El expediente por el magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay contiene un hallazgo que pone bajo la lupa el esquema de seguridad que lo protegía.
Documentos e informes periciales conocidos por EL COLOMBIANO, de dos expedientes del caso, muestran que un mes y medio después del atentado del 7 de junio de 2025 la Fiscalía ya sabía de primera mano sobre una presunta fuga de información desde el círculo de protección del dirigente político, para facilitar el magnicidio.
La pista surgió de la declaración judicial de quien ese ese momento era menor de edad y cuya identidad revela por primera vez este diario: Eduardo Jesús Moreno Medina, conocido como alias Churco, oriundo de Falcom, Venezuela, y quien el pasado 12 de mayo cumplió los 18 años.
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La diligencia comenzó el 23 de julio de 2025 a las 3:35 p.m. en el Comando de la Policía Metropolitana de Bogotá y fue suspendida a las 5:50 p.m. de ese mismo día tras advertirse una presunta autoincriminación del menor, con el fin de garantizar sus derechos y asignarle un defensor.
Pues bien, la ampliación de entrevista siguió al otro día, 24 de julio, a las 8:00 a.m. En esa misma fecha se registró formalmente su entrega voluntaria ante las autoridades, manteniéndose bajo custodia hasta el 25 de julio, cuando logró evadirse de los funcionarios y fugarse ante los ojos de los policías que estaban en la estación más custodiada de Bogotá.
Su declaración fue explosiva. “Churco” señaló que Elder José Arteaga Hernández, alias Chipi o “El Costeño”, condenado a 26 años y 3 meses de prisión por su participación en el magnicidio, no necesitaba depender únicamente de vigilancias externas: decía tener información que provenía de personas que estaban con el senador y que le permitía conocer con precisión sus movimientos.
Según “Churco”, la organización conocía la residencia de Miguel Uribe, el Toyota TXL blanco y gris en el que se transportaba y las rutas que utilizaba.
Pero el dato que convirtió esa versión en una de las líneas más sensibles de la investigación fue otro: el menor aseguró que “Chipi” decía tener a varios escoltas “de su parte”.
Uno de esos supuestos contactos aparecía guardado en el teléfono del cabecilla como “Escolta del senador” o “Escolta senador”. “Churco” relató que, a finales de mayo de 2025, mientras se encontraba con “Chipi” en un taller de motocicletas en Engativá, presenció una llamada por WhatsApp a ese número.
La conversación duró menos de tres segundos. Una voz masculina respondió: “hay manifestaciones” y colgó. Para el menor, no se trataba de una conversación casual. Según su declaración, aquella llamada era una muestra de que la organización recibía información en tiempo real sobre las actividades del senador.
La precisión del dato —una alerta sobre la presencia de manifestaciones— es particularmente uno de los elementos que ahora interesa establecer si pudo provenir de alguien con acceso directo a la agenda y al esquema de protección de Miguel Uribe. El supuesto informante, además, no habría entregado información gratuitamente.
“Churco” aseguró que recibía de manera periódica transferencias a cambio de esos reportes. Según el menor, los pagos eran coordinados por Simeón Pérez Marroquín, alias “La Firma” o “El Viejo”, condenado a 22 años y 4 meses de prisión y señalado como uno de los principales enlaces financieros de la estructura.
La investigación encontró otro elemento que apunta a que la organización seguía de cerca al senador. En el teléfono entregado por “Churco” fue recuperada una fotografía de Miguel Uribe tomada durante un evento público.
El archivo aparece fechado el 29 de mayo de 2025 y estaba almacenado en las carpetas de WhatsApp del dispositivo. La imagen demuestra que, al menos, integrantes de la estructura tenían material fotográfico del senador días antes del atentado.
Los seguimientos, sin embargo, se remontaban aún más atrás. El 30 de marzo de 2025, Miguel Uribe participó en una actividad en el salón comunal de la calle 65 Sur #81F-06, en Bosa.
Los análisis de tráfico de datos y antenas reconstruyeron los movimientos del teléfono utilizado por “El Viejo”: salió del sector de Diana Turbay-La Victoria hacia el suroccidente de Bogotá y permaneció conectado a la antena BOG.BOSA JIMÉNEZ entre las 8:52 de la mañana y las 11:33, en coincidencia con el desarrollo de la actividad política.
Una segunda línea telefónica también registró conexiones en esa misma celda y con diferencias de apenas segundos respecto al teléfono atribuido a “El Viejo”.
Para los investigadores, esos datos, sumados a la fotografía hallada en el celular de “Churco”, permiten reconstruir una labor de seguimiento previa al crimen.
Y, sobre todo, ayudan a dimensionar por qué resulta relevante determinar si la información que recibía la estructura provenía de personas ubicadas dentro del círculo de protección.
