El 21 de noviembre es una fecha grabada en la memoria de Colombia, pero su contenido todavía está en disputa. Ha pasado un mes desde el primer día de las protestas convocadas por sindicatos, estudiantes, grupos indígenas, entre otros, que concluyó con un cacerolazo espontáneo en las principales ciudades del país. La lectura de lo que ha pasado desde entonces es una pelea de interpretaciones: ¿Cómo se traduce el tintineo metálico de las cacerolas? ¿Quién habla el idioma de la sociedad que ha salido a la calle?
Cada actor se declara a sí mismo como intérprete. “El Gobierno ha escuchado”, dice a EL COLOMBIANO Diego Molano, coordinador de la “Gran Conversación Nacional” con la que el presidente Iván Duque ha buscado responder los reclamos ciudadanos. “Llevamos 16 reuniones con todos los sectores en las que se ha hablado de educación, ambiente, paz con legalidad, transparencia y equidad”.
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Pero para los promotores del Paro, más que un diálogo, ese espacio es “un gran monólogo”. Así lo describe Jennifer Pedraza, líder estudiantil de la Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles (Acrees), y una de las voceras en la conversación paralela que el Gobierno emprendió directamente con el Comité del Paro, luego de que rechazaran la mesa general, pero en el que ambas partes no han logrado ponerse de acuerdo en para qué se sentaron: si para conversar –como pretende el Gobierno– o para negociar un pliego de 13 peticiones de los manifestantes, ampliadas en utópico planteamiento de 104 puntos, que van desde el cumplimiento de acuerdos anteriores con sectores estudiantiles y campesinos, hasta el replanteamiento de doctrinas del Estado (ver recuadro).
La sensación de inmovilidad se instala cada vez con más fuerza. Entretanto, mientras el año termina, la presencia en las calles desciende de forma constante, a la par que los índices de popularidad gubernamentales.
El cauce de la indignación
Antes de ser un paro nacional, la protesta actual fue una convocatoria de las centrales obreras. Las razones iniciales fueron las reformas laboral y pensional, que pese a no estar radicadas fueron planteadas por el Gobierno en varias entrevistas en medios. El 5 de octubre, cuando se anunció el paro, el contexto era de relativa calma: no habían estallado los reclamos sociales en Chile, ni en Bolivia, y las marchas en Ecuador, que llegaban a su tercer día, se interpretaban aún como un fenómeno nacional y no continental.
De hecho, el Gobierno no tuvo ninguna reacción sobre el Paro hasta cerca de un mes después, cuando se reveló que en un bombardeo contra las disidencias de las Farc en agosto, calificado como “impecable” por el presidente, habían muerto al menos 8 niños reclutados por el grupo ilegal. Ese hecho se reveló durante la moción de censura en el Congreso contra el exministro de Defensa, Guillermo Botero, quien terminó dejando su cargo antes de que se llevara a cabo el proceso, que estaba a punto de convertirlo en el primer ministro removido de su cargo mediante ese camino.
Esa fue la antesala de las movilizaciones y un impulso final a las marchas que, un mes después, continúan en la agenda nacional.
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Solo en ese punto, como señala Roberto González, profesor de historia de la Universidad del Norte y experto en movilizaciones sociales en Colombia, los distintos factores –como el aumento del desempleo en el trimestre de agosto a octubre, llegando a 10,3 % según el Dane, el contexto de protestas de la región, los cuestionamientos sobre la implementación del Acuerdo de Paz desde la oposición, entre otros–, coincidieron en un detonante.
Aunque el descontento se hace evidente ahora, muchas de las causas que motivaron la movilización estaban ahí desde antes: el país ha encabezado las mediciones de desigualdad en el continente, de acuerdo con el índice de Gini del Banco Mundial, desde que empezó a ser monitoreado en 2003; al menos 20 de los 22 compromisos incumplidos reclamados por el Comité del Paro fueron pactados con gobiernos anteriores.
Pero la indignación no es una materia de sumas exactas. Un estallido de descontento, lo dijo el autor alemán Heinric Von Kleist, no proviene tanto de la cantidad de las ofensas, sino de la forma en la que estas llegan.
Pulso de representación
Mauricio Archila, autor de una de las investigaciones clave sobre la protesta social en Colombia, considera que el de este año es el primer paro nacional desde 1977. Hasta ahora, explica, las movilizaciones eran lideradas por sectores puntuales –el paro agrario en 2013, el estudiantil en 2018, o el indígena a inicios de 2019–. Estas últimas protestas, por lo tanto, pusieron a Colombia a buscar respuestas que no tenía en su pasado reciente.
Una de ellas fue sobre la violencia. Los actos de vandalismo y ataque a la Policía, así como la reacción por parte de miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), siguen en el centro de la discusión. 35 uniformados del Esmad tienen investigaciones abiertas desde el inicio de la protesta, entre ellos el agente responsabilizado por el homicidio, como lo calificó Medicina Legal, del joven Dilan Cruz, luego de ser herido por un agente durante una protesta el 23 de noviembre.
La eliminación del Esmad fue incluida por los promotores del Paro en el pliego entregado al Gobierno. Pero el gobierno fue claro, Molano responde que en la mesa “no se está negociando el Estado”. Aunque agrega que “si hay que hacer revisiones frente a los protocolos, se harán. Lo que haya que desmontar se va a desmontar”.
El hecho, luego de 30 días, es que ningún avance ha surgido como tal de la mesa de diálogo. El trámite exitoso de los proyectos anticorrupción en el Congreso, que se aceleró luego de un estancamiento de cerca de un año, se ha dado sin ser producto de un acuerdo con los manifestantes
Estos, cuestionan que desde el Gobierno hay un doble discurso. “Al tiempo que dicen que quieren dialogar, continúan tramitando proyectos de ley contra la protesta como la reforma tributaria”, dice Pedraza.
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Seis encuentros sin resultados concretos, para los analistas, dejan como balance que las dos partes solo están demostrando la capacidad de escucharse a sí mismas.
El Comité mantiene un abanico de peticiones tan amplio como los sectores que lo componen, que “exige todo para ganar lo posible”, como señala el analista político Carlos Arias, pero subestima el efecto político de peticiones que van más allá de una mesa de negociación, y concentra su vocería en un sector sindical que, por momentos, invisibiliza la pluralidad de los ciudadanos que pretende representar.
Del otro lado, hay un Gobierno que, según los analistas, parece más enfocado en exponer su gestión que en escuchar, y “que ha pasado de la negación del Paro a la dilación del diálogo, perdiendo la oportunidad de mejorar su imagen y ampliar su campo de gobernabilidad”, de acuerdo con Luis Trejos, analista político y profesor de la Universidad del Norte.
Es una disputa de representaciones: la de las urnas, por el lado del Gobierno, y la de la calle, por el del Comité, en el que la ciudadanía parece extraviada.
En contraste, para los expertos en movilización social, son precisamente esas personas que no encuentran en quién delegar sus intereses, y por consecuencia deciden representarse a sí mismas en las calles, las que pueden convertir esta movilización en algo más que una coyuntura de victoria o derrota para una de las partes y avanzar hacia una en la que la ganadora sea la democracia.
