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Indagación contra Uribe por hechos cuando era gobernador fue enviada a la Fiscalía

  • Álvaro Uribe, expresidente y exsenador. FOTO COLPRENSA
    Álvaro Uribe, expresidente y exsenador. FOTO COLPRENSA
15 de septiembre de 2020
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La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia anunció este martes que, debido a la renuncia al Congreso del exsenador Álvaro Uribe, con la que perdió su fuero, envió a la Fiscalía General de la Nación el expediente de otros hechos en su contra.

Se trata de la indagación preliminar por los sucesos ocurridos en las masacres de El Aro y La Granja, corregimientos de Ituango; en el municipio de San Roque e igualmente, el homicidio del abogado y defensor de Derechos Humanos, Jesús María Valle, cuando Uribe era gobernador de Antioquia. Todos ellos investigados en un mismo proceso judicial identificado con el radicado 45110.

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En un comunicado divulgado por el Alto Tribunal, se explica que dentro del mismo proceso, también corresponderá a la Fiscalía indagar por la “presunta conformación, promoción o financiación, a mediados de los años noventa, de una estructura armada organizada al margen de la ley en el Nordeste antioqueño, que al parecer utilizó como base de operaciones la Hacienda Guacharacas, ubicada entre los municipios de Yolombó y San Roque, de propiedad de la familia Uribe Vélez en esa época”.

Esa estructura, “al parecer cometió ataques contra la población civil”, entre ellos, las masacres de San Roque “ocurridas el 13 de julio y el 17 de septiembre de 1996”, añade la comunicación.

Con respecto a lo ocurrido en Ituango, también investigará la Fiscalía “la presunta intervención de Álvaro Uribe en su condición de gobernador en las agresiones de las que fue víctima la población civil del corregimiento La Granja, con la masacre ocurrida el 11 de junio de 1996, y del corregimiento El Aro, con la masacre que se ejecutó entre los días 22 y 31 de octubre de 1997”.

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Agregó la Corte que “en ese contexto, sucedieron otros crímenes, como el secuestro de 17 personas, el incendio de la mayoría de viviendas, el hurto de ganado y el desplazamiento forzado de los residentes”.

Según el tribunal, la decisión fue tomada por la Sala de Instrucción en unanimidad pues no encontró los requisitos que señala la Constitución para continuar conociendo el proceso, ”de ahí que, por competencia, se remite al fiscal general de la Nación”.

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