La versión del menor también explica cómo esa información habría sido utilizada para planear distintos escenarios de ataque. Según “Churco”, la organización conocía incluso la existencia de un camino, callejón o pasillo estrecho cerca de la vivienda del senador por el que este debía transitar a pie después de algunas actividades.
La estructura contemplaba utilizar ese punto si no lograba atacarlo durante alguno de sus eventos públicos. La infiltración, de acuerdo con esa hipótesis, no se habría limitado a conocer la ubicación de la víctima. También habría permitido saber cuándo y dónde era posible encontrar una ventana de vulnerabilidad en su esquema de seguridad.
Esa es una de las razones por las que los investigadores buscan establecer quién estaba detrás del contacto identificado como “Escolta del senador” y qué información pudo haber entregado.
El expediente documenta, además, que la organización intentó ejecutar otro plan antes del ataque definitivo. El 3 de junio, cuatro días antes del atentado en el parque El Golfito de Modelia, habría intentado utilizar un artefacto explosivo improvisado contra la camioneta del senador.
Según la reconstrucción incorporada al proceso, Katherine Andrea Martínez, alias “Gabriela” o “Andrea”, condenada a 21 años y 2 meses de prisión, transportó el artefacto hasta una panadería en inmediaciones de la calle 33 con avenida Caracas y luego entregó el detonador a “Churco”. El plan requería conocer el momento preciso en que el senador y su vehículo estuvieran al alcance.
“Churco” debía desplazarse como parrillero en una motocicleta FZ 250 conducida por Erik Josué y aproximarse a la Toyota TXL para colocar el artefacto. Pero la oportunidad no apareció y el ataque fue abortado.
Cuatro días después, la estructura cambió de método y ejecutó el atentado con arma de fuego. Para ese ataque, según el expediente, fue reclutado un menor de 15 años identificado con las iniciales JCSR, alias “Tianz”, a quien le ofrecieron 20 millones de pesos.
La reconstrucción de las comunicaciones y movimientos previos al crimen vuelve a llevar la investigación hasta los responsables de la logística y, en particular, hasta “El Viejo”.
El 6 de junio, un día antes del atentado, los teléfonos de Simeón Pérez Marroquín y Katherine Andrea Martínez registraron coincidencias de ubicación en Bogotá.
Primero aparecieron conectados a la antena de La Picota y después a la de La Manuelita, en Suba, donde permanecieron durante varias horas.
Según la investigación, durante ese encuentro “El Viejo” habría entregado a Martínez una pistola Glock 19 calibre 9 milímetros, identificada con la serie BPHD405. Al día siguiente, alias “Chipi” se la habría entregado al menor que ejecutó el ataque.
La secuencia muestra cómo la operación dependió de una cadena logística que involucró armas, desplazamientos, comunicaciones y, según la declaración de “Churco”, información obtenida desde el entorno de seguridad del senador. El ataque ocurrió el 7 de junio en el parque El Golfito.
La reacción del esquema de protección permitió perseguir y reducir al menor que disparó contra Miguel Uribe. Un escolta de la Unidad Nacional de Protección (UNP) respondió al ataque y recuperó el arma utilizada.
Este hecho también hace más relevante la pregunta que permanece abierta en el expediente: si alguien dentro del esquema entregaba información a los criminales, ¿qué tipo de datos proporcionaba y hasta dónde llegó esa supuesta colaboración?
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¿El escolta y las antenas?
La investigación judicial a la que accedió EL COLOMBIANO encontró además un mecanismo para eliminar posibles cabos sueltos. Según interceptaciones posteriores y declaraciones incorporadas al proceso, alias “Chipi” y William Fernando González Cruz, alias “El Hermano”, condenado a 21 años y 9 meses de prisión, habrían planeado trasladar a “Churco” hacia Caquetá para asesinarlo. Dentro de la estructura, esa práctica era denominada “sacar la basura”.
El plan, según la investigación, buscaba eliminar a un potencial testigo y evitar el pago de los 20 millones de pesos prometidos por el asesinato.
“Churco”, sin embargo, se fugó el 25 de julio de 2025, dos días después de su primera declaración ante las autoridades, y posteriormente los investigadores establecieron que continuó teniendo contacto con integrantes de la organización.
El expediente describe a esta estructura, conocida entre los mismos delincuentes del caso como “Plata o Plomo” o “Amantes del Billete”, como una organización urbana vinculada con remanentes de antiguas bandas del Bronx de Bogotá y con una alta capacidad para ejecutar operaciones complejas mediante una modalidad de subcontratación de sicarios.
La hipótesis central de la Fiscalía sostiene que el magnicidio del senador y precandidato presidencial Uribe Turbay no fue un hecho delictivo aislado, sino una operación criminal de alto impacto cuya orden provino directamente de la máxima cúpula de la disidencia de las Farc conocida como la Segunda Marquetalia.
