Con la llegada del soldado (r) Duberney Lugo a la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, la justicia transicional comenzó develar un entramado delictivo que logró penetrar instituciones estatales como el Gaula y el DAS para reclutar civiles, engañarlos con promesas económicas y presentarlos como bajas en combate.
Se trata de uno de los integrantes del grupo antisecuestros y extorsiones del Tolima, quien se comprometió a entregar detalles sobre el actuar de esa institución y que fue condenado por la justicia ordinaria a 36 años de prisión por las ejecuciones extrajudiciales de Heliodoro Parada Urueña y Cristian Camilo Rojas Morales, en 2006, y de Marco Antonio Quiroga y Álvaro Enrique Rodríguez Buitrago, en 2007.
Según la Resolución número 4574 –conocida por EL COLOMBIANO–, la JEP aceptó el sometimiento de Lugo tras hallar los elementos suficientes para vincular dichos casos a un “actuar sistemático” en el que varios miembros del Ejército se habrían dedicado a asesinar civiles inocentes para presentar resultados.
Tras aceptar su sometimiento, el pasado 22 de septiembre, la JEP le puso como condición ajustar su plan de verdad con detalles específicos de los delitos que cometió y de los procedimientos que logró conocer mientras participaba como soldado profesional bajo la comandancia del coronel (r ) Jose Luis Martinez Suárez, comandante del Gaula Tolima para la época.
De hecho, el nombre de Martinez salió a la luz pública en 2017, cuando el coronel (r) se encontraba como agregado militar en Austria y tuvo que regresar al país tras conocerse una orden de captura en su contra por ‘falsos positivos’ cometidos en esa misma jurisdicción de Tolima.
Un año después, en mayo de 2018, la Fiscalía le imputó cargos junto al soldado Lugo por los asesinatos ocurridos en 2007. Dichos procesos aún cursan en la justicia ordinaria contra ese militar de alto rango.
