Desde hace 15 días Francisco Caraballo se siente desprotegido. Desde 2009 un escolta de la Unidad Nacional de Protección cuidaba de su vida, que sentía amenazada después de tantos años dedicados a la guerra y ahora por su activismo por la paz, pero una decisión notificada el 21 de junio pasado le anunció que no tenía derecho a él.
Dice la Resolución 4369 de la Unidad, a la que tuvo acceso EL COLOMBIANO, que después de realizar un estudio de nivel del riesgo de la seguridad personal de Caraballo, “no se observó ninguna de las características que la Corte Constitucional señala que se deben tener en cuenta para que se configure un riesgo extraordinario y una amenaza real, que comporte la asignación de medidas de protección especiales”.
Por eso, ya no están a su lado ni el escolta ni el vehículo que lo acompañaron por 10 años.
El excombatiente, de 83 años, quien estuvo en la cárcel 14 tras reincidir después del Acuerdo de Paz entre el Gobierno y el Epl, es consciente de que en los últimos años no se han presentado amenazas directas en contra de su vida, pero no cree que por eso no tenga un alto nivel de riesgo: “Me siento sumamente preocupado porque en las condiciones de este país quienes trabajamos en organizaciones por la paz estamos en el ojo del huracán”.
Y es que su trabajo por la paz y la reconciliación se remonta a los años en los que estuvo en prisión, donde hizo parte de la Primera Comisión de Paz, ahora tiene un papel de liderazgo en la Mesa Social por la Paz y en Defendamos la Paz.
