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En un comunicado conjunto de los rectores de algunas universidades privadas del país hicieron un llamado al gobierno para modificar el proyecto de ley estatutaria que presentará el Ministerio de Educación.
Los rectores Claudia Restrepo Montoya, de la Universidad Eafit de Medellín; Luis Fernando Múnera Congote, de la Pontificia Universidad Javeriana; Raquel Bernal, de la Universidad de los Andes, y Rolando Roncancio Rachid, de la Universidad de La Sabana, han destacado su preocupación por los posibles efectos de la reforma en las instituciones de educación superior privadas del país.
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“Hacemos un llamado al Gobierno Nacional y al Congreso de la República para modificar y fortalecer algunos elementos clave del proyecto de Ley Estatutaria para lograr un sistema de educación pluralista, moderno, incluyente, equitativo, pertinente y sostenible que dé respuesta a los grandes desafíos que tenemos y garantice el acceso progresivo de todas las personas a una educación con calidad”, asegura Raquel Bernal, rectora de Los Andes.
Según la rectora Raquel Bernal, si la reforma se aprueba en su forma actual, las instituciones privadas podrían verse afectadas.
“La ley estatutaria de la educación, en combinación con la gratuidad en la educación superior pública y la reforma al Icetex, marchitará a las universidades privadas”, dijo Bernal a W Radio.
Aseguran que, luego de sus participaciones en las consultas realizadas por la cartera de educación, han realizado aportes, pero que el proyecto que presentará el gobierno el día de hoy sigue siendo incompleto y con graves falencias para acceder a la educación en Colombia.
“Queremos expresar que las versiones de proyecto de ley estatutaria no incorporan con suficiencia elementos determinantes para la consolidación de un sistema de educación pluralista, moderno, incluyente y sostenible. Tampoco establecen los mecanismos para garantizar el derecho a la educación en un entorno cambiante”, aseguran.
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En el llamado al gobierno por parte de las universidades de varias zonas del país, presentan un total de cuatro puntos, los cuales en su concepto deben modificar o fortalecer en favor de los millones de colombianos que deseen acceder a la educación superior.
1 Fortalecimiento de la calidad en el ejercicio del derecho y servicio público de la educación
Aseguran que es necesario señalar los mecanismos específicos para garantizar y fortalecer el derecho a la educación, “sentar las bases de reconocimiento a los sistemas internos institucionales de aseguramiento de la calidad, articulados con sistemas nacionales en los distintos subsistemas que hacen parte de la educación posmedia, con referentes internacionales”.
2. Reconocimiento del derecho a la educación posmedia
El comunicado asegura que han solicitado al gobierno la regulación del derecho a la educación posmedia, pero que solo reconocen que la educación superior es la única vía de formación.
“Este entendimiento limita la libertad de elección, así como las posibilidades de desarrollo de los y las jóvenes, y de los ciudadanos y ciudadanas que deben asumir una educación a lo largo de la vida”, aseguran. El Estado debe asegurar la adecuada articulación entre las diferentes vías de cualificación: educativas, formación para el trabajo, formación profesional integral, formación flexible de ciclos cortos, y reconocimiento de aprendizajes y saberes previos”, aseguran”.
Y añaden, “lo anterior, con el propósito de permitirles a las personas escoger las trayectorias de formación de conformidad con sus valores, talentos y proyectos de vida; así como la debida articulación de estas trayectorias con las necesidades de nuestro país, con el fin de crear oportunidades reales de movilidad social y riqueza intelectual y económica tanto en las familias como en el tejido económico de la nación”.
3. Reconocimiento de la importancia de un sistema mixto en la garantía progresiva del derecho
Expresan que es indispensable ofrecer garantías adecuadas para el fortalecimiento de cada uno de los actores públicos, privados y mixtos responsables de la educación superior.
“El sistema se debe fundamentar en el reconocimiento del pluralismo educativo y en la libertad de cada persona de seguir la trayectoria formativa en la institución de su preferencia. Así mismo, debe darse el reconocimiento del entorno favorable al desarrollo de todos los subsistemas de educación, al permitirse la prestación mixta, en la que han existido estímulos desde y hacia cada uno de los actores públicos y privados, favoreciendo su propia evolución”.
4. Lineamientos para un sistema integral de financiación
Aseguran que es vital estructurar un sistema integral de financiamiento a la educación que permita la participación de la Nación, las entidades territoriales y demás entidades estatales, así como de las instituciones privadas y los particulares, posibilitará consolidar una oferta plural de educación posmedia.
“No será posible mejorar la equidad en ausencia de un esquema combinado de recursos públicos y privados que se destinen de manera eficiente con base en una focalización inteligente. Un sistema integral de financiamiento permite la óptima distribución de los recursos financieros y operativos para apalancar las metas que materializan la garantía del derecho a la educación”, añaden.