La posibilidad de que los militares implicados en casos de “falsos positivos” se sometan a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), inquieta a Human Rights Watch y a otras 33 organizaciones de derechos humanos que firmaron este miércoles un comunicado rechazando esa opción.
Si bien eso no está contemplado en el Acuerdo de Paz, a las organizaciones les preocupa que ya el 28 de marzo pasado, el juzgado 9° Penal de Garantías de Bogotá se negara a realizar una audiencia de imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento en contra de 12 integrantes del Ejército, incluido el coronel Gabriel de Jesús Amado Rincón, por los homicidios y desapariciones forzadas de dos jóvenes y un menor de edad que ocurrieron en 2008.
Entonces el juez argumentó que la JEP, un sistema de justicia creado como parte de las negociaciones de paz con las Farc, tendría competencia para conocer el caso.
Así las cosas, para Human Rights Watch y las demás organizaciones nacionales e internacionales que firmaron, aquella decisión sentó un “precedente preocupante”, y sugieren que las autoridades judiciales con competencia para revocar la decisión tengan en cuenta “el grave daño” que esta decisión les hará a las posibilidades de que rindan cuentas los responsables de graves violaciones de derechos humanos, aunque celebraron la sentencia dictada por un tribunal diferente el 3 de abril en contra de 21 militares, entre ellos un coronel retirado, por otro de los casos de Soacha.
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Entretanto, el comunicado añade que la decisión del Juzgado 9° Penal de Garantías de Bogotá “parece ser inconsistente con la legislación colombiana y con disposiciones del propio Acuerdo de Paz con las Farc, aprobado el 24 de noviembre de 2016”, ya que según este, la JEP tendrá competencia para juzgar abusos cometidos por agentes del estado si estos están relacionados con el conflicto armado.
Además, continúan las organizaciones, el acuerdo prevé que será la propia JEP (y no los jueces ordinarios de Colombia) la encargada de determinar cuáles son los casos de su competencia, mientras que será la Fiscalía General de la Nación la que adelante las investigaciones por violaciones de derechos humanos hasta que la JEP requiera los informes sobre los casos de su competencia.
De hecho, anota el comunicado, el 29 de marzo, la Fiscalía manifestó su “inconformidad” con la decisión, argumentando que los hechos no estaban relacionados con el conflicto armado.
“Si la Fiscalía está en lo cierto, la JEP también podría rechazar su competencia sobre el caso”, declaran las ONG, y añaden que el uso “aparentemente oportunista” de la este tribunal transicional para permitir que los responsables de crímenes atroces eludan la justicia, “pone en jaque las esperanzas de una paz justa y duradera”.
El caso al que se refieren las organizaciones data de febrero de 2008, cuando las tres víctimas —Daniel Alexander Martínez (21 años), Diego Armando Marín Giraldo (21 años) y Jaime Estiben Valencia Sanabria (16 años)— fueron llevadas a través de engaños desde Soacha, Cundinamarca, hasta las zonas rurales del municipio de Ocaña, a más de 600 kilómetros, donde fueron asesinadas por miembros del Ejército y reportadas como bajas en combate.
