Vestida de azul y con foto en mano homenajeando a manifestantes del paro, María del Mar Pizarro llegó este 20 de julio al Capitolio para asumir el puesto de representante a la Cámara que, por dos demandas en su contra, podría perder.
Contra ella –hija del exlíder del M-19, Carlos Pizarro–, corren dos procesos en el Consejo de Estado que básicamente piden que se declare la nulidad de su elección porque al momento de inscribirse, no podía hacerlo por la misma coalición que lo hizo su hermana, la senadora María José Pizarro.
Y es que previo a la contienda del 13 de marzo, la representante por Bogotá recibió el aval para su candidatura por parte de la Colombia Humana, mientras que María José lo obtuvo por el Movimiento Alternativo indígena y Social (MAIS). Es ahí donde radica el planteamiento del demandante: que ambas confluyeron en el Pacto Histórico –que agrupa a los dos partidos–, y que por eso María del Mar no podía inscribirse, pues una familiar suya ya estaba en esa coalición política.
Pero los alcances que podrían afectarle el cargo no se quedan ahí. Con la otra solicitud se va más allá al pretender la pérdida investidura para la congresista. Es decir, la muerte política que la inhabilitaría para aspirar a cualquier otro cargo de elección popular. Hasta el momento, los recursos en el alto tribunal están marchando por separado. El de pérdida de investidura lo tiene en sus manos el magistrado Nicolás Yepes, y el de la nulidad electoral lo tiene Rocío Araujo.
De prosperar alguno, la representante por Bogotá tendría que dejar la curul desde la que dice que trabajará por “una Colombia emprendedora, justa, libre, industrializada, y en paz”. Ese escenario es similar al que podría pasar Roy Barreras, presidente del Congreso a quien demandaron esta semana por doble militancia luego de no haber renunciado a la curul que había obtenido.
La tesis del demandante
Las dos demandas llegaron al Consejo de Estado desde San Juan del Cesar, en La Guajira, y tienen detrás de ellas al abogado Roberto Carlos Daza. Entre los argumentos, Daza enuncia que de acuerdo al Artículo 179 de la Constitución, María del Mar no puede ser congresista por el vínculo familiar con su hermana y la inscripción por el mismo grupo político.
En efecto, en ese aparte se lee que quienes estén vinculados entre sí por parentesco dentro del tercer grado de consanguinidad o segundo de afinidad, y se inscriban por el mismo partido, no pueden tener silla en el Legislativo.
A eso le suma otros documentos acerca de la pérdida de investidura que el magistrado ponente Nicolás Yepes ya ha examinado, y aunque no tenga fecha para audiencia, ya hay un pronunciamiento del abogado de la recién posesionada representante.
La respuesta de la defensa
Luis Fernando Vega, apoderado de María del Mar Pizarro, le contestó a este medio que “se han apresurado en decir que las curules (de las hermanas) están en riesgo”. La afirmación la soporta subrayando que aunque se respetará lo que decida la justicia, lo que hasta ahora se ha hablado en cuanto a la muerte política de la representante es muy distinto a la realidad. En su defensa prepararon argumentos que demuestran que las hermanas Pizarro no son del mismo partido.
El primero es que son de partidos distintos –Colombia Humana y Mais–, y que como lo ha dicho el Consejo Nacional Electoral, tampoco son de la misma coalición, “porque una es la de Senado y la otra la de la Cámara”, respondió Vega.
En ese trámite también creen que debe reconocerse que hay algo elemental que haría que no prosperen las pretensiones del abogado Roberto Carlos Daza, y es que un partido político es distinto a una coalición.
Aunque no se haya fijado audiencia en estos casos, en ellos ya hay una serie de intervinientes como el Consejo Nacional Electoral, el Pacto Histórico y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Cuando se analicen los mensajes, se determinará el futuro político de la congresista.
