Desde la campaña presidencial, el entonces candidato Iván Duque anunció la que sería una política de drogas restrictiva. Prometió perseguir a como diera lugar a todos los eslabones de la cadena del narcotráfico, un drástico giro en comparación con lo que había empezado a flexibilizar Juan Manuel Santos, quien hasta en la ONU pidió revertir la guerra contra las drogas en el mundo.
Una vez en Palacio, el presidente Duque fortaleció las debilitadas fuerzas de tarea conjunta y reforzó el plan de erradicación forzada de cultivos de uso ilícito, que en muchas regiones del país estaba proscrito bajo la promesa de la implementación del Plan Nacional de Sustitución de Cultivos (PNIS), contemplado en el cuarto punto del Acuerdo de Paz.
Con estos esfuerzos, el Gobierno logró revertir la tendencia de crecimiento en el área cultivada de coca, según la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés): en 2019 se redujo el cultivo en 9 %, aunque la producción de cocaína aumentó 1,5 %.
De acuerdo con Rafael Nieto Loaiza, ex viceministro de Justicia, esta es una buena noticia para el país, más si se tiene en cuenta que durante ese año no se pudo realizar la aspersión aérea con glifosato, ya que sigue vigente la prohibición de la Corte Constitucional.
“Hay que precisar que seguimos teniendo tres veces más coca que en 2013. Es decir, logramos detener el avance de los cultivos de coca y reducirlos algo, pero estamos lejos de los resultados que se obtuvieron durante la administración de Álvaro Uribe (los narcocultivos bajaron más de un 60 %, a 63 mil hectáreas) y los primeros años de Santos, mientras se mantuvo la estrategia”.
Sin embargo, desde las otras ramas del poder público hay contrapesos a la posición del Ejecutivo que podrían significar un giro en los planes del Gobierno, aunque no un cambio profundo en la política de drogas, como advirtieron los analistas consultados por El COLOMBIANO.
El parangón de la aspersión con glifosato
La Corte Constitucional prohibió en abril de 2017 que en Colombia se fumigaran con glifosato y desde el aire los cultivos de uso ilícito. Ya el Consejo Nacional de Estupefacientes lo había suspendido, a petición del entonces ministro de Salud Alejandro Gaviria, mientras se documentaban los efectos que podía tener ese herbicida en la población, atendiendo una alerta de la Organización Mundial de la Salud que lo relacionó como posible agente cancerígeno.
El año pasado la Corte aclaró las condiciones que debe cumplir el Gobierno si quiere retornar a las fumigaciones aéreas, ante la petición del presidente Duque de modular la sentencia de 2017.
La Corte estableció que el Ejecutivo debe crear un plan, basado en estudios científicos, para mitigar los riesgos en la salud de las personas y en el medio ambiente por el uso del glifosato, y este debe ser aprobado por el Consejo Nacional de Estupefacientes, que es prácticamente controlado por el mismo Gobierno, ya que siete de nueve sillas las ocupan funcionarios de Duque.
El Ministerio de Justicia ya presentó el plan de mitigación y este debe ser aprobado por la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (Anla), para lo cual debe primero realizar una audiencia pública en la que se discuta con expertos y líderes de los territorios más afectados por el cultivo de hoja de coca. Pero se atravesó la pandemia y hacer una audiencia presencial en el contexto actual es imposible.
Por eso, la Anla citó a audiencia pública virtual, y los campesinos pidieron a los jueces tutelar sus derechos al debido proceso, a la consulta previa, al acceso a la información y a la participación, ya que las zonas rurales son precisamente donde menos conectividad hay y no podrían participar en igualdad de condiciones en la audiencia.
El Juzgado Segundo Administrativo de Pasto, en primera instancia, y el Tribunal Administrativo de Nariño, en segunda, le dieron la razón a los labriegos y determinaron que “la audiencia pública debe cumplirse con todas las garantías de participación, situación que no se verifica en el presente caso; del amparo deberá otorgarse hasta tanto se cumplan adecuadamente, y la audiencia virtual pueda adelantarse con la ayuda tecnológica para quienes no tengan la posibilidad de un acceso virtual directo”.
Sin esa audiencia el proceso de consulta previa se frena y el Gobierno no conseguiría el aval. No obstante, la Anla sacó el lunes 27 de julio un edicto emplazatorio en que vuelve a citar la audiencia virtual el 1° de septiembre.
De acuerdo con la citación de la Anla, la audiencia se reproducirá en tiempo real en los escenarios de municipios no covid, en los que se suministrarán elementos de bioseguridad como mascarillas, guantes, gel antibacterial y botella de agua. Previo a ello habrá una reunión informativa en cada región, en el caso del Bajo Cauca antioqueño, por ejemplo, esta se realizó el 15 de agosto en el municipio de Cáceres.
“Pensamos que con esa importante acción de la justicia se iba a poder frenar la audiencia ambiental y acaban de darle fecha. Esta es una audiencia que no se está dando en los términos de participación. Dicen que se hará presencial en 11 municipios no covid y según las ultimas cifras en 8 de ellos sí hay casos activos”, aseguró Paula Aguirre, coordinadora de política de drogas de Elementa, una ONG de derechos humanos en Colombia y México.
