El exregistrador Alfonso Portela, quien cuenta con más de 30 años de experiencia en lo electoral, habla sobre la ley que restringe encuestas y fija nuevas reglas.
Basta la firma del presidente Gustavo Petro para que, justo en el año preelectoral, en Colombia empiece a regir una ley que le pone ‘tatequieto’ a las encuestas y establece de forma tajante que se solo se podrán divulgar sondeos de intención tres meses antes del arranque de inscripción de candidatos, es decir, en noviembre próximo.
La iniciativa no deja de levantar ampolla y tiene en alerta a las firmas encuestadoras, que reclaman por una suerte de mordaza en materia estadística que impediría que la gente pueda acercarse a los aspirantes, además de restricciones para medirle la temperatura a más de un candidato.
En diálogo con EL COLOMBIANO, Alfonso Portela –exregistrador delegado en lo electoral–, destaca las bondades de la nueva ley, aunque también alerta por algunos puntos controversiales. Advierte que la ciudadanía no se puede saturar de encuestas y que “en Colombia hay una ‘encuestitis’ impresionante”, al tiempo que señala que hay muchas “encuestadoras de garaje que desprestigian la labor”. Por ello, señaló que la única manera de recuperar la confianza en las encuestas era regulando.
La iniciativa establece que solo se podrán divulgar encuestas tres meses antes del comienzo de inscripción de candidatos. Es decir, en noviembre próximo. ¿Qué opina? ¿Le parece un tiempo adecuado?
“A diferencia de los mismos encuestadores, a pesar de que yo formo parte de una firma encuestadora, sí soy amigo del control temporal de las encuestas. Si bien algunos dicen que sería una restricción al derecho a la información, para mí no lo es, porque las encuestas que se hacen, por ejemplo, un año antes –lo digo con conocimiento y experiencia– no dan cuenta de la población que aún no ha tomado la decisión si va a votar o no.
¿Qué quiere decir esto? Al hacer estos ejercicios uno encuentra que la gente que no ha decidido por quién votar representa un 90 % o un 95% de la población electoral. Entonces, ¿cómo puede uno decir que está midiendo el país cuando tiene un 95% de personas que aún no ha tomado una decisión. No se pueden hacer proyecciones con un 5 % de la población electoral tratando de contar el territorio nacional. Eso no es serio y eso es desinformación.
Por todo ello, para mí es un tiempo razonable de siete meses antes de la elección para que comiencen a publicar encuestas. La experiencia me ha dicho que inclusive faltando un mes para el día de las votaciones más de la mitad de la población no tiene por quién votar todavía. La ciudadanía no se puede saturar de encuestas que de alguna manera están desinformando”.
¿Qué les respondería a quienes dicen que la depuración y elección candidatos vía encuestas se hará ahora “a ciegas”?
“Un partido puede hacer una encuesta interna y no publicarla, sino manejar los resultados de manera interna. Lo que está prohibido es publicar una encuesta para que toda la ciudadanía la consuma. ¿Cuál es el la restricción? Publicarlas.
Aquellas encuestas que van a ser publicadas son las que tienen todos esos protocolos que establece la ley. No creo que la ley sea perfecta porque tiene muchos vacíos, muchas zonas grises, pero sí estábamos esperando de que una ley se ocupara del tema.
Primero, porque en Colombia hay una ‘encuestitis’ impresionante. Segundo, porque hay una cantidad de encuestadoras de garaje que lo que hacen es desprestigiar la labor. E patrimonio y el activo de una encuesta es la credibilidad y lo que estamos viendo en el mercado es que esa credibilidad está cayendo.
Las encuestas están desprestigiadas. Hay que recuperar la confianza en las encuestas y la única manera era regulando todo el trámite para poder hacer una encuesta seria”.
Justamente uno de esos vacíos o puntos grises es que se deben incluir a candidatos con “notoriedad pública significativa” o con “reconocimiento manifiesto”. ¿Cómo medir eso?
“Eso debe ser materia de regulación. Se tiene que dejar muy claro el significado de esos componentes porque nadie se va a arriesgar a calificar a una persona que no clasifique dentro de esos parámetros que tiene la ley. Parte de las zonas grises son esas cosas, esa indefinición.
Necesariamente debe haber un pronunciamiento, ya sea por la Corte Constitucional o el Consejo de Estado, para aclarar esos puntos. El llamado sería el Consejo Nacional electoral, pero la credibilidad de este organismo siempre ha estado cuestionada”.
Por su experiencia, ¿cómo se podría medir esa notoriedad o “reconocimiento manifiesto”?
“Una persona que de alguna manera es reconocida por la ciudadanía. Fácilmente uno puede establecer si esa persona es visible si se entiende qué es visibilidad”.
La ley obliga a las encuestadoras a consultar a ciudadanos de municipios con más de 800.000 habitantes, pero también poblaciones pequeñas. ¿Qué implica eso para las empresas dedicadas a hacer los sondeos?
“Una de las cosas complicadas es precisamente que ese tipo de exigencia es buena, pero tiene también un problema: que hace que las encuestas presenciales se vuelvan un artículo de lujo porque van a ser muy costosas.
Una encuestadora que haga un ejercicio nacional va a costar mucha plata, porque al tener que cubrir todas las regiones y esos municipios, eso va implicar que la cobertura sea mucho más amplia y que el ejercicio va a tener que ser mucho más grande. Eso va a ser muy bueno en beneficio de la encuesta, pero en la parte económica. Repito: se va a volver un artículo de lujo”.
Otro punto de la ley señala que las firmas encuestadoras deberán responder civil y penalmente si no cumplen con leyes de estadística, ¿le parece adecuado o es una sanción excesiva?
“Es muy severo y no se aclara en qué momento se está violentando una norma de estadística que tenga el alcance de ser sancionada civil o penalmente. El mensaje que se está mandando ahí es que no se puede jugar con la estadística y que efectivamente no se pueden inventar los números de una encuesta.
Lo que se está tratando es que el trabajo sea serio. Una encuestadora seria no va a incurrir en esas imprecisiones, pero es que vemos en el mercado muchas veces encuestadoras salidas de la nada con el propósito de impulsar a un candidato o bajar a alguno. Eso es lo que creo que, en el fondo, está buscando esta ley: que las encuestas tengan esa rigurosidad, tengan ese sigilo y que sean serias.
¿Qué implicaciones tiene que esta ley se promulgue justo en época electoral?
“Desafortunadamente legislamos para la necesidad y siempre estamos acostumbrados a que este tipo de leyes las meten siempre en la mitad de la calentura de un proceso político y en una polarización como la que tenemos se presta para muchas interpretaciones.
En muchos países las leyes electorales no se pueden ejecutar en un periodo de elección. No se deben cambiar las reglas de juego en el camino”.
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