28.563
delitos sexuales se cometieron en 2015, según el balance de la Fiscalía.
2,6
millones de dólares invirtió el fiscal en la compra de un nuevo avión.
Cuatro años atrás, cuando el jurista Eduardo Montealegre comenzó su periodo como fiscal general de la Nación, las expectativas eran altas. Prometió, en ese entonces, que haría una reforma institucional para poner a tono a la Fiscalía con los estándares internacionales y con la coyuntura del proceso de paz que se lleva a cabo en La Habana. Una de sus acciones fue emitir una directiva para cambiar la política criminal, fortaleciendo la investigación penal.
La primera orden de Montealegre fue priorizar algunos casos sobre otros, como la persecución de los máximos responsables de las bandas criminales y capos del narcotráfico.
Posteriormente, el fiscal ordenó el refuerzo da las fiscalías seccionales, con un presupuesto inicial de dos billones de pesos. Su obsesión fue reorganizar el trabajo de una entidad con una planta de 25 mil funcionarios y de capacitar, mediante la Universidad de la Fiscalía (que no se pudo sostener financieramente), a los trabajadores judiciales.
La reforma institucional que realizó Montealegre no fue suficiente para cumplir las metas que se trazó en un comienzo. Los juristas le han reconocido el logro de reactivar casos trascendentales como los crímenes contra Jaime Garzón y Luis Carlos Galán, las investigaciones alrededor del holocausto del Palacio de Justicia y el avance en las sentencias contra paramilitares, como la de Salvatore Mancuso.
También le abonan la judicialización de la cúpula de los Urabeños (mientras suspendía las órdenes de captura al secretariado de las Farc) y el trabajo conjunto con la Policía para realizar la Operación Agamenón.
También hizo lo propio para que se adelantara el proceso judicial contra el exalcalde Samuel Moreno, condenado a 18 años de cárcel por el “carrusel de la contratación” en Bogotá, así como el aseguramiento contra 17 de implicados en el descalabro de la firma comisionista Interbolsa.
En su período también fueron capturados y condenados Bernardo Moreno y María del Pilar Hurtado por el episodio de las interceptaciones ilegales en el DAS.
Sin embargo, hubo otros procesos que aún siguen estancados, como el asesinato del dirigente Álvaro Gómez Hurtado, el cual no ha sido catalogado como de lesa humanidad, y la muerte del joven Luis Colmenares, ocurrida en 2010. En este caso, el ente acusador no ha logrado ni siquiera establecer si se trató de un homicidio.
Además, la profundidad de las investigaciones de la Fiscalía quedó en entredicho cuando salió a la luz que la firma de la analista Natalia Springer había obtenido 4.200 millones de pesos en contratos directos sin publicar los resultados de las investigaciones que realizó.
Temas pendientes
De acuerdo con Francisco Bernate, doctor en Derecho Penal y profesor de la Universidad del Rosario, el exfiscal Eduardo Montealagre “hizo un buen trabajo con la implementación de nuevas políticas y la priorización del análisis de los contextos”.
Pero el experto considera que tuvo desaciertos y por eso quedaron temas pendientes como la Universidad de la Fiscalía, la cual se cerró (pese a que se invirtieron 17.000 millones de pesos).
“También queda pendiente un modelo de contratación que sea meritocrático, pues el fiscal entregó contratos directos y no se vieron resultados claros de estos contratos. El hacinamiento carcelario se disparó y no hizo mayor cosa. En investigaciones de falsos positivos tampoco se avanzó. Además creo que se concentró en las Farc, dejando de lado organizaciones criminales”.
Del periodo de Eduardo Montealegre en la Fiscalía quedan más vacíos que objetivos cumplidos. Así lo considera Jaime Arrubla, expresidente de la Corte Suprema de Justicia: “Quedan dudas por la reforma administrativa que hizo la Fiscalía, creando burocracia internacional con ‘súperfiscales’ en el exterior, ¿eso era necesario? ¿qué estudios previos le hicieron a esa reforma? ¿no era mejor invertir en fortalecer la policía judicial?”
Añade que la Universidad de la Fiscalía también fue intento fallido y cuestiona si no habría sido mejor firmar un convenio con la Universidad Nacional: “¿Por qué crear una república independiente al interior de la Fiscalía? De otro lado, hubo un despilfarro en contratos absurdos, que no dieron resultados”.
La reforma administrativa de Montealegre también fue criticada por José Gregorio Hernández, exmagistrado de la Corte Constitucional: “Me parece que esa reforma con gran poder económico fue usada para convertir a la Fiscalía en un ente poderosísimo, cuando ha debido insistirse en formación de fiscales para enfrentar retos duros de delincuencia, para atender procesos penales con mayor eficiencia y oportunidad” .
Para Hernández, uno de los grandes pendientes de la Fiscalía es esclarecer “los contratos directos que se firmaron con finalidades, al parecer, ajenas a la Fiscalía. Es importante aclarar estos contratos antes de que llegue el nuevo fiscal. No se sabe si realmente esos contratos se necesitaban”.
Un punto en el que coinciden los tres analistas es que Montealegre dejó varios proyectos sin terminar por su actividad política en temas como la reforma de equilibrio de poderes (la cual demandó), su disputa pública en contra de Sandra Morelli (excontralora) y sus opiniones frecuentes frente a temas polémicos como el proceso de paz con la guerrilla de las Farc.
