Si bien el exgobernador de Antioquia Luis Alfredo Ramos pasará a la historia –por lo menos hasta ahora– como el primer exmandatario regional del departamento en ser condenado por parapolítica, no tendrá que regresar a una cárcel en el corto plazo.
En efecto, la sentencia de la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, en la que se le imponen 95 meses de prisión por sus nexos con grupos paramilitares, es enfática en que podrá seguir gozando de su libertad hasta tanto la decisión –que aún puede ser apelada– quede en firme.
“Disponer que el condenado Ramos Botero siga gozando de su libertad hasta tanto cobre ejecutoría el presente fallo”, se lee textualmente en el punto séptimo de la parte resolutiva de la sentencia.
El expediente de Ramos se abrió en 2011 y ya estuvo preso durante tres años. El 27 de agosto de 2013 se le dictó medida de aseguramiento, por la cual fue capturado 48 horas después y permaneció en prisión hasta el 23 de noviembre de 2016, cuando se revocó la medida.
Por esto, la defensa del exgobernador analiza –como sucede en estos casos– no solo apelar la decisión (la segunda instancia sube hasta la Sala Penal de la Corte, donde se le abrió el proceso hace 10 años), sino también en que se tenga en cuenta que Ramos ya pagó tres años de cárcel y ese tiempo, en caso de que la sentencia llegase a quedar en firme, debe ser conmutado.
Entre tanto, el magistrado Jorge Emilio Caldas presentó salvamento de voto con el argumento de que, contrario al criterio jurídico de sus otros dos colegas de sala –los togados Blanca Nélida Restrepo y Ariel Augusto Torres–, Ramos debería haber sido absuelto.
Según Caldas, opinión que plasmó en un documento de 107 páginas, no se lograron confirmar algunas de las reuniones con delegados paramilitares por las que se le acusaron: “Al no haberse arribado a la certeza de que el procesado (...) se concertó con grupos de autodefensas para recibir su apoyo económico y electoral para ser elegido Senador y luego Gobernador (...), se imponía a la Corte la emisión de decisión absolutoria”.
En todo caso, la posición mayoritaria de la Sala de Primera Instancia es que Ramos Botero sí tuvo apoyo de paramilitares desde el 2001, año en que el que aspiró al Senado –en las elecciones de marzo de 2002 obtuvo una curul en esta corporación–, y el cual se extendió hasta su aspiración a la Gobernación de Antioquia, cargo que ocupó hasta 2011. De hecho, esta condena le valió, además, una multa por 7.749,65 salarios mínimos mensuales, lo que equivale a unos 7.040 millones de pesos.
Además, como ya se había ventilado en 2020 un proyecto de fallo condenatorio contra Ramos, lo que motivó una disputa judicial que terminó zanjando un fallo de tutela de la corte Constitucional a mediados de 2021, la Sala de Primera instancia compulsó copias a la Fiscalía y la Procuraduría para determinar quién fue el responsable de esa filtración debido a la afectación que pudo tener en el desarrollo del proceso.
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