Según los investigadores y las confesiones recopiladas dentro del proceso, la instrucción del ataque fue impartida por el máximo cabecilla del grupo armado, Luciano Marín Arango, alias “Iván Márquez”, y coordinada en el terreno y a nivel logístico por su mano derecha y jefe militar, José Manuel Sierra Sabogal, alias “Zarco Aldinever”.
Las pesquisas de la justicia —que ya han derivado en órdenes de captura internacionales contra estos líderes criminales que se esconderían en Venezuela— determinaron que el nexo jerárquico se ejecutó a través de mandos de confianza de la organización como Géner García Molina, alias “Jhon 40”, y mandos medios como Kendry Téllez, alias “Yako”, un exguerrillero reincorporado encargado de activar los contactos con bandas de la delincuencia urbana para materializar el atentado en Bogotá a través de alias “El Viejo”.
Esta línea de mando se conecta directamente con la información publicada por Noticias RCN, que exponen cómo el rastreo de antenas de telefonía celular y la geolocalización de celdas telefónicas permitieron descubrir dos posibles reuniones entre dos escoltas asignados al legislador y el enlace principal del complot criminal en la ciudad, Simeón Pérez Marroquín, “El Viejo”, quien ya fue condenado tras admitir que la organización pagó una millonaria suma de hasta 1.000 millones de pesos por el asesinato.
El primer encuentro habría ocurrido el 29 de enero de 2025 en el sector de Modelia, en el occidente de Bogotá —el mismo sitio del posterior atentado—, donde los teléfonos de los escoltas y el del coordinador criminal se movieron juntos en un mismo vehículo mientras Miguel Uribe viajaba a Panamá y su esposa a Miami.
La segunda coincidencia técnica se registró a principios de abril de 2025 en las inmediaciones del Congreso, en momentos en que el precandidato se encontraba en Cali.
El corazón de lo revelado sobre la posible relación de la escolta con los sicarios está en la certeza de la infiltración. La investigación no solo busca establecer quiénes contrataron, financiaron y ejecutaron el magnicidio de Miguel Uribe.
También intenta determinar el alcance real de cómo la organización logró penetrar su esquema de seguridad y utilizar a integrantes de ese círculo íntimo como fuente de información para anticiparse a cada uno de sus movimientos.
La gravedad de la situación escaló a niveles alarmantes cuando se constató que estos dos escoltas bajo sospecha seguían asignados a la protección de la viuda, María Claudia Tarazona, después del ataque, quien declaró ante la opinión pública que siempre sospechó de una traición interna debido a la extrema precisión con la que actuaron los asesinos.
Producto de esta posible infiltración, este viernes pasado Tarazona confirmó en sus redes sociales que su esquema de protección había sido reemplazado totalmente.
“El esquema de seguridad de mi familia ha sido cambiado. Les doy las gracias a cada uno de los policías y miembros de la UNP que, con entrega y valentía, me acompañaron el último año. Los hechos que anunció recientemente la Fiscalía nos obligan a tomar estas medidas, aun sabiendo que la inmensa mayoría de los funcionarios son hombres y mujeres excepcionales. Gracias a la Policía Nacional y a la Unidad Nacional de Protección”, escribió Tarazona en su red social X.
Por ahora, aunque la complicidad de uno o varios escoltas avanza en su respectivo proceso de validación jurídica, las pruebas son cada vez más concluyentes y la Fiscalía lo supo mes y medio después del atentado a Miguel Uribe Turbay sin conocerse resultado alguno en este sentido pese a la existencia de una declaración directa de un integrante de la estructura criminal, una serie de datos de geolocalización técnica plenamente contrastados, y el hallazgo en los dispositivos incautados a la banda de un contacto telefónico guardado explícitamente como “Escolta del senador”.
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Fuentes de la Fiscalía le contaron a EL COLOMBIANO que esta siempre ha sido “una línea investigativa” que nunca se ha descartado y que se han dispuesto de varias actividades de policía judicial porque no se puede actuar a la ligera como agencia fiscal. “Cualquier conclusión a la que se llegue, debe ser sustentada en evidencia”, agregaron las fuentes.
Bloque de preguntas y respuestas
- ¿Cómo rastrea la Fiscalía la complicidad en esquemas de seguridad?
- La investigación cruza la geolocalización de celdas telefónicas, la extracción pericial de conversaciones en mensajería encriptada y testimonios de procesados para comprobar si hubo entrega no autorizada de itinerarios a estructuras delictivas.
- ¿Qué penas enfrentan quienes filtren información de un esquema de protección?
- Según el Código Penal colombiano, la complicidad en magnicidio o homicidio agravado, sumada a la revelación de secreto institucional o abuso de confianza, conlleva penas superiores a 40 años de prisión y desvinculación inmediata.
- ¿Qué autoridad evalúa el riesgo de esquemas de protección en Colombia?
- La Unidad Nacional de Protección (UNP), en coordinación con la Policía Nacional y la Fiscalía, evalúa periódicamente el nivel de amenaza de protegidos y determina la rotación o retiro preventivo de personal de custodia.
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