El tema de la justicia transicional para las Farc— de los más complicados en las negociaciones—, empieza a dilucidarse y, con el debate a realizarse esta semana en el Senado, se vislumbran las posibles salidas para aquellos guerrilleros que decidan dejar las armas.
Las penas financieras y de reparación a las víctimas, la prohibición para ejercer cargos públicos por algún tiempo, las labores de servicio a la comunidad y la no extradición de los guerrilleros a E.U., harán parte de las discusiones para buscarles una salida jurídica a los diversos delitos cometidos por guerrilleros, entre ellos, el narcotráfico.
Como el tema de la justicia transicional ha generado tanto debate, el presidente Juan Manuel Santos ha insistido en que no va a haber impunidad: “esa es otra de las mentiras que han venido promoviendo desde que nos sentamos en la mesa en Cuba”, asevera.
Lo que se persigue en esta vía es obtener el respaldo de las garantías de justicia a las víctimas del conflicto armado basados en los preceptos de la verdad como base para una reparación. El representante a la Cámara por el Polo Democrático Víctor Correa, explicó que con estas ideas no se busca beneficiar a la insurgencia. Para el congresista, tener en el país a los guerrilleros es una forma de decirles a las víctimas que los implicados en los delitos “están contribuyendo con la construcción de paz, porque si tenemos la opción de que sean extraditados, nos veríamos obligados a que la construcción de esa justicia se diera frente a lo que los victimarios han hecho en otros países y no frente a la realidad de nuestro país”, asegura.
