“Anunciatón” de Petro va en que presos solo irán a la cárcel a dormir y en la carretera más grande del sur del país

El Presidente se ha caracterizado por dar golpes de opinión con ideas a las que les falta vocación de realidad. Un ejemplo es el cese al fuego del que no sabían las partes. ¿El Congreso le copiará?

Según la más reciente encuesta Invamer, 48 % de los colombianos aprueba la gestión de Petro. FOTO: COLPRENSA

En una democracia es natural que cada propuesta, decisión o proyecto del gobernante de turno genere preguntas y suscite debate. Sin embargo, más allá del siempre saludable escrutinio público, lo que ha desatado cada anuncio de Gustavo Petro –de manera cada vez más frecuente y agresiva– es una avalancha de interrogantes, tropiezos y controversias.

Todo esto, por el manto de duda y el dejo de incertidumbre que se desprende con cada declaración del mandatario, bien sea a través de una alocución formal o vía Twitter.

La controversia más reciente tiene que ver con el borrador de un proyecto de ley de autoría del Gobierno que, en búsqueda de justicia restaurativa, da vía libre a que los presos puedan salir a trabajar en el día y volver a las cárceles en la noche.

Iniciativas de este calibre hacen parte del ramillete de salidas en falso en las que la descoordinación, las dudas y la discordia son protagonistas.

No se trata de un asunto cosmético. En el alto gobierno comienza a subir de tono el descontento por propuestas o medidas que se comunican en Twitter y no en los consejos de ministros. En el plano externo, la bancada de gobierno en el Congreso se queda en ascuas a la hora de saber cómo explicar o defender determinada iniciativa por la misma falta de información.

A su turno, la oposición le saca el jugo a cada traspiés y dificultad para afianzar la idea de improvisación, desorden y falta de planeación que, dicen, caracteriza al gobierno Petro.

Al margen de las controversias, el interrogante que abre cada salida en falso es si el Congreso le caminará a varias de las propuestas del mandatario, especialmente en este 2023, cuando se discutirán las reformas laboral, a la salud, Código Penal, pensiones o educación.

“Hay tensión. Solo se saben algunas pinceladas de las reformas, pero no se conocen los textos y no nos han compartido ni los borradores. Hay mucha incertidumbre (...) Petro echa mano del método sindicalista: tira la bomba más radical del mundo y luego empieza a recoger”, admitió a EL COLOMBIANO la representante Catherine Juvinao, de la Alianza Verde (partido declarado de gobierno).

Por supuesto, desde la oposición la lectura de la situación es menos optimista. “La opinión pública ha ido sintiendo que este gobierno improvisa mucho, habla mucho y que tiene ideas confusas sobre lo que quiere hacer. Estas reformas son improvisadas”, advirtió a su turno la senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático.

Sin embargo, la congresista explicó que, con tal de seguir gozando de mermelada y puestos, algunos legisladores estarían dispuestos a votar “cualquier cosa”, en contravía de los intereses del país y pasando por alto las controversias. Por ello, instó a que la ciudadanía se movilice y que tanto gremios como la academia sigan vigilantes a cada uno de los anuncios para ejercer veeduría.

Cada una de las salidas en falso sigue afectando la credibilidad del Gobierno Petro y acrecientan las dudas sobre si sus propuestas y planes en verdad prosperarán y tendrán acogida tanto en la opinión pública como en el Congreso. Su tramité pondrá a prueba también al Ejecutivo y medirá su margen de ejecución. Bien reza el adagio popular: del dicho al hecho hay mucho trecho.

Polémico tiquete de salida de las cárceles para los reos

El borrador del plan para descongestionar las cárceles presentado por el Ministerio de Justicia no deja de suscitar críticas entre la oposición al Gobierno de Gustavo Petro, que puso en entredicho la posibilidad de que los detenidos puedan salir de prisión para trabajar, estudiar o hacer labores comunitarias durante el día.

Que los reos tengan permisos especiales para retirarse de los centros de reclusión por un breve periodo no es algo nuevo, pues en la actualidad algunos de ellos pueden salir hasta por 72 horas de esos lugares con avales especiales.

Sin embargo, la propuesta presentada por el ministro de Justicia, Néstor Osuna, va más allá y plantea que estas personas puedan tener una vida laboral y académica mientras están cumpliendo sus penas.

Esa posibilidad incluye trabajo no remunerado, permiso para salir de la cárcel en el día y volver en la noche casi que a pernoctar en las cárceles y la posibilidad de que el condenado presente a un juez un plan de acción alternativo a la detención carcelaria, diseñando la forma en la que pagarían su pena.

El borrador del articulado dice que “la autoridad judicial concederá permisos de salida sin vigilancia durante quince (15) días continuos y sin que exceda de sesenta (60) días al año al condenado, siempre que estén dados los siguientes requisitos”.

