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Para Naciones Unidas el problema sigue siendo el mismo: Colombia continúa como el mayor fabricante de cocaína en el mundo: la producción pasó de 1.053 toneladas en 2016 a 1.379 en 2017. De ahí la preocupación de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, Jife, tras presentar su último informe a la ONU, organismo al que pertenece.
“Nos preocupa el aumento del cultivo ilícito de arbusto de coca y de la fabricación ilícita de cocaína en Colombia”, señaló Viroj Sumyai, presidente de Jife.
Y es que en el informe, basado en las últimas cifras publicadas por la ONU correspondientes a 2017, señala que el cultivo ilícito de arbusto de coca y la fabricación ilícita de este estupefaciente, se incrementaron en 2017 un 17 % y un 31 %, respectivamente, “con lo que alcanzaron un máximo histórico”.
Recalca también el compromiso adquirido por Colombia con Estados Unidos, presentado por el Ministerio de Defensa el pasado 14 de junio de 2018, en el que se formula un plan quinquenal para reducir, antes de 2023, los cultivos ilícitos de plantaciones de hoja de coca.
El gobierno mantiene varias estrategias para cumplir con lo pactado. Su principal apuesta es la erradicación forzosa de la mata de coca y, para eso, se puso como meta en este 2019 el exterminio de 100 mil hectáreas. El ministro de Defensa, Guillermo Botero, afirmó que se destinaron más de 80 mil millones de pesos en contratar civiles que conformarán cerca de 100 grupos móviles de erradicación y que serán enviados a Nariño, Putumayo, Norte de Santander, Cauca, Caquetá, Antioquia, Guaviare, Meta, Bolívar y Córdoba, regiones priorizadas.
La utilización de químicos como el glifosato para la fumigación de los cultivos de uso ilícito, es otra de las opciones que se tiene en carpeta; sin embargo, esta alternativa aún está en evaluación por parte de la Corte Constitucional, que este jueves realizará una audiencia pública con la que se buscará aclarar cuáles son los planes del Gobierno en la política contra las drogas, específicamente, con el uso del pesticida, y cómo se cumplirán los requisitos que ese tribunal le hizo para volver a su uso. Tanto el presidente Iván Duque, como el expresidente Juan Manuel Santos, están convocados a la diligencia.
Particularmente en este plan la oposición a su uso es fuerte. Alejandro Gaviria, exministro de Salud, es una de esas personas: “en Perú, donde estoy ahora, nunca se ha usado el glifosato u otro químico en el control de la coca. Nunca se usará. Ni siquiera se discute. Llegaron a un acuerdo fundamental: el Estado no puede dañar la salud y el medio ambiente en busca de un objetivo de seguridad. Aprendamos”.
El Plan de Sustitución Voluntaria de Cultivos de Uso Ilícito, PNIS, también hace parte de la carpeta oficial para atacar el problema. Este sería el más efectivo, de acuerdo con cifras del mismo gobierno.
En el último balance presentado por Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito, Unodc, se afirma que 34.767 hectáreas de coca han sido erradicadas de forma voluntaria y asistida en 14 departamentos y se han vinculado 99.097 familias al programa, “de las cuáles, 67.420 corresponden a cultivadores de ilícitos, 14.829 campesinos que no cultivan productos ilegales pero habitan en zonas afectadas por el narcotráfico, y 16.848 son recolectores de la hoja de coca”.
Putumayo, Caquetá, Nariño y Antioquia son las regiones donde más familias se han inscrito y beneficiado del programa PNIS.
La resiembra sigue siendo el principal inconveniente en la lucha contra los cultivos de uso ilícito, y aunque el Gobierno le apuesta más a la erradicación, está comprobado que esa estrategia tiene un registro más alto de reaparición de la mata de coca que con la apuesta del PNIS.
La Unodc afirma en el informe sobre el balance del PNIS, que solo el 0.6% del área erradicada voluntariamente registra resiembra; mientras que con la erradicación forzosa, llega hasta el 28%.
Entre las razones, según los mismos campesinos que participan en los planes voluntarios de sustitución, algunos de ellos consultados por EL COLOMBIANO en zona rural de Tarazá, aceptan que aparte de la motivación que hay con los pagos e incentivos para iniciar un proyecto productivo que reemplace la coca, el temor a ser judicializados por la resiembra también ayuda a que no sea nuevamente una opción.
A propósito del Plan Nacional de Sustitución Voluntaria de Cultivos de Uso Ilícito, el gobierno anunció cambios, por lo que dicho programa tiene los días contados (ver ayuda).