Revista Semana denunció este sábado censura y hostigamientos a un periodista de su redacción por parte de funcionarios del Ministerio de Defensa luego de que el medio de comunicación buscara respuestas en la cartera sobre una denuncia de posibles sobrecostos en un multimillonario acuerdo por más de 305 millones de dólares (1,3 billones de pesos) que se firmó en diciembre del año pasado.
“Al buscar una respuesta oficial, un periodista de Semana fue hostigado y presionado a tal punto que intentaron obligarlo a firmar un documento de confidencialidad para que no publicara nada. Un claro acto de censura”, indicó la revista en un artículo publicado este sábado.
El medio expone que, pese a la negativa del presidente Gustavo Petro de comprar armas y aviones para las Fuerzas Militares, el Ministerio de Defensa firmó un acuerdo con un fabricante canadiense para la compra de 55 vehículos blindados LAV III 8×8 para el Ejército.
Dicho acuerdo lo dejó firmado la entonces secretaria general, Ana María Garzón, mano derecha del ministro Iván Velásquez, el pasado 29 de diciembre.
La denuncia que recibió Semana advertía un posible sobrecosto cercano a los 17 millones de dólares que, según la fuente, sería la causa de la salida de Garzón, ocurrida en marzo y sin ninguna explicación.
El medio acudió al ministerio para obtener una respuesta ante la gravedad de la denuncia, pero en lugar de encontrar una explicación, señalaron desde la publicación, solo encontraron presiones y censura para evitar que el tema se mencionara en la opinión pública.
Desde el ministerio acordaron un encuentro con un periodista del medio para hablar del tema y a dicha reunión, pactada para el jueves 20 de abril, llegaron, entre otros, el viceministro de Estrategia y Planeación, general (r) Ricardo Díaz, el director de proyección de capacidades e innovación, Javier Mondragón; y el gerente del proyecto de fortalecimiento de capacidades operacionales del Ejército para la defensa de la frontera de los vehículos 8×8, el coronel Óscar Melo Muñoz.
Los representantes del ministerio expusieron la necesidad del contrato y la adquisición de los vehículos. Luego, el periodista de Semana expuso unas fotografías de los documentos de la denuncia para conocer su veracidad.
La situación molestó al director Mondragón, quien se quejó por las pruebas e intentó terminar la reunión. Luego, la molestia fue del coronel Melo, quien reclamó por qué Semana tenía en su poder documentos de seguridad nacional.
Con la situación tensa, el viceministro Díaz intervino y explicó que el proceso para comprar los vehículos se había iniciado en 2012. Sin embargo, Semana demostró en la reunión que el contrato fue adjudicado por el Gobierno Petro a finales de 2022.
El director Mondragón advirtió que los temas que se estaban tratando en la reunión eran altamente sensibles para el país, por lo que no se podían divulgar a la opinión pública y luego ocurrió el intento de censura, según la denuncia de Semana.
El viceministro Díaz mostró un documento y condicionó la continuidad de la reunión a que el periodista de Semana lo firmara. Era un acuerdo de confidencialidad en el que la revista se comprometía a no publicar nada, de lo contrario la reunión se terminaba. El periodista se negó a firmar el documento y la reunión terminó.
Los documentos a los que tiene acceso Semana señalan un acuerdo firmado entre Ana María Garzón, en nombre del Ministerio de Defensa, y el representante legal de la empresa canadiense. El pago de los 305 millones de dólares, por su parte, se acordó con el pago de un anticipo de 66,8 millones de dólares de la siguiente manera: 15,8 millones en 2023, 16,5 millones en 2024, 17,4 millones en 2025 y 17 millones en 2026.
El dinero restante se pagaría así: 29,8 millones en 2027; 40,5 millones en 2028; 59,5 millones en 2029; 34,9 millones en 2030; 69,2 millones en 2031 y, por último, 4,3 millones en 2032.
Según la fuente, en el acuerdo con la firma canadiense hay cuatro ítems que representarían los posibles sobrecostos: almacenaje y ejercicios de pruebas de los vehículos de combate, ingeniería no recurrente en fábrica para la integración de sistemas de armas y comunicaciones, gestión del programa en fábrica y desarrollo de actualizaciones a manuales.
Según Semana, los posibles errores en este acuerdo y su firma apresurada habrían sido el detonante para que Ana María Garzón presentara su renuncia.
