El Gobierno Nacional tomó la determinación de priorizar de manera diferente a las víctimas del conflicto, para que reciban más rápido la indemnización administrativa quienes sean más vulnerables. Así mismo retiró trámites que debía realizar la población afectada en estado de vulnerabilidad.
Ramón Rodríguez Andrade, director de la Unidad para las Víctimas, explicó que en junio pasado el Gobierno expidió una norma que priorizaba a la población que recibiría primero la indemnización: los mayores de 74 años; pacientes con enfermedades huérfanas de tipo ruinoso, catastrófico o de alto costo; o personas en situación de discapacidad.
De acuerdo con el Registro Único de Víctimas, 700.000 personas tienen más de 60 años, se estima que entre 10 % y 12 % de ellas pueden ser mayores de 74 años, y 200.000 están en situación de discapacidad por hechos del conflicto o por enfermedades congénitas. Ese es el universo del que partiría la priorización, aunque la cifra no es clara ya que no todas las víctimas han acreditado su condición.
Por ejemplo, al menos 10 de las Madres de la Candelaria han muerto en los últimos años sin haber recibido su reparación y, de acuerdo con su líder, Teresita Gaviria, otras diez que tampoco lo han hecho padecen cáncer.
“Llevamos mucho tiempo pidiéndole al Gobierno que repare integralmente a las mujeres, mayores de 70 años, que tuvieron que levantar a sus nietos porque en la guerra murieron sus hijos, y a las mujeres enfermas de cáncer, que es una enfermedad asociada al sufrimiento, antes de que se mueran”, dijo Gaviria.
Las nuevas medidas
Este mes, la Unidad, a través de la Resolución 1049, dejó claro el método técnico de priorización, según el cual se crearán unas listas que indicarán el orden de las víctimas que recibirán la indemnización administrativa y se aplicará anualmente para la asignación de los turnos de pago de manera proporcional. En otras palabras, cada año podrá saberse quiénes serán reparados, de acuerdo al orden establecido.
La Resolución tiene un anexo técnico que define las variables a tener en cuenta para ordenar la entrega de indemnizaciones. Cada variable se da puntaje: pertenencia étnica, jefatura de hogar única, orientación sexual e identidad de género no hegemónica.
Otras variables se relacionan con la estabilización socioeconómica de víctimas de desplazamiento forzado y con las características del hecho victimizante: cantidad de hechos y tiempo transcurrido desde entonces.
También retiró trámites que debían hacer las víctimas, como llevar la certificación de la EPS que demostrara una incapacidad o discapacidad superior al 40 %.
“Lo que queremos es que las víctimas del conflicto armado no se nos sigan muriendo sin haber visto materializado su derecho, por eso tenemos que derribar esas barreras de acceso”, dijo Rodríguez.
La solicitud de Gaviria no se queda ahí: “no estamos hablando solo de dinero, estamos hablando de la satisfacción de todos los derechos de las víctimas, como salud, educación para los nietos con los que quedaron a cargo, vivienda y atención psicosocial”.
La líder aseguró que si el presidente Iván Duque logra consolidar esa priorización sería la prueba más importante de su compromiso con las víctimas del conflicto.
Aumentó la meta
En el Plan Nacional de Desarrollo radicado por el presidente Duque en el Congreso se estableció la meta de reparar a 420.000 víctimas en el territorio nacional durante este cuatrienio, pero después de la presión de la oposición en el Congreso y de las víctimas, el Gobierno aumentó la meta a 510.000.
Según Rodríguez, hasta febrero de este año, 965.383 afectados por la guerra han recibido 5,97 billones pesos destinados a impulsar o reconstruir sus proyectos de vida, por lo que se espera que este año se supere el primer millón de víctimas indemnizadas.
Sin embargo, este logro está lejos de la meta propuesta con la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras que prometía reparar a todas los afectados antes de 2021.
El Gobierno ya está preparando el proyecto que presentarán al Congreso solicitando una prórroga a la Ley, aunque no se ha establecido de cuánto tiempo sería.
3.500
víctimas han sido indemnizadas con el nuevo mecanismo de priorización.
