El ministro de Justicia, Yesid Reyes, indicó que el Gobierno entrará a analizar la vía indicada para materializar la orden del presidente de la República, Juan Manuel Santos, de no extraditar más a los guerrilleros de las Farc.
“Ahora hay que llevar a la práctica esa decisión judicial que se puede hacer de la siguiente manera: negándolas por razones de conveniencia a través del Ejecutivo; se puede recurrir a renegociar un acuerdo con el Gobierno de los Estados Unidos; o se puede también tramitar una ley ante el Congreso de la República que establezca cuáles son los casos concretos y las razones por las cuales se negaría la extradición de los guerrilleros de las Farc”, dijo.
Desde Paipa, Boyacá, el ministro declaró que para el caso concreto de Ricardo Palmera, alias “Simón Trinidad”, preso en el país del norte, se tendría que hacer un acuerdo directamente con el Gobierno de Barack Obama.
El insurgente paga allá una sentencia de 60 años de prisión por su participación en el secuestro de tres contratistas estadounidenses en Colombia.
En la actualidad hay más de 50 pedidos de extradición en contra de integrantes de las Farc, principalmente contra los miembros del Secretariado y el Estado Mayor, la mayoría de los cuales están en la mesa de conversaciones de Cuba.
Entre ellos figuran alias “Timochenko”, “Rodrigo Granda”, “Iván Márquez” y “Pablo Catatumbo”, en contra de los cuales hay acusaciones por narcotráfico, secuestro, tráfico de armas y por pertenecer a una organización terrorista.
La promesa de no extraditar a los cabecillas también la había hecho el Estado durante las negociaciones de Santa Fe de Ralito (2003-2006) con las Autodefensas Unidas de Colombia, sin embargo en 2008 se rompió en ese pacto. Según el Gobierno de Álvaro Uribe, la razón fue que los paramilitares siguieron delinquiendo.
Reyes también recordó que la Ley señala que es una potestad discrecional del Ejecutivo extraditar o no personas y que cuando se decide no hacerlo, se asume el manejo judicial de los delitos que esa persona haya cometido en Colombia.
En el caso que se haga por medio de una ley, dijo el ministro, esto blindaría la no extradición al paso del Gobierno Santos y sería “obligatoria para este Gobierno y para los futuros, en la medida en que negará con algunas condiciones estas extradiciones”.