La posibilidad de juzgar a los guerrilleros desmovilizados bajo los preceptos de la Ley de Justicia y Paz, una vez se firme el acuerdo final del conflicto, es una opción no contemplada por el Gobierno, que cerró las puertas de forma definitiva a esta propuesta que fue formulada desde el Congreso apenas unas horas atrás.
Los múltiples inconvenientes de esta ley, como la poca reparación a las víctimas, la falta de verdad a la que se comprometieron los victimarios, la lentitud en los procesos y el bajo número de sentencias en 10 años de promulgada la Ley —25 según la Fiscalía—, son parte de los obstáculos que suman opositores a utilizar ese marco jurídico con los guerrilleros que eventualmente dejarían las armas.
El jefe negociador del Gobierno en la mesa de diálogos, Humberto de La Calle, ve en los anteriores inconvenientes la poca aplicabilidad de Justicia y Paz “y por esto se tardaría muchos años en concretarse el proceso de paz”.
El jefe negociador insistió nuevamente en la conveniencia de la Justicia Transicional para los delitos cometidos por el grupo guerrillero. “No es un sapo que hay que tragar, ni una mirada resignada, ya que el sistema de justicia transicional implica la finalización del conflicto armado y es un renacimiento para el país”.
El por qué de la propuesta
La propuesta de utilizar el mismo marco jurídico que se utilizó para el desmonte de los grupos paramilitares nació del representante a la Cámara y miembro de la Comisión de Paz de esa corporación Hernán Penagos, quien ve en esta iniciativa un paso acelerado a uno de los temas más álgidos que se discute en La Habana: la justicia.
Penagos hace referencia a una pena alternativa de cuatro años de cárcel (la mitad de la que pagarían los paramilitares), para los guerrilleros que hayan cometido los distintos crímenes, opción que no es contemplada por las Farc que en sus diferentes discursos ha hecho énfasis en que no irían a la cárcel tras la desmovilización y dejación de armas.
“Si no aceptamos esta iniciativa, tendríamos que presentar leyes estatutarias y el Congreso tendría que debatir todas esas normas y revisando el ordenamiento jurídico encontramos que hay una ley de justicia transicional, que es la Ley 975 o llamada de Justicia y Paz y que podría aplicarse a los acuerdos de La Habana, puesto que nos ahorra tiempo y nos ofrece garantías”, puntualizó Penagos.
El congresista explica la utilidad de la norma al referirse a que para implementar los acuerdos de La Habana “los periodos serían de uno a dos años, ya que les tocaría modificar la Constitución”.
Atendiendo a esa noción de celeridad propuesta por el congresista, el analista del conflicto armado, Juan Carlos Ortega, considera un retroceso el aceptar tal iniciativa, toda vez que en el país ya se han adelantado discusiones concernientes al Marco Jurídico para la Paz aplicable al proceso con la guerrilla, la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. “Esto sería como una especie de retroceso en el que se ha invertido tiempo y dinero. Aceptar esta iniciativa, llevaría a demorarse aún más un marco jurídico para aplicarse tras la desmovilización de las estructuras subversivas”.
El problema de la Ley de Justicia y Paz es que además plantea un proceso judicial en el que se intercambia reparación por reducción de pena.
“La razón principal por la que después de casi diez años de promulgada la ley, es porque hay tan pocos casos concluidos. La salida judicial no resuelve el problema con la prontitud que todos esperábamos”, precisa Javier Ciurlizza, director para América Latina de International Crisis Group.
Con la negativa del Gobierno ante la posibilidad de aplicar la Ley de Justicia y Paz al proceso con las Farc, sigue en pie el tema de la Justicia Transicional discutido en la mesa en una disyuntiva entre penas alternativas y años de cárcel para los guerrilleros por los delitos cometidos.
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