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El Instituto de Medicina Legal concluyó ayer que la muerte del joven Dilan Mauricio Cruz, ocurrida después de salir herido en la manifestación del 23 de noviembre en Bogotá, fue violenta y constituyó un homicidio.
De acuerdo con el Instituto, los hallazgos de la necropsia permitieron establecer que la munición de impacto utilizada fue de tipo “Bean bag”, que fue disparada desde una escopeta calibre 12 y cumplía con la ficha técnica del fabricante, es decir, no fue modificada.
Sobre los resultados del informe, que según advirtió la directora de Medicina Legal, Claudia García, “fueron entregados a la Fiscalía General de la Nación”, el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, señaló que “demuestran que se trata de armas convencionales” y que la munición, una bolsa de material textil que contiene múltiples perdigones de plomo, “está contemplada por Naciones Unidas como de uso por parte de los grupos antidisturbios que existen en 105 países”.
No obstante, Trujillo admitió que las lesiones de estas armas “menos letales” van desde “laceraciones en la piel, lesiones en los ojos, fracturas, conmoción cerebral, hasta lesiones en órganos internos. Si el disparo es efectuado a corta distancia sobre el pecho, el abdomen o la cabeza, las lesiones pueden ser letales”, pero aseguró que estos “son riesgos que existen cuando se usan este tipo de armas”.
Desde el punto de vista técnico, el candidato a doctor en Ciencias Forenses de la Universidad de Alcalá, Germán Antía, tiene otra explicación. El experto dijo que las municiones tipo “bean bag” están diseñadas para ser utilizadas a larga distancia y que los balines generen “un efecto regadera que impacta el mayor número posible de personas, sin que sea mortal”.
Sin embargo, en los videos que registraron el disparo contra Dilan Cruz, “el joven estaba solo en ese espacio entre el andén y el separador, eso lo convertía en un objetivo. En ese caso el homicidio (así lo calificó Medicina Legal) es intencional, porque no hay una actitud por parte de la masa que esté poniendo en riesgo a los policías”, afirmó Antía.
El experto indicó que seguirá un proceso legal de investigación: “El sistema acusatorio en nuestro país parte de controversias. Ahora corresponderá a peritos de la Policía, a través de mediciones, demostrar si la distancia del disparo fue prudencial”.