En términos judiciales: se trata de un proyecto de justicia restaurativa para implementar penas alternativas que quiere aplicar un revolcón a las normas de juego que se han tenido en las cárceles durante décadas.

Esos beneficios aplicarían para un detenido que haya cumplido una parte de su condena. La iniciativa también introduce el término de libertad preparatoria que permite que los encarcelados paguen parte de su pena con actividades comunitarias y empresas que estarían bajo vigilancia del Gobierno para ese fin.

Pero desde el Congreso no ven con buenos ojos que se le den beneficios a los presuntos delincuentes. El representante a la Cámara por el Centro Democrático, Andrés Forero, cuestionó que el Gobierno “en lugar de resolver los problemas de quienes cumplen la ley, este gobierno siempre está buscando formas de beneficiar criminales”.

El ministro Osuna ha aclarado que ese programa no aplicaría para todos los delitos. Por ahora se conoce que no podrían salir a trabajar aquellos que estén señalados por crímenes de lesa humanidad como genocidio y secuestro, así como se restringiría el programa para los abusadores sexuales por el peligro que podrían representar para la sociedad.

Entre los apuntes se contempla que estas personas deban garantizar su regreso a las prisiones en las noches. Es decir, si bien se atendería el hacinamiento carcelario durante el día, en las noches los centros de reclusión deberían atender a todos los presos que están designados a ese centro.

Pero a largo plazo la iniciativa plantearía una reducción de las penas que se le otorgaría a aquellas personas que hayan cumplido con su trabajo comunitario o empresarial. En términos precisos: además de remuneración podrían reducir el tiempo estimado de su detención.

Ante esa posibilidad, el jefe del partido de derecha Salvación Nacional, Enríque Gómez, cuestionó que a los presos se les va a permitir “delinquir de día y a ser mantenidos por nosotros de noche. El desgobierno de los criminales”.

En todo caso, se trata de un proyecto en construcción que será presentado ante el Congreso en apróximadamente mes y medio. El borrador del articulado “por medio del cual se fortalece la política criminal y penitenciaria en Colombia y se dictan otras disposiciones” consta de 324 páginas.

En ese documento se contempla, además, una reducción de las penas por los tipos de delitos. Incluso, la pena máxima para un detenido ya no sería de 60 años, sino de 40 años.

Las estadísticas del Inpec indican que en Colombia hay 98.464 presas, entre quienes 91.852 son hombres y 6.612 son mujeres. Esa población es superior a la capacidad de las cárceles, pues hay un hacinamiento del 21,3%.

RECUENTO DE LOS ANUNCIOS

1. Un fallido y frustrado Cese al fuego con el ELN

En víspera del año nuevo, sobre las 10:45 p.m. del 31 de diciembre, Petro sacudió a la opinión pública con un anuncio que tuvo el respaldo, incluso, de algunos de sus opositores: un cese al fuego bilateral por seis meses con cinco organizaciones armadas, entre ellas el ELN.

Sin embargo, la euforia y los reconocimientos –inclusive de la propia ONU– duraron poco, pues a los días la guerrilla salió a desmentir que hubiesen llegado a tal acuerdo y advirtió que los diálogos de paz estaban en crisis por lo que calificaron como “imposiciones” del Gobierno. De hecho, se llegó a rumorar que los altos mandos del Ejército se enteraron del cese al fuego a través de Twitter, pese a que el ministro de Defensa, Iván Velásquez, lo negó tajantemente.

Lo cierto es que el reversazo le valió una oleada de críticas al mandatario y sobraron los señalamientos por improvisación, falta de rigor e imprudencia.

2. Compra de aviones de guerra, en veremos

En contravía de lo que pregonaba el férreo senador de oposición Gustavo Petro, el ahora presidente confirmó a mediados de diciembre que ultimaban detalles para renovar la flota de aviones de guerra, un negocio de al menos $15 billones. “Ya era un peligro subirse en esos aparatos”, dijo Petro sobre los viejos Kfir.

Aunque se insistió en que no había ningún contrato firmado, llovieron críticas y hasta aliados de Petro lo cuestionaron. Fue tal la crisis, que la operación se frenó y ahora el presidente condicionó la renovación de la flota a “las nuevas realidades de seguridad del país”.

3. Aguinaldo a medias para la Primera Línea

Pese a los reparos y llamados de sectores políticos y judiciales, Petro anunció un polémico aguinaldo a miembros de la Primera Línea y dijo a principios de diciembre que jóvenes detenidos en las protestas de 2021 recobrarían la libertad “antes de Nochebuena”.

