Desde que su nombre apareció en la terna para el cargo de fiscal general, desde sectores políticos, como el Polo Democrático, y varios académicos, consideraron inconveniente la elección de Néstor Humberto Martínez por su estrecha relación con el poder político y económico del país.
Una vez se conoció la anunciada elección, circularon los nombres de varios conglomerados económicos con los que ha tenido contratos y se escucharon voces como la del senador Jorge Robledo (PD), pidiéndole hacer pública la lista de los clientes de su oficina de abogados en el último año, pues según el artículo 11 de la ley 1437 de 2011, del Código de Procedimiento Administrativo en todos esos casos tendrá que declararse impedido.
“Si no tendrá muchos impedimentos por su número, sí por los montos que mueve. Estamos hablando de los mayores negocios nacionales y extranjeros en el país (...) los poderes de Santos y Vargas y los negocios de Martínez generaron la presión suficiente para que la Corte Suprema, en lugar de defender lo democrático, terminara defendiendo lo plutocrático”, señaló Robledo.
Contrario piensa Francisco Bernate, profesor de Derecho Penal de la Universidad del Rosario. Según él bajo ninguna circunstancia Martínez está obligado a revelar el nombre de las personas que como abogado ha representado, porque es reserva profesional.
“A raíz de varias reformas el fiscal no lleva asuntos judiciales, por lo que no es del todo cierto que tendría que declararse impedido. Esa carga quedó en el vicefiscal y en los fiscales delegados ante la Corte. La Constitución establece una experiencia de mínimo 10 años para ese cargo, y por eso todo el que llega tiene un pasado. Esto es deseable para que no se deje deslumbrar ante las cámaras o el poder”, precisó Bernate.
Para Robledo este argumento no es suficiente, porque si bien el fiscal no asume las investigaciones, sí es quien da las ordena al vicefiscal: “sería el colmo que usaran este argumento para no declararse impedido en los negocios descomunales que maneja”.
“No conozco impedimento”
Julio Andrés Sampedro, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Pontificia Javeriana, indicó que toda persona que llegue a ese cargo tiene a cuestas una trayectoria que va a generar impedimentos.
“Que se le exija al fiscal manifestar, previamente, quiénes han sido sus clientes, es violatorio del secreto profesional y no aportaría a una buena gestión. