Doce minutos y 38 segundos. Ese fue el tiempo que duró el primer pronunciamiento del expresidente Álvaro Uribe Vélez en libertad. Lo hizo desde El Ubérrimo, su hacienda ubicada en Córdoba y en la que estuvo detenido de manera preventiva, por orden de la Corte Suprema de Justicia, entre el 5 de agosto y el 10 de octubre.
Su discurso fue breve y, sin embargo, le permitió trazar los ejes que marcarán la agenda política no solo del uribismo, sino del país por los próximos dos años, sobre todo, porque su prioridad principal –como dejó ver– es que su proyecto político, encarnado por el Centro Democrático, se mantenga vigente en las elecciones de 2022.
La meta: 2022
El objetivo del exmandatario, para lo cual ya tiene una agenda priorizada, es primero, mantener mayoría en el Congreso (con 52 parlamentarios) y segundo, que el candidato al que le dé el guiño sea elegido en las presidenciales de ese año. Para esto, sabiendo que es prioritario mantenerse vigente, decidió salir al debate público 48 horas después de recuperar su libertad.
“No puedo renunciar a advertir las amenazas que nos acechan. Sé que no tengo cupo en el tren del apaciguamiento, donde por evitar las dificultades de la lucha y congraciarse con el tigre, se termina en sus fauces (...) Razón poderosa para sentir que el reposo y la resignación no hacen parte de mis opciones”.
Para Jaime Gutiérrez, director de la firma consultora Innopolítica, el expresidente “está buscando puntos comunes con las personas. Y aprovechando que todos los reflectores estaban en su declaración de ayer, dejó unas posiciones claras que buscan la simpatía de no uribistas”.
Esos puntos comunes los plantea él, porque, como quedó en evidencia ayer por la mañana, será el jefe de debate de su partido, bien sea de forma nominal o manteniéndose como lo que ya es: el máximo líder de su colectividad.
Sin embargo, ahora la pugna estará dentro de su círculo para lograr ser el ungido de Uribe y defender sus ideas en la arena pública. Además, es casi un hecho que no solo buscará alinear a sus partidarios, sino conseguir nuevos aliados.
Derogar la JEP
Las palabras de Uribe no fueron solo para hablar de su situación actual, sino para esbozar un plan hacia el futuro. Carlos Andrés Arias, docente de Comunicación Política de la U. Externado, explica que Uribe tiene la urgencia de “diseñar una agenda para fortalecer su estructura política”.
Y en esa estructuración dio una orden tácita: la derogación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Algo que, con la reciente decisión judicial a su favor, podría tomar un nuevo impulso. Para Gutiérrez, “aprovecha que ya está en libertad para canalizar el sentimiento que sienten muchas personas, que no son necesariamente uribistas, de que las Farc no están cumpliendo con contar la verdad”.
Uribe dejó esto en claro: “El sistema judicial que heredamos del gobierno anterior está vinculado a la JEP y consagró impunidad total (...) debemos insistir en la derogatoria de la JEP y en la reforma de los acuerdos de La Habana”.
Además, manifestó su interés porque se convoque a un referendo para disminuir el tamaño del Congreso –en contravía de la propuesta de reforma política que plantea doce nuevas curules– y para modificar la justicia.
Esas propuestas, para Arias, no son al azar, sino que “demuestran que tiene una gran capacidad de leer al país, de entender los escenarios a mediano y largo plazo”.
Críticas al proceso
Aunque no fue el centro de su discurso, tampoco dejó de lado el proceso en el que acaba de tener una victoria judicial. Hizo énfasis a su respeto frente a las autoridades judiciales del país, pero aseguró que “los hechos me han obligado a hacer referencias particulares, excepcionales y negativas a unos pocos de ellos”.
Puntualmente, del magistrado César Augusto Reyes, a quien no nombró, recordó el contrato que celebró con su firma de abogados con el Gobierno de Juan Manuel Santos. “Sigo sin saber qué pensar del magistrado ponente de mi detención. Sorprende que no hubiera manifestado sus múltiples vínculos contractuales con el proceso de La Habana”.
En cuanto al exjefe paramilitar Juan Guillermo Monsalve criticó que “ese testigo terminó siendo sorpresivamente dueño, desde la cárcel, de la mitad de una finca cafetera de valor superior a 500 millones”.
Por último, de Iván Cepeda, a quien solo llamó “senador” sin mencionar su nombre, dijo que “ha sido constante visitante de cárceles en el país y en el extranjero para ofrecer beneficios a cambio de lograr declaraciones en contra de mi familia y de mi persona. Así, con sus palabras, Uribe dejó en claro que el proceso que inició la Corte en su contra, no lo frenará.