Aunque la Corte Constitucional aún no se pronuncia sobre la solicitud del Gobierno, para que los magistrados estudien las condiciones para el uso del herbicida en la erradicación de cultivos ilícitos, un grupo de congresistas tienen listo un proyecto de ley para impedir que se use ese método en Colombia.
La iniciativa, que se presentaría al iniciar la próxima legislatura, es de la autoría de los senadores Antonio Sanguino de la Alianza Verde, y Guillermo García del Partido Liberal.
Además, cuenta con el respaldo de la alianza parlamentaria con 30 congresistas de diferentes colectividades.
El proyecto, que tiene como objeto “preservar la vida, la salud y el ambiente de todos los habitantes del territorio nacional”, sugiere la creación de la “Comisión Nacional para la Sustitución del Glifosato”, conformada por delegados de los ministerios de Ambiente, Salud, Comercio y Agricultura, un veedor ciudadano y un integrante por las universidades.
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Los congresistas proponen que la comisión supervise el efectivo cumplimiento de la sustitución del glifosato en todas sus formas y derivados y seguimiento a las medidas que se establezcan después de aprobado el proyecto.
Según el senador Sanguino, para elaborar la propuesta conocieron estudios y decisiones judiciales en Estados Unidos, “sobre los riesgos a la salud y la ineficiencia del glifosato. Incluso, Naciones Unidas, indica que el nivel de resiembra es de solo 4 % cuando se trata de sustitución manual y voluntaria, la forzada tiene 40 % de reincidencia y la fumigación con el herbicida se resiembra en un 70 % en las áreas fumigadas”.
La propuesta también plantea la creación de una ruta integral para la atención de personas expuestas al glifosato, mediante la cual se deberá suministrar información y orientación sobre derechos, atención en salud, con exámenes, diagnóstico y tratamiento si es del caso.
Mientras la Corte Constitucional se pronuncia, el presidente Iván Duque destacó los avances en la lucha contra el narcotráfico y el estancamiento de los cultivos ilícitos en el país.
El ministro de Defensa, Guillermo Botero, ha sostenido el alto costo que ha tenido para la Fuerza Pública la erradicación manual.
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