La Contraloría advirtió que, de no tomarse medidas urgentes, podría afectarse el derecho a la libre locomoción desde septiembre.
Si bien el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Imprenta Nacional firmaron dos convenios de cooperación para avanzar en la implementación del nuevo modelo de pasaportes, este miércoles la Contraloría General encendió las alarmas y emitió una alerta de control interno ante el “inminente riesgo de incumplimiento” en la prestación del servicio.
Los convenios, que datan del pasado 18 de julio, únicamente abarcan a la Imprenta y la Cancillería. Es decir, aún no tienen en cuenta al Gobierno de Portugal, cuyo convenio sigue en veremos y a partir del cual el Gobierno de Gustavo Petro esperar adquirir el dominio técnico, logístico y administrativo para prestar el servicio.
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Frente a los convenios activos, la Contraloría advirtió que se trata de alianzas que “no se superan la situación de riesgo en la producción de pasaportes”. En esa línea, aunque se definió como nueva fecha límite para la implementación del modelo el 31 de marzo de 2026, la Contraloría reclamó que no hay claridad sobre cuáles serán los aliados estratégicos de la Imprenta para asumir la ejecución del nuevo modelo.
“No se condiciona el tipo de aliado estratégico ni la modalidad de selección con el que la Imprenta Nacional puede suscribir contratos para la ejecución del modelo”, dijo el ente de control, advirtiendo además que el contrato actual de prestación del servicio de expedición y personalización de las libretas que hoy está en manos de Thomas Greg & Sons vence el 31 de agosto.
“No se han suscrito contratos por parte de la Imprenta Nacional como ejecutora del nuevo modelo, ni por el Ministerio de Relaciones Exteriores como responsable de la expedición de los documentos encaminados a mantener la prestación del servicio, lo que pone en evidente riesgo el cumplimiento de dicha obligación de Estado”, señaló la Contraloría.
Por ello, el ente de control instó tanto al Ministerio como a la Imprenta para que “adopten autónomamente las acciones que consideren procedentes para que se mitigue el riesgo identificado, evitando la afectación al servicio público y de esa manera precaver las graves implicaciones sociales que de ello pudiesen derivarse”.
De acuerdo con el contralor Delegado para la Gestión Pública e Instituciones Financieras, Luis Enrique Abadía García, si no se adoptan medidas extraordinarias, “es inminente la concreción del riesgo de afectación de la libertad de locomoción consagrado en la Carta Política de 1.991, el cual se garantiza con la adecuada prestación de la función pública de expedición de pasaportes y documentos de viaje a cargo del Ministerio de Relaciones Exteriores”.
Previamente, la Procuraduría también llamó la atención por un alto riesgo de desabastecimiento de pasaportes debido a presuntas irregularidades, ineficacia y desconocimiento de los involucrados en un nuevo contrato de suministro firmado por el Gobierno Nacional.
El ente de control alertó que “no se conocen los estudios previos ni los documentos precontractuales exigidos por la ley para la firma del convenio entre Cancillería y la Imprenta Nacional” de la mano del Gobierno de Portugal.
Según el Ministerio Público, “esta situación genera un alto riesgo de desabastecimiento, considerando que no se ha definido con claridad quién asumirá la prestación del servicio a partir del 1 de septiembre de 2025”.
“Se conocen unos estudios previos elaborados por el Ministerio de Relaciones Exteriores para contratar con el aliado público internacional. Sin embargo, el convenio indica que la contratación la realizará la Imprenta Nacional de Colombia”, expresó la entidad.
De acuerdo con los datos en poder de la Procuraduría, el posible desabastecimiento es palpable porque “restan menos de doscientas noventa mil (290.000) libretas por entregar en el marco del contrato actual, cuyo vencimiento está previsto para el 31 de agosto de 2025”, lo que no alcanzaría para cubrir toda la demanda mientras se cambia de fabricante.
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