La presentación de los avances del Acuerdo de Paz entre el Gobierno nacional y la exguerrilla de las Farc tuvo las dos caras de una misma moneda: de una lado, la canciller y viceprresidenta de Colombia, Marta Lucía Ramírez, enfocó su discurso y la presentación del informe en que desde la institucionalidad se ha avanzado en la implementación de lo acordado bajo la política gubernamental “Paz con legalidad”.
“El gobierno de Colombia quiere una paz verdadera y sostenible y a ello hemos dedicado nuestro esfuerzo no solo hemos retomado la política de paz con legalidad, sino que hemos reactivado la senda económica, nuestro gobierno se ha enfrentado a muchos retos que demanda de cambios estructurales desafortunadamente a pesar de los esfuerzos del gobierno el narcotráfico sigue siendo un desafío sobre el cual esperamos que las Farc avancen con mayor celeridad en compromisos reales y contundentes, incluyendo, entre otras, quienes son sus aliados internacionales y las rutas, allí está la causa fundamental de la muerte de tantos líderes en el país”, dijo la vicepresidente.
A su vez, Ramírez tocó dos temas fundamentales en la implementación: el económico y la agudización de la confrontación en varias regiones del país, situación que señaló no tiene que ver con llevar a cabo los puntos acordados en La Habana.
“En principio el cálculo inicial sobre cuánto costaba la implementación representaba 2 años enteros del PIB de Colombia, sin deuda externa, sin obligaciones pensionales. Por eso quiero que tengan en cuenta que es un acuerdo que se le dieron 15 años”, insistió la vicepresidenta y canciller.
En la misma sala, y ante los 12 países miembros del COnsejo de Seguridad de la ONU, Carlos Ruiz Massieu, representante Especial del Secretario General y Jefe de la Misión de Verificación de Naciones Unidas en Colombia, presentó los datos recopilados en el último trimestre.
Ruiz enfatizó en que la violencia persiste en Colombia y la causa es la falta de implemnetación del Acuerdo de Paz. Si bien destacó acciones como la imputación de la JEP a los militares por el caso de ejecuciones extrajudiciales y la búsqueda de desaparecidos, hizo un llamado a cumplir con lo pactado en los diálogos.
“Es urgente necesidad de mejorar las medidas de prevención y protección, así como de adoptar medidas adicionales más sólidas para desmantelar las organizaciones ilegales, llevar a los autores ante la justicia y ampliar la presencia de las instituciones estatales, el acceso a los servicios públicos y a las oportunidades de desarrollo en las comunidades afectadas por el conflicto lo antes posible”, concluyó Ruiz Massieu
