El alto comisionado para la paz, Sergio Jaramillo, le respondió al procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez, las 60 preguntas sobre el proceso de paz, que además habían sido reclamadas por el Congreso de la República.
Entre las principales respuestas, dirigidas además al representante a la Cámara, Santiago Valencia, el Alto Comisionado expresa que los guerrilleros sí se desmovilizarán, ya que para el Gobierno y para las Farc queda claro que esa guerrilla dejará de existir como grupo armado ilegal, “la totalidad de sus miembros entregarán las armas a Naciones Unidas y se reincorporarán a la legalidad, donde deberán cumplir estrictamente el ordenamiento legal colombiano”. La misma respuesta es entregada en las inquietudes del procurador acerca del Milicias Bolivarianas, el Partido Comunista Clandestino de Colombia y el Movimiento Bolivariano.
Acerca de la veracidad de la información que entregará las Farc sobre sus armas, Jaramillo explicó que la misión de la ONU podrá valerse de toda la información que el Gobierno, la Fiscalía, la Fuerza Pública y la Justicia tiene para corroborarla y además podrá adelantar investigaciones para determinar si las Farc vendieron o donaron sus armas al Eln o las bandas criminales. Así mismo, aclaró que el proceso de dejación de armas será de carácter administrativo y no judicial.
Integrarán la Unidad Nacional de Protección
A las preguntas del procurador: “¿Quién garantizará la seguridad de los 290 integrantes de las Farc que pueden movilizarse a nivel nacional (60) y a nivel departamental (230)? ¿Los esquemas y equipos de seguridad de los que dispongan estas personas estarán conformados por miembros de las Farc, en cumplimiento de su función de seguridad estarán armados? ¿Cuántos miembros de las Farc conformarán tales esquemas de seguridad?”.
El Alto Comisionado para la Paz respondió que la seguridad de esos 290 integrantes de las Farc estará a cargo del Estado, y agregó: “Los integrantes de las Farc -EP, una vez hayan dejado las armas y realizado su tránsito a la legalidad, podrán en su ejercicio de sus derechos ciudadanos capacitarse y hacer parte -bajo el cumplimiento del ordenamiento jurídico colombiano- de la Unidad Nacional de Protección, UNP, y como funcionarios de esa entidad pertenecer a los esquemas de seguridad dispuestos en virtud del Acuerdo de Garantías de Seguridad suscrito y presentado a la opinión pública el pasado 23 de junio”.
Más adelante, aseguró que la figura de “operadores de seguridad”, que es uno de los modelos que utiliza la UNP, “podrá utilizarse como un mecanismo de contratación para vincular a personas de confianza de las Farc, que no necesariamente serán exguerrilleros reincorporados a la vida civil, al cuerpo de seguridad y protección que se deberá crear con el fin de brindar seguridad y protección a los integrantes del nuevo partido político que surja del tránsito de las Farc-EP a la actividad legal, sedes ya actividades, así como a los antiguos integrantes de las Farc-EP que se reincorporen a la vida civil y a las familias de todos los anteriores de acuerdo al nivel de riesgo”.
Los ex integrantes de las Farc que hagan parte de la UNP tendrán que tener resuelta su situación jurídica y serán contratados de acuerdo a las condiciones actuales de la UNP.
Repararán a las víctimas
En varias de las respuestas el Comisionado anunció que las Farc se comprometieron a reparar a las víctimas incluso de forma material y que solo de esta forma y contribuyendo con la verdad y las garantías de no repetición podrán acceder a los beneficios de la Jurisdicción Especial para la Paz.
Según lo expresó Sergio Jaramillo en su comunicación, la Ley de Amnistía, en la que el Gobierno apenas trabaja y que incluirá a los guerrilleros de las Farc presos, se surtirá después de la refrendación popular de los acuerdos de paz.
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