“Su perfil fue absolutamente mediático y desafiante. Se involucró en todas las esferas de la vida nacional, cuando el fiscal debe ser imparcial en estos casos”, agrega Bernate.
El balance del fiscal
Desde la orilla de Montealegre, EL COLOMBIANO conoció el informe de su gestión, el cual recopila los avances que, a su juicio, tuvo la Fiscalía bajo su liderazgo desde 2012.
En ese entonces, la Universidad de los Andes y la Fundación Creamos Colombia evidenciador algunas falencias en la estructura institucional de la Fiscalía. El diagnóstico de la Universidad de los Andes, por ejemplo, señaló que la priorización de casos se hacía “sin criterios claros y objetivos”.
Por eso Montealegre adelantó una reforma para privilegiar algunas investigaciones. Según su balance, “hubo un crecimiento entre cuatrienios del 33,6 % en el número de procesos con imputación y del 38,4 % respecto del número de personas imputadas. La tasa de imputaciones creció al pasar de 11,6 % en el 2011 a 12,4 % en el 2015” (ver gráfico).
El número absoluto de procesos y de personas procesadas también creció: pasó de 57.250 casos (2011) a 72.645 (2015). También crecieron los preacuerdos y las negociaciones, las cuales pasaron de 5.177 en 2011 a 15.340 en 2015. Esto tiene que ver, en parte, con los lineamientos del fiscal sobre una justicia restaurativa: “Desde esta Fiscalía hemos defendido un sistema de penas alternativas como mejor fórmula para transitar de la guerra hacia la paz”, dice el informe.
Este modelo de justicia le dio paso a la creación de la Unidad Nacional de Análisis y Contexto, en que trabajan 250 funcionarios, entre analistas, investigadores y fiscales. Su objetivo es ahondar en los contextos bajos los cuales se han cometido violaciones de derechos humanos en el país.
En lugar de buscar responsabilidades individuales, la Corte Interamericana ha introducido el “criterio de contexto” para el desarrollo de investigaciones penales.
Este tipo de investigación busca establecer los patrones criminales y la asociación de casos. Se apoya en ciencias sociales como historia, ciencia política, geografía y antropología. A través de esta modalidad, la Fiscalía priorizó casos donde hubo violaciones de derechos humanos, como el desplazamiento y despojo de tierras en Urabá, desde 1994 hasta 2011, por incursiones de grupos paramilitares.
Como resultado fueron acusadas siete personas por concierto para delinquir, apropiación de bienes protegidos, lavado de activos y desplazamiento forzado. También se emitió sentencia condenatoria contra el exgerente del Fondo Ganadero de Córdoba, Benito Osorio Villadiego, por destrucción y apropiación de bienes protegidos, testaferrato, concierto para delinquir agravado y desplazamiento forzado. Deberá pagar 19 años y 6 meses de prisión.
El segundo proyecto que asumió la Unidad de Análisis y Contexto fue la victimización de la Unión Patriótica, entre 1987 a 1995. Se adelantaron 34 investigaciones “asociadas a la violencia contra miembros y simpatizantes de la UP. Fueron declarados delitos de lesa humanidad porque eran parte de un plan de exterminio en el que participaron estructuras criminales organizadas con algunas autoridades estatales”, agrega el informe de balance.
En mayo de 2015, la Fiscalía impuso medida de aseguramiento a tres exmiembros del Ejército por “homicidio en persona protegida”. El caso se remonta al 12 de agosto de 1995, cuando ocurrió “la masacre del Aracatazo”, en la que fueron asesinadas 20 personas en el municipio de Chigorodó, Antioquia.
Frente a los magnicidios, el informe rescata los avances que se han presentado en el caso de Luis Carlos Galán, asesinado el 18 de agosto de 1989. Por este episodio han sido acusados el coronel Manuel Antonio González (DAS) y el mayor Luis Felipe Montilla (Policía).
El proceso continúa en etapa de juicio. En septiembre avanzó la investigación contra José Fernando Calvache y Hernando Arciniegas (exoficiales de la Policía). También se compulsó copias para investigar al general (r) Miguel Maza Márquez, exdirector del DAS.
Además de la Unidad de Análisis y Contexto, el fiscal creó la Dirección Nacional de Fiscalías Especializadas en Crimen Organizado y la Dirección Nacional de seccionales y seguridad ciudadana, para el control de las 35 seccionales. Según el informe de gestión, de 2.564 organizaciones criminales identificadas, se lograron afectar a 2.135 en 303 municipios colombianos.
De otro lado, mediante la Dirección Nacional de Seccionales se intervinieron 70 sedes en 27 seccionales, en donde se realizaron adecuaciones en infraestructura. Se invirtieron 38 mil millones de pesos.
Un área en el que la Fiscalía todavía no ha logrado consolidarse es en la de la violencia basada en género, al menos desde el balance. Al respecto, el informe solo menciona hechos de violencia sexual contra 14 mujeres por parte de Marco Tulio Pérez Guzmán, comandante del “Frente Golfo de Morrosquillo de las AUC en Montes de María.
Frente a las críticas por los escasos avances en investigación por “falsos positivos”, la Fiscalía respondió que existe “un estimado de 2.760 procesos por homicidios asociados al actuar de la fuerza pública , 2.297 casos corresponden a presuntos falsos positivos, que fueron cometidos contra 3.185 víctimas únicas y 645 víctimas clasificadas como personas no identificadas”.