Aunque apenas 17 de los 283 judicializados por delitos durante el estallido social están postulados como “voceros de paz” para lograr su libertad, solo se conoce la excarcelación de dos. El mandatario chocó con jueces y la Procuraduría que le hicieron contrapeso a su aguinaldo y sigue en veremos su promesa.

4. Los enredos del fin de la prestación de servicios

En octubre, el presidente aseguró que “los contratos de prestación servicios deben pasar a la historia”. Así, esbozó su plan de poner fin a este modo de contratación y lograr la vinculación de personal a la planta del Estado. Sin embargo, su idea –que en plata blanca implica formalizar al menos 700.000 empleos– se enfrenta a la dura realidad económica del país, pues Petro pretende que el cambio se haga a ”costo cero”.

Además, se cuestiona la falta de coordinación y planeación dentro del Ejecutivo. ¿La razón? A finales de diciembre el Gobierno ordenó a las entidades que los contratos que se firmen no superen los 4 meses, pese a que estas ya habían hecho la planeación del gasto.

5. Comprar tierras los damnificados, ¿cómo?

Por cuenta del derrumbe ocurrido en el municipio de Rosas (Cauca), que dejó más de 700 personas damnificadas y 64 viviendas destruidas, Petro anunció que el Gobierno “comprará tierras fértiles” para reubicar a los afectados. Inclusive, fue más allá y prometió una nueva carretera de 70 kilómetros que se aleje del tramo de la Vía Panamericana donde ocurrió el derrumbe. Sin embargo, persiste la misma realidad: el cómo. No hay certeza de la forma en la que el mandatario logrará concretar la titánica labor de comprar terrenos para los damnificados y, además, garantizarles una carretera.

6. Tren eléctrico entre Buenaventura y Barranquilla, ¿un globo al aire?

Después de plantearlo en campaña, Petro sigue dando explicaciones sobre su promesa de hacer un tren elevado y eléctrico entre Barranquilla y Buenaventura. Si bien el mandatario ha insistido que “no es una ingenuidad” y que ya hay propuestas sobre la mesa, no cesa el ruido y la incertidumbre, atizadas por las controvertidas declaraciones del presidente de Colpensiones, Jaime Dussán, quien sostuvo que la iniciativa sería financiada con plata del ahorro pensional de los colombianos. Desde organismos como la Cámara Colombiana de la Infraestructura han advertido que es inviable y no es más que “un globo al aire”. A su turno, los opositores han alegado que no hay estudios técnicos ni análisis de cargas para plantear un tren entre “selvas y pantanos”.

7. Jalón de orejas de Estados Unidos por Cultivos de hoja de coca

Desde el Catatumbo, en Norte de Santander, Petro sorprendió a su propio equipo con un controversial anuncio: “Les diré a los funcionarios que ideemos el programa para que un campesino pueda cultivar aún hoja de coca mientras va plantando el cultivo sustituto, hasta probar que el cultivo sustituto funciona”. Es decir, dio vía libre a que cultivadores de coca puedan seguir con esa práctica hasta tanto prosperen otros proyectos. Más allá de las alertas de la oposición y los reparos de diferentes sectores, el hecho le valió un llamado de atención de Estados Unidos, aliado estratégico de Colombia: “La erradicación forzosa continúa y se espera que continúe mientras se desarrolla un programa viable de sustitución de cultivos”, advirtieron desde la Casa Blanca.

8. Futuro de las eps, ¿Sí se van a acabar o no?

Aunque el Gobierno no es tajante ni se atreve a decirlo de frente, el presidente ha insistido en acabar con las EPS o, al menos, sacudir el sistema de salud. Si bien el tema no trasciende de anuncios, desde ya hay reparos por la falta de información sobre los cambios, así como claridades y mayor información. “Se puede poner en riesgo la estabilidad del sistema de salud”, han advertido voces como las del médico y profesor universitario Camilo Prieto Valderrama.

9. Bienestarina no puede dejar de llegar a los niños

Si bien Petro ordenó al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) no comprar más Bienestarina para alimentar a los niños, diferentes voces han advertido que no solo es inconveniente, sino inviable. Lo anterior, teniendo en cuenta que habría más de $1 billón comprometido durante seis años para su producción y distribución. “Nadie va a prohibir la Bienestarina, solo que se debe producir con alimentos colombianos”, explicó el mandatario.

10. Petro y el petróleo

En medio de la campaña que lo llevó a la Casa de Nariño, el mandatario era enfático en decir que le pondría un alto a la extracción de petróleo: “La primera decisión que voy a tomar es el cese de la contratación de exploración de petróleo”. Ya como jefe de Estado se encontró con la realidad y con las dificultades que trae consigo reemplazar la principal exportación del país. Por ello, su ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, admitió que “no están cerrados” a nuevos contratos de exploración y producción de petróleo y gas.