Hoy los magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz, quienes priorizaron el caso 004 que trata de la violencia en Urabá antioqueño y chocoano, recibirán de Caribe Afirmativo y Colombia Diversa un informe que da cuenta de la victimización que sufrieron habitantes de esa región por el hecho de tener sexualidad diversa (es decir, ser lesbiana, gay, bisexual o transgénero LGBT).
Este informe será un insumo a la hora de juzgar y sancionar los hechos del conflicto que ocurrieron en esa región, a manos de las Farc y de la Fuerza Pública.
“El Acuerdo Final de Paz permitió que las personas LGBT que fueron víctimas de distintos actores del conflicto en Colombia tuvieran la oportunidad de acceder a la justicia. Tras este momento coyuntural, durante más de siete meses, Caribe Afirmativo y Colombia Diversa, quienes se unieron en la alianza Voces LGBT, se dieron a la tarea de investigar distintos hechos de violencia por prejuicio contra personas con orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género diversas. A través de un arduo proceso de indagación se que concluyó las graves violaciones a los derechos humanos cometidas contra las personas LGBT constituyen un crimen internacional de persecución, considerado como de lesa humanidad por el Estatuto de Roma”, explicaron desde Caribe Afirmativo.
Esta se trata de la primera vez en el mundo en que un tribunal de justicia transicional conoce casos como estos.
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De acuerdo con los investigadores, el Tribunal de Nuremberg fue el primero en conocer y juzgar casos de persecución; por la violencia sistemática desplegada en contra de la población judía durante el Tercer Reich. Desde entonces, todos los tribunales penales internacionales han conocido casos relacionados con este crimen, por motivos políticos, raciales, étnicos, religiosos y culturales. Sin embargo, nunca un tribunal ha llegado a juzgar por la persecución a causa de la orientación sexual, identidad de género y expresión de género diversa.
La persecución
Los informes que serán presentados dan cuenta de la existencia del grave crimen de persecución contra las personas LGBT por parte de las Farc y grupos paramilitares. Explican, desde una perspectiva jurídica, cómo las víctimas fueron objeto de múltiples hechos victimizantes a lo largo de sus vidas y durante todo el tiempo que hicieron presencia estos grupos armados.
EL COLOMBIANO tuvo acceso a parte de ese informe que da cuenta, a partir de 17 casos concretos, cómo estas personas fueron víctimas de como violencia sexual, tratos crueles, inhumanos y degradantes, homicidios, feminicidios, amenazas, desplazamiento forzado y trabajo forzado a lo largo de sus vidas, en diferentes lugares del territorio y durante todo el tiempo que hicieron presencia dichos actores armados.
“Estas conductas fueron cometidas con premeditación y con la intención expresa de subordinar, humillar, silenciar, excluir, inferiorizar, esto es, de impedir el ejercicio libre de los derechos humanos de las víctimas. Además, todas las conductas fueron cometidas en un contexto en el que dichas violencias eran legitimadas por el resto de la población civil y en el que en general las instituciones oficiales no atendían sus reclamos. Todo esto alimentó un entorno de impunidad social y judicial que silenció los posibles reclamos de justicia posteriores de las víctimas y la sanción de los perpetradores, para quienes fue evidente que podían continuar violentando los derechos de las personas en razón de sus orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género diversas sin ser objeto de ningún reproche”, dice el informe.
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Gran subregistro
Con corte al 13 de marzo, figuran 801 víctimas LGBTI en el Registro Único de Víctimas en Antioquia, lo que para los autores de la investigación, evidencia un altísimo subregistro, que peude darse por obvias razones: cuando son los familiares quienes declaran por hechos victimizantes como asesinato o desaparición forzada es posible que desconozcan su orientación sexual o identidad de género, o no la declaren por avergonzarse de ella; y que, por otro, personas LGBT no denuncien la violencia o no autoreconozcan su orientación sexual o identidad de género a la hora de declarar, por el trato discriminatorio que suelen recibir en las instituciones del Estado.
Esta será una oportunidad de oro para que quienes han sido invisibilizados en tantos años de conflicto armado al fin sean protagonistas en la justicia.
