Con una votación de 5 a 3, la Sala Plena de la Corte Constitucional revivió las 16 curules creadas por el Acuerdo de Paz para la representación de las víctimas en el Congreso. Con esa decisión, estas existirán de manera transitoria entre 2022 y 2030, siendo elegidos los congresistas en las elecciones del próximo año.
La decisión la tomó el Alto Tribunal para amparar el derecho fundamental al debido proceso legislativo del senador Roy Barreras –quien interpuso la tutela–, así como el derecho fundamental a la reparación integral de “6.670.368 personas que habitan los 169 municipios más afectados ‘por el conflicto, el abandono y la débil presencia institucional’”.
Estas circunscripciones transitorias especiales las creó el Acuerdo de Paz con la exguerrilla de las Farc, a partir de lo dispuesto en el punto 2.3.6, que señaló que su fin es “garantizar una mejor integración en zonas especialmente afectadas por el conflicto, el abandono y la débil presencia institucional, y una mayor inclusión y representación política de estas poblaciones y sus derechos políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales, y también como medida de reparación y de construcción de paz”.
Fue a través del acto legislativo número 2 de 2017 que buscaron crearse originalmente estas curules. Con esa propuesta legislativa se adicionaba un artículo transitorio a la Constitución Política que permitía su creación. Sin embargo, el 6 de diciembre de ese mismo año, se hundió en la plenaria del Senado al no alcanzar los votos necesarios.
Revivirlas, como se lee en un comunicado del senador Barreras, es “una acción afirmativa a favor de los territorios que han sufrido con mayor rigor los efectos de la guerra y del abandono estatal, de tal suerte que tendrán asegurada una representación en el órgano legislativo por el término de ocho años, con lo cual no solo se garantiza el dinamismo del pluralismo político, sino además la efectiva participación territorial”.
¿Cómo funcionarán? Aún está pendiente de conocerse el detalle de cómo se elegirán el año entrante a quienes ocuparán esas curules. Sin embargo, desde ya se sabe que “se excluye la votación de las cabeceras municipales de los 169 municipios”, que conforman las circunscripciones especiales. Y, además, tampoco podrán inscribirse partidos y movimientos políticos con personería jurídica, esto incluye al Partido Comunes –antiguo partido Farc–.
En ese sentido, la inscripción y elección de candidatos se realizará con reglas especiales: “Los candidatos solo pueden ser inscritos por organizaciones de víctimas, campesinas o sociales, incluyendo las de mujeres y grupos significativos de ciudadanos. También podrán inscribir candidatos los Consejos Comunitarios, los Resguardos y las comunidades indígenas cuando la circunscripción coincida con territorios étnicos”. Las campañas tendrán financiación estatal especial y acceso a medios regionales.
Reacciones
Aunque es una decisión jurídica, su impacto es político. Desde distintos sectores ya ha habido reacciones sobre la decisión de la Corte Constitucional.
El senador Roy Barreras, autor de la tutela, celebró que “el acuerdo de paz puso a las víctimas en el centro y pedimos las 16 curules a las víctimas. Entró en un limbo la decisión, pero la Corte Constitucional garantiza la representación de 9 millones de víctimas, pero también la reparación integral de los territorios más lastimados, que se conocen hoy como los PDET. Queda claro que solo las víctimas podrán acceder a esas curules: no podrán ser para los políticos y mucho menos para los desmovilizados”.
En la otra orilla política se encuentra la senadora María Fernanda Cabal, del Centro Democrático. Aunque no se ha pronunciado luego de conocerse la decisión del Alto Tribunal, sí se supo que presentó una recusación en contra del magistrado Alejandro Linares, al asegurar que “no era imparcial”. Justamente esa recusación fue la que demoró la discusión en la Sala Plena de la Corte.
Juan Fernando Cristo, exministro del Interior y autor de la Ley de Víctimas, por su parte, resaltó que con la decisión “la Corte Constitucional hizo justicia con las víctimas del conflicto, especialmente con las de los 170 municipios PDET, las zonas más afectadas por la confrontación armada en Colombia. Se ratificó que el Congreso sí tuvo los votos suficientes para aprobar la iniciativa. A partir de 2022 y hasta 2030, esos municipios tendrán vocería en el Congreso para defender sus intereses”.
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