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La oficina de la ONU contra la Droga y el Delito (UNODC) registró, durante el año pasado, un incremento del 6 % en las hectáreas con evidencias de explotación de oro de aluvión (el que se extrae del río o de su rivera).
Esto se traduce en que Colombia sumó, en 2019, 98.000 hectáreas con este tipo de extracción de oro, de las cuales el 66 % no cuenta con permisos técnicos y/o ambientales: son explotadas ilegalmente.
Si bien el porcentaje de ilegalidad se mantiene estable desde el 2016, al incrementarse el número de hectáreas con explotación de oro de aluvión el índice ilícito también sube. Por eso, en total, son 64.727 las hectáreas explotadas ilícitamente (ver infografía).
Además, según el representante de la UNODC en Colombia, Pierre Lapaque, el 52 % ( 51.000 hectáreas) están en zonas excluibles de minería o protegidas, las cuales corresponden a territorios de protección y desarrollo de recursos naturales renovables y ambientales, donde la ley determina que no se pueden ejecutar obras de exploración y explotación minera.
Entre las zonas excluibles, la Reserva Forestal del Pacífico, considerada como una de las más grandes reservas de biodiversidad del mundo, es la más afectada, pues una tercera parte de la evidencia se encuentra en esta zona.
Al respecto, el ministro de Minas y Energía, Diego Mesa, señaló que “la explotación ilícita no es minería, pues roba recursos a los colombianos y financia a criminales. Nuestra apuesta es por una minería con todas las de la ley, aliada de los territorios, que contribuya a impulsar la reactivación sostenible con legalidad, emprendimiento y equidad”.
Y agregó que este informe ayuda a que el Gobierno tenga un mejor control y entendimiento de lo que ocurre con una de las economías más importantes del país.
Además de las ya conocidas consecuencias ambientales que conlleva la minería ilegal de oro, como la deforestación, la degradación de los suelos, las aguas y el daño a los ecosistemas circundantes, la extracción de yacimientos auríferos financia la guerra.
De acuerdo con el informe presentado ayer por la UNODC y el Ministerio de Minas y Energía, grupos armados organizados (GAO) como el Clan del Golfo, el Eln y las disidencias de las Farc, se lucran con la minería ilegal y los cultivos ilícitos juntos.
“La presencia armada de los grupos señalados en dichos territorios ha traído como consecuencia el involucramiento de estos en todas las fases del sistema de valor asociado a la extracción ilícita de oro (exploración, extracción, transporte, comercialización). A su vez, estas dinámicas han generado la oportunidad a los GAO de controlar diversos escenarios en el territorio, vinculados a otras economías ilícitas, a través del ejercicio y uso de la violencia armada y la coerción”, se lee en el informe.
Entre los argumentos para que dicha relación exista está el desestímulo que hay por los cultivos de coca, que gracias a la persecución de la Fuerza Pública perdió parte de su atractivo económico.
Por eso, la explotación ilícita es una de las prioridades para las fuerzas del orden. Solo en lo que va de 2020, según el mayor general Hernán Bustamante, comandante de la División de carabineros y seguridad rural de la Policía, se han presentado 1.337 capturas contra personas que operaban minas ilegales, 3.761 minas han sido intervenidas, 260 máquinas pesadas destruidas y 213 máquinas amarillas incautada, con lo que se logró una afectación económica de 369.000 millones de pesos..