Las organizaciones sociales y jurídicas que han acompañado a los campesinos en sus reclamos evalúan qué camino deben tomar para blindar su participación en la audiencia.
La bancada que pide la flexibilización
En los pocos días que lleva esta legislatura ya son tres los proyectos de iniciativa parlamentaria que se radicaron en un intento por flexibilizar la política de drogas.
El primero tiene que ver con la regulación de la hoja de coca y la cocaína, radicado por Iván Marulanda, del Partido Verde, y Feliciano Valencia, del Mais. Plantea que la producción pase a manos del Estado para arrebatarle a las mafias este negocio, también aborda la regulación aludiendo a derechos a la vida digna, la salud, y el libre desarrollo de la personalidad, así como a la necesidad de reducir los riesgos por consumo.
“El Estado debe asumir el monopolio de la comercialización de la hoja de coca, va a comprar la totalidad de la cosecha de hoja de coca de Colombia que vale 2.300 millones de pesos, menos de lo que cuesta lo que estamos gastando en la lucha por la destrucción de esos cultivos”, indicó Marulanda.
Por otro lado, el senador Gustavo Bolívar, de los Decentes, presentó un proyecto para impulsar la legalización de la marihuana para el uso exclusivamente de adultos.
“Al igual que el alcohol y el tabaco, la marihuana y la cocaína deben ser reguladas, la diferencia es que si lo hacemos ya, nos ahorramos miles de vidas”, manifestó.
En su opinión, “estos son proyectos sensatos para el país, que nacen de la necesidad de acabar esta guerra, en el caso del proyecto de marihuana de uso adulto corrige errores del proyecto de marihuana medicinal”.
Con respecto a la regulación de la cocaína y la marihuana, María Alejandra Vélez, directora del Centro de Estudios de Seguridad y Drogas (Cesed) de la Universidad de los Andes, apuntó que “si bien es importante que exista una normativa que le dé piso al estudio de la hoja de coca que pueda llevarnos a otros usos, tal como ocurre en Perú o Bolivia, en Colombia la cocaína no es relevante, nuestro consumo no tiene peso en la demanda mundial, así que mientras los países consumidores (como Estados Unidos) mantengan la política de drogas tan estricta nada va a pasar”.
Y el tercero de los proyectos que harán su tránsito en el Congreso fue radicado por Antonio Sanguino y busca prohibir definitivamente el uso del glifosato en Colombia, teniendo en cuenta la agenda ambiental de su partido: la Alianza Verde.
Ahora, será tarea del legislativo discutir y votar los proyectos. Según Aguirre, “ya es interesante que este tipo de iniciativas, antes impensables en este país, tengan debate en el Congreso”, pero reconoce que la puja será compleja, sobre todo porque todos ellos contarán con la renuencia del Gobierno.
El espaldarazo judicial a la dosis mínima
El Consejo de Estado, en fallo de 122 páginas, dio un revés al decreto emitido hace dos años por el presidente Iván Duque, en el que establecía que la Policía Nacional podía incautar la dosis mínima e incluso interponer multas a quienes consumieran drogas en espacio público. Se trata del Decreto 1844 de 2018 que causó controversia debido a que en Colombia está despenalizada la dosis mínima.
El caso llegó al Consejo de Estado luego de que la ONG Temblores, el Colectivo de Abogados José Alvear y la representante a la Cámara, Katherine Miranda, interpusieran una demanda contra la normativa, argumentando que la medida creaba un grado de vulnerabilidad para las personas que habitan en las calles del país y no tienen un lugar donde consumir las sustancias.
Miranda, por su parte, afirmó que el decreto violaba los derechos fundamentales de los consumidores y además no establecía las medidas y tratamientos administrativos de orden pedagógico o terapéutico para quienes consumían drogas.
Con estos argumentos, si bien el Consejo de Estado no anuló el decreto, que era la intención de los demandantes, sí condicionó a la Fuerza Pública.
“Los miembros de la Policía Nacional harán uso del proceso verbal inmediato al que hace referencia la norma acusada, únicamente, cuando se requiera verificar que la dosis personal está siendo utilizada para fines distintos al consumo de quien la tiene en su poder, ante la existencia de evidencias en torno a que se está atentando contra los derechos de terceros o de la colectividad”, señala la providencia.
Así las cosas, la Policía debe comprobar que la droga que la persona lleva consigo es con fines de comercialización o distribución para decomisarla, de lo contrario, siempre y cuando sea la cantidad aprobada por la ley, el portador podrá mantener el abastecimiento consigo.
El problema, dice David Filomena, investigador de la línea Política de Drogas de Dejusticia, es que la decisión del Alto Tribunal “no abarcó el concepto de las multas y arroja vacíos jurídicos que facilitan que la Policía siga decomisando dosis, no se interpretó el Código de Policía de manera sustancial”.
Sin embargo, asegura que es un hecho que es un contrapeso importante al manejo que el gobierno de Iván Duque le está dando a la política de drogas desde que inició su mandato.
1,5 %
aumentó la producción de cocaína en Colombia en 2019, según la UNODC.
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