Un operativo en contra de la extorsión carcelaria desarrollado por el Gaula de la Policía Nacional en todo el país deja 60 personas capturadas.
De acuerdo con el Gaula, la extorsión carcelaria es la modalidad más empleada en el país por parte de la delincuencia dedicada a este delito, en el que se hacen llamadas amenazantes o estafas.
Después de meses de labores de Inteligencia, seguimientos e intervenciones carcelarias en el centro carcelario de Colonia en el Meta y en La Modelo de Bucaramanga, se lograron capturas en diferentes lugares del país de manera simultánea.
Las 60 detenciones se dieron en Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga, Cartagena, Manizales, Valledupar, Neiva, Ibagué, Sincelejo, Mocoa, y los municipios de La Dorada, Sitio Nuevo, Chigorodó, Cisneros, Itagüí, Zaragoza, Nechí, El Bagre, San Jacinto del Cauca, Buenaventura, Tumaco, Puerto Asís y La Hormiga.
De acuerdo con el Gaula, los detenidos pertenecen a estructuras delincuenciales tales como ‘Los Payasos’, ‘Los Recaudadores’, ‘Los Carperos’, ‘Patio 6’ y el ‘Clan del Golfo’.
Estas personas serán procesadas por delitos como extorsión y concierto para delinquir y desplazamiento forzado y homicidio en algunos casos.
Se indicó que las extorsiones se hacían desde los centros carcelarios: ‘Doña Juana’ de La Dorada, ‘La Ternera’ de Cartagena, ‘San Isidro’ de Popayán y ‘Palogordo’ de Girón.
“En la mayoría de los casos emplean como modo delictivo llamadas telefónicas en donde los delincuentes desde los centros penitenciarios, se identifican como integrantes de una estructura de crimen organizado o grupos terroristas, e inclusive en muchas ocasiones como miembros de la Fuerza Pública, a través de la suplantación de autoridad, para poder extorsionar a las víctimas”, señaló el Gaula.
De acuerdo con la Policía, casi todos los gremios han sido afectados por estas estructuras delincuenciales pues han sido afectados comerciantes, agricultores, ganaderos, el gremio de transporte y almacenamiento, de explotación de minas y canteras, así como en servicios administrativos y hasta amas de casa.
A las víctimas se les hacían exigencias que oscilaban entre 5 mil pesos hasta los 20 millones de pesos, los cuales eran recibidos por integrantes de las estructuras criminales a través de empresas de giros ubicadas en diferentes ciudades del país.
