se le salió de las manos”, opina el abogado. Justamente, porque una de sus grandes preocupaciones es la ampliación de la legítima defensa que, para él, es una “legalización de la pena de muerte”.
Por su parte, el abogado Iván Cancino resalta que mucho de lo que allí se menciona ya existía y que, en realidad, la ley no servirá en lo absoluto para disminuir la criminalidad ni mucho menos la impunidad.
Ambos expertos coinciden en que un reflejo de las falencias que detectan en el proyecto de ley tiene que ver con que el Gobierno no consultó a la academia ni a expertos para la creación del texto.
“El derecho penal no soluciona los problemas de base de un país, pero aquí no se ha hecho ni un estudio de criminología”, añade Cancino.
A pesar de las críticas, Bernate no cree que la Corte Constitucional tumbe la ley después de la firma de Duque, en caso de que alguien decida demandarla, pues considera que ha sido “demasiado permisiva”. No obstante, Cancino está seguro de que en unos meses, al notar que los índices de criminalidad no bajan, el Gobierno se dará cuenta de que no sirvió
