Se trata de la canadiense Parex Resources, que denunció intimidaciones ante su operación en los municipios de Tame y Saravena. Están en riesgo más 600 puestos de trabajo, dijo la compañía.
A través de un comunicado de prensa divulgado este viernes, la petrolera canadiense Parex Resources anunció que suspenderá sus operaciones en los municipios de Tame y Saravena, en Arauca, ante “los riesgos de seguridad” en esas poblaciones por cuenta del actuar del ELN.
Según explicó la compañía, el pasado lunes el Frente de Guerra Oriental de la guerrilla profirió amenazas contra sus trabajadores dada su operación en la región. A ello se suma, dice Parex Resources, intimidaciones similares contra contratistas locales.
“La empresa inmediatamente denunció el hecho a las autoridades locales y nacionales para abordar la situación y garantizar la seguridad de los trabajadores y de la comunidad local”, explicó la compañía.
En esa línea, precisando que “la seguridad de las personas es la máxima prioridad para Parex”, la empresa comunicó que suspenderá las operaciones hasta que se restablezcan las condiciones de seguridad en la región.
“Esto afectará las actividades de producción, transporte, perforación, construcción y mantenimiento de pozos de la compañía, e impactará a más de 600 puestos de trabajo, incluidos 430 de la comunidad local”, indicó Parex Resources.
La compañía ratificó su compromiso con Arauca, pero fue enfática al rechazar cualquier manifestación de violencia y de actos delictivos: “se hace un llamado por el respeto a los derechos fundamentales de las personas, trabajadores y comunidad. La compañía ha activado sus protocolos de seguridad y está trabajando con las autoridades para abordar activamente la situación a través de procesos de participación”.
Recientemente, la Defensoría del Pueblo denunció que varias veredas de Arauca se encuentran confinadas por los combates entre el ELN y las disidencias de las Farc. Se estima que serían más de 1.000 familias afectadas en las veredas Lejanías, Normandía, El Progreso, La Esmeralda y el Palón, del municipio de Puerto Rondón.
“Las comunidades se encuentran en un estado de temor y zozobra generalizada, con el consecuente desabastecimiento de los víveres necesarios para su alimentación, sin la posibilidad de salir de sus viviendas para asistir a citas médicas y conseguir medicamentos, así como la salida de sus cosechas para su posterior comercialización”, reclamó el defensor del Pueblo, Carlos Camargo.
