La ola de violencia generada por las disidencias de las Farc en el Norte del Cauca, que en una semana cobró la vida de 16 personas según el Ministerio de Defensa, llevó a que el Gobierno colombiano anunciara una serie de medidas para contrarrestar los ataques de este grupo armado y proteger a la población civil, sin embargo, los indígenas y habitantes no las aceptaron.
Una de las primeras decisiones fue la designación del Alto Comisionado de Paz, Miguel Ceballos, como coordinador de las acciones sociales para minimizar el riesgo de las acciones armadas perpetradas por los grupos ilegales.
“Se exigirá la articulación de esfuerzos del Gobierno en proyectos de infraestructura, productivos y el impulso de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), para los municipios más afectados por la violencia y la pobreza”, así quedó registrado en las conclusiones emitidas tras la reunión del presidente Iván Duque, las autoridades civiles y la cúpula militar en Cauca que fueron conocidas por EL COLOMBIANO.
Ceballos indicó que se buscará acelerar la implementación de proyectos de intervención por un valor de $1,3 billones, que no son nuevos, están incluídos en el presupuesto. Además, buscarán recursos internacionales.
“Son las disidencias lideradas por alias ‘Mayimbú’, alias ‘Marlon’ y alias ‘ Barbas’, quienes obstaculizan la labor del Estado. Por eso el planteamiento del presidente Duque es una articulación para luchar contra el narcotráfico, no solo con seguridad, sino con componente social”, expresó el comisionado. Diez días fue el plazo autoimpuesto por el Gobierno para que el OCAD paz diga sí a los nuevos proyectos enfocados al desarrollo de las comunidades.
Acompañado de esa inversión social, el Gobierno anunció el despliegue de más de dos mil soldados de la Fuerza de Despliegue Rápido N°4, quienes tendrán la misión de combatir a las disidencias de las Farc en este territorio.
