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DANIELA OSORIO ZULUAGA | Publicado el 13 de octubre de 2021
La jurisdicción aceptó al soldado (r) Duberney Lugo, eslabón clave entre reclutadores y víctimas. Salpicaría a un coronel (r).
Con la llegada del soldado (r) Duberney Lugo a la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, la justicia transicional comenzó develar un entramado delictivo que logró penetrar instituciones estatales como el Gaula y el DAS para reclutar civiles, engañarlos con promesas económicas y presentarlos como bajas en combate.
Se trata de uno de los integrantes del grupo antisecuestros y extorsiones del Tolima, quien se comprometió a entregar detalles sobre el actuar de esa institución y que fue condenado por la justicia ordinaria a 36 años de prisión por las ejecuciones extrajudiciales de Heliodoro Parada Urueña y Cristian Camilo Rojas Morales, en 2006, y de Marco Antonio Quiroga y Álvaro Enrique Rodríguez Buitrago, en 2007.
Según la Resolución número 4574 –conocida por EL COLOMBIANO–, la JEP aceptó el sometimiento de Lugo tras hallar los elementos suficientes para vincular dichos casos a un “actuar sistemático” en el que varios miembros del Ejército se habrían dedicado a asesinar civiles inocentes para presentar resultados.
Tras aceptar su sometimiento, el pasado 22 de septiembre, la JEP le puso como condición ajustar su plan de verdad con detalles específicos de los delitos que cometió y de los procedimientos que logró conocer mientras participaba como soldado profesional bajo la comandancia del coronel (r ) Jose Luis Martinez Suárez, comandante del Gaula Tolima para la época.
De hecho, el nombre de Martinez salió a la luz pública en 2017, cuando el coronel (r) se encontraba como agregado militar en Austria y tuvo que regresar al país tras conocerse una orden de captura en su contra por ‘falsos positivos’ cometidos en esa misma jurisdicción de Tolima.
Un año después, en mayo de 2018, la Fiscalía le imputó cargos junto al soldado Lugo por los asesinatos ocurridos en 2007. Dichos procesos aún cursan en la justicia ordinaria contra ese militar de alto rango.
Sobre los crímenes
Según los hallazgos de la Fiscalía, los miembros de ese grupo del Gaula se contactaban con personas de escasos recursos, que podían tener antecedentes penales o no, y los trasladaban hacia parajes desolados donde los asesinaban sin cruzar palabra.
Posteriormente, los uniformados acomodaban la escena para simular un combate y le agregaban armas a las víctimas “que pretendían indicar que la confrontación armada había existido, y así presentar los resultados como legítimos”.
Para el caso de Quiroga y Rodríguez Buitrago, se estableció que fueron reclutados por un supuesto informante llamado Edward Puerta García, quien engañó a las víctimas para que arribaran al lugar de los hechos y sirvió de informante para que el grupo del Gaula, aprovechando la superioridad logística en hombres y fuego, asesinara a los hombres en un supuesto operativo antiextorsión.
Incluso, el exmilitar y exparamilitar Puerta García confesó en 2020 que fue contratado por ese grupo para encontrar personas que pudieran ser presentadas como ‘falsos positivos’ y que, a cambio, recibió un sueldo mensual que le era entregado por soldados como Lugo.
De un modo similar asesinaron a Urueña y Rojas Morales que, según el documento de la JEP, fueron citados por un grupo de militares para colaborar con una misión y –ya en terreno– fueron asesinados y presentados como bajas en combate en medio de otro supuesto operativo antiextorsivo.
Comunicadora Social - Periodista de la UdeA. Amo leer historias y me formé para contarlas.
