Una cita de control de embarazo en un centro médico fue la oportunidad que aprovecharon los agentes de Inteligencia para capturar a alias “Leidy”, una presunta cabecilla del Eln en el Nordeste antioqueño y el sur de Bolívar.
Sandra Milena López Torres, de 29 años y nacida en Tarazá, Antioquia, era perseguida por la Fuerza Pública desde hacía tres años, debido a su ascenso en la estructura del frente de guerra Darío Ramírez Castro del grupo subversivo.
De acuerdo con la investigación, conocida por EL COLOMBIANO, un informante le contó al Ejército que “Leidy” o “la Chiqui” estaba durmiendo en la sede de una ONG, en el municipio de Santa Rosa del Sur (Bolívar), y que su plan era ir el pasado fin de semana a una cita de control prenatal en la vecina localidad de Simití.
Un grupo de soldados y agentes del CTI se mezclaron entre los visitantes del hospital de Simití y a las 11:30 p.m. de este sábado 27 de marzo la ubicaron. Uno de los funcionarios le notificó que en su contra había una orden de captura por concierto para delinquir agravado y rebelión.
Al día siguiente se realizó la audiencia de control de garantías, ante el Juzgado Cuarto Penal Ambulante de Antioquia. La Dirección de Fiscalías contra la Criminalidad Organizada le imputó los citados cargos, pero “Leidy” se declaró inocente.
El dosier del Ejército en su contra es mucho más amplio. Inteligencia Militar señala que López habría ingresado al Eln en 2008, cuando tenía 17 años de edad. Una de sus primeras acciones insurgentes la habría cometido en 2009, participando supuestamente en un hostigamiento armado en la troncal del Caribe.
Entre los hechos más graves por los que también se le investiga, están un emboscada contra un pelotón en 2011, en la vereda La Coposa, en límites de Valdivia y Tarazá, que dejó tres soldados muertos; y el secuestro en 2016 del cabo segundo Jair Villar, en el municipio de Segovia.
De igual manera, se presume que estaría involucrada en un ataque con explosivos y ráfagas de fusil contra la Policía del corregimiento Buenavista, en Santa Rosa del Sur, donde perdieron la vida dos uniformados (enero 28 de 2018); y en el desplazamiento forzado de cuatro docentes del Centro Educativo Rural Carrizal, ubicado en el municipio de Remedios (febrero 27 de 2019).
Las autoridades sospechan que habría participado en dos ataques contra el espacio territorial para los desmovilizados de las Farc, localizado precisamente en Carrizal (Remedios): uno en el que fue impactado a tiros un vehículo (mayo 18 de 2018) y otro en el que fueron hostigadas las tropas encargadas de custodiar ese lugar (marzo 17 de 2020).