La Fiscalía anunció que tiene 1.500 investigaciones que involucran a civiles en delitos cometidos en relación con las hostilidades. De esa manera se comienza a atender el acuerdo en el punto de justicia, firmado entre el Gobierno y las Farc en septiembre de 2015.
Allí se alude a que todas aquellas personas que hayan tenido relación con acciones directas o indirectas en el conflicto armado serían juzgadas bajo un régimen especial de justicia transicional, .
El vicefiscal general, Jorge Fernando Perdomo, explicó que se trata de procesos en los que no combatientes pagaban a guerrilleros para que atentaran o asesinaran a contradictores políticos, para que expulsaran a algunas de personas de sus tierras y apoderarse de ellas o, en el caso contrario, cuando las guerrillas utilizaban a terceros para cometer varios delitos.
“Estamos investigando a los particulares que brindaban información para que se hicieran secuestros. Decían, por ejemplo, cuáles eran las personas que tenían alguna fortuna, adineradas. También, por ejemplo, decían quiénes eran los empresarios o los hacendados. En estos casos tenemos también varios hechos”, expresó Perdomo.
El funcionario indicó que la primera tarea es determinar quiénes aportaron la información para que se perpetraran los delitos. “Harán parte de la justicia transicional en las mismas condiciones de quienes pertenecieron a las guerrillas, en concreto a las Farc”.
Estas personas investigadas deberán cumplir, entonces, con lo presupuestado en el punto de la justicia para obtener beneficios jurídicos. Deberán contar la verdad para recibir una pena alternativa que iría hasta ocho años de prisión, de lo contrario, se enfrentarían a penas privativas de la libertad por más de 20 años y sin beneficio alguno.
