Una de las tareas que se fijó al asumir su cargo el recién posesionado ministro de Defensa, Diego Molano, para reducir los cultivos de coca que abundan en el país (154.000 hectáreas según la Unodc), era retomar las aspersiones aéreas con la idea de iniciar ese proceso en marzo, pero luego dijo que en abril.
El ministro se refirió en varios medios de comunicación a lo que llamó “aspersión con precisión”, “una necesidad que sumada a los demás esfuerzos nos llevará a la meta de 130.000 hectáreas este año”.
Es de recordar que durante todo el gobierno del presidente Iván Duque esta ha sido una promesa aplazada mes tras mes, desde el entonces ministro Guillermo Botero, el fallecido Carlos Holmes Trujillo y ahora Molano, pusieron plazos perentorios para la reutilización del herbicida, sin éxito.
Y esta será otra promesa que quedará en el aire, si se tiene en cuenta que ninguno de los requisitos que deben cumplirse ante la Corte Constitucional dependen del Ministerio de Defensa. Estos trámites están en manos de las carteras del Interior, Justicia, Salud, Medio Ambiente y del Consejo Nacional de Estupefacientes.
“Este es un asunto que en este punto ya está completamente al margen del Ministerio de Defensa”, explicó Isabel Pereira, coordinadora de Política de Drogas de Dejusticia.
¿Qué es lo que falta?
El camino para que el gobierno pueda volver a erradicar coca con glifosato es largo, tanto que desde 2015 no se han cumplido los requisitos impuestos por la Corte Constitucional. (Ver claves)
Aunque el gobierno de Iván Duque ha buscado acelerar el proceso faltan todavía varios trámites que no se han cumplido.
Lo primero es que sea una entidad diferente a la Policía Antinarcóticos que emita la reglamentación para el uso del herbicida y esta aún no está en firme.
Ya el ministro de Justicia, Wilson Ruiz, tiene listo el borrador del decreto para observaciones ciudadanas que busca regular el control de riesgos para la salud en un eventual reinicio de las aspersiones aéreas, en el que se explica que la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (Anla) debe dar el visto bueno al plan de manejo ambiental presentado el año pasado por la Policía, y el Instituto Nacional de Salud debe definir si hay forma de mitigar el riesgo que el glifosato puede traer para la salud.
Además, el documento se detalla que quedarán excluidas las áreas del Sistema Parques Nacionales Naturales y los Parques Naturales Regionales, entre otros ecosistemas protegidos como páramos, humedales y manglares. Mientras que el Consejo Nacional de Estupefacientes es el encargado de definir dónde se ejecutará el programa de aspersión y dónde no.
Hasta aquí van tres pasos que no tienen nada que ver con el Mindefensa.
Los enredos con la Anla
De acuerdo con María Alejandra Vélez, directora del Centro de Estudios de Seguridad y drogas (Cesed) de la Universidad de los Andes, “la estrategia de erradicación con glifosato no es costo efectiva y presenta riesgos en la salud y el medio ambiente que no deberían ser asumidos por el país”.
Vélez señaló que el plan de manejo ambiental presentado por la Policía no contempla los posibles efectos directos o indirectos del programa sobre la salud humana, ni se valoran los posibles costos en salud del programa, que es uno de los requisitos de la Anla para otorgar la autorización. Además, dijo que “hay deficiencia en el análisis de los costos en el manejo ambiental, por ejemplo, no se tasan los riesgos de asperjar en el blanco que se pueden dar por filtraciones de glifosato al subsuelo, aguas subterráneas y ríos aledaños. Se asume sin justificación que el programa no tiene costos ni sociales ni ambientales”.
Esas serían algunas de las consideraciones que la Anla debe tener en cuenta para tomar su decisión, sin embargo, aún no la toma porque procesos judiciales le pusieron freno.
Pereira explicó que en cuatro oportunidades el año pasado la Agencia citó a audiencias públicas virtuales, dados los impedimentos de realizarlas de manera presencial a causa de la pandemia, y tres de ellas fueron aplazadas por orden de jueces que atendieron el llamado de las comunidades que pedían su derecho a la participación.
Sin embargo, esta audiencia pudo realizarse el 19 de diciembre de 2020, pero esa audiencia se realizó bajo el entendido de que no era necesaria la consulta previa, esto dado que el Ministerio del Interior había expedido una resolución que decía que los territorios de las comunidades indígenas y afro no serían asperjados, por lo cual no había que consultarles.
Entonces, el Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Borda demandó esa resolución, y un juez la dejó sin efectos mientras decide de fondo. “Lo que quiere decir que la Anla no puede tomar una decisión porque si el juez decide que la resolución del Ministerio del Interior no es válida tampoco lo fue la audiencia”, explicó Pereira.
Y es que de acuerdo con ese colectivo: “la Corte aclaró que un programa de aspersión de cultivos de coca con un producto tóxico debe ser objeto de consulta previa cuando afecta a comunidades étnicas (negras e indígenas). Además, manifestó que la afectación directa no se limita a los casos en que se verifica un uso ancestral o tradicional de la coca, pues las afectaciones a la salud, al medio ambiente y en general al entorno de las comunidades, activan el deber de realizar una consulta previa”.
De otro lado, la Corte Constitucional seleccionó para revisión una de las tutelas interpuestas por los campesinos, quienes argumentaban impedimentos para participar virtualmente de la audiencia. Pereira indicó que la Corte deberá definir si la “participación durante la audiencia pública fue reforzada como lo estableció el mismo tribunal cuando ordenó suspender las aspersiones”. Dicha decisión debe producirse en los próximos dos meses.
No hay decisión en el INS
Pero si para el Gobierno aún no ha sido posible conseguir la autorización de la Anla, la situación también es compleja por parte del Instituto Nacional de Salud (INS).
Pereira contó que la evaluación de riesgos en salud la pusieron en manos del Ministerio de Salud, que a su vez encargó al INS, “como a septiembre de 2020 no había ninguna información pública, interpusimos un derecho de petición y nos respondieron que llevaban estudiados siete de los 14 departamentos, un trabajo realizado por la Universidad de Córdoba. ¿Si se demoraron un año en la mitad de los territorios, cuánto tardarán en los otros? y eso que con los estudios solamente no cumplen el requisito”.
Esto porque el INS o el Ministerio deben emitir una autorización que diga que no hay riesgos, pero dicho procedimiento no existe.
Cuando todo lo anterior esté listo, el Consejo Nacional de Estupefacientes debe dar el visto bueno, y aunque este puede ser el punto más fácil, porque dicha instancia está prácticamente controlada por el Gobierno, es un trámite que se debe cumplir a cabalidad.
Luego la Corte Constitucional deberá revisar si se cumplieron sus condiciones, pero la Fuerza Pública podrá fumigar
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