Un juez con funciones de control de garantías le otorgó la libertad al hijo de José Leonardo Muñoz Martínez, “Douglas”, el principal vocero de las bandas del Valle de Aburrá que participan en la mesa de conversaciones de paz con el Gobierno Nacional.
El beneficiario de la medida es Daniel Muñoz Olaya, de 28 años de edad, quien se entregó a las autoridades el pasado 17 de julio para responder a una orden de captura por lavado de activos y enriquecimiento ilícito, tras ser señalado como supuesto testaferro de su padre, quien lidera las bandas “la Oficina” y “la Terraza”.
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El origen del proceso data de 2021, cuando la Unidad de Lavado de Activos de la Fiscalía abrió un expediente en contra de las redes financieras de esas dos organizaciones criminales, que se dedican al narcotráfico, el sicariato, extorsión, secuestro, desplazamiento forzado y corrupción estatal, entre otros delitos.
Además de Daniel Muñoz, fueron vinculados al caso su madre, Diana Marcela Olaya Galeano y Juan Pablo Taborda Zamora, alias Yordi, uno de los jefes históricos de “la Terraza” y lugarteniente de “Douglas”.
De igual manera, dentro de la investigación incluyeron a Vilma Cecilia Granados Avendaño y Luisa María Rojas Granados, viuda e hija de Édinson Rodolfo Rojas, “Pichi Gordo”, otro cabecilla de “la Terraza”, quien fue asesinado por sicarios en Medellín el 7 de marzo de 2024.
La Dijín de la Policía ejecutó una redada para capturarlos a todos el 9 de junio de 2025, pero la información fue filtrada, al parecer, a los cabecillas de la mesa de paz recluidos en la cárcel de Itagüí.
Fuentes cercanas al caso indicaron que “Douglas”, presuntamente, envió mensajes con terceras personas a la Alcaldía y la Policía, advirtiendo que si le tocaban a su familia habría consecuencias para la seguridad en el Valle de Aburrá.
De hecho el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, dijo después que hubo un intento de frenar el operativo de parte de la senadora Isabel Zuleta, quien funge como coordinadora de la delegación del Gobierno en la citada mesa de paz.
Aunque la congresista negó los señalamientos, fue denunciada ante la Corte Suprema de Justicia por cargos de obstrucción a la función pública y tráfico de influencias.
Los allanamientos se ejecutaron finalmente, pero ya advertido de lo que iba a suceder, Daniel Muñoz Olaya se escapó antes de que los policías entraran a su casa. Allí quedó su madre, esperándolos con el abogado.
En las audiencias de control de garantías, el juez de turno advirtió que la Fiscalía no tenía las evidencias necesarias para una medida de aseguramiento en la cárcel, por lo que les otorgó la libertad a Diana Olaya y “Yordi”, aunque luego tendrán que presentarse al juicio.
A Vilma Granados y Luisa Rojas les concedió el beneficio de la detención domiciliaria.
Tras conocer estos resultados, Daniel Muñoz envió un abogado desde la clandestinidad, para que entablara un acuerdo preliminar con la Fiscalía Sexta de la Unidad de Lavado de Activos. La idea era que él se entregaba, siempre y cuando el ente acusador no solicitara una medida carcelaria contra él en la audiencia, sino una detención domiciliaria.
Con esa condición, el joven de 28 años se entregó a la Dijín en la Secretaría de Seguridad de Medellín, el 17 de julio. Sin embargo, el juez no aceptó la petición de domiciliaria y le otorgó la libertad, igual que a su madre, con la restricción no poder salir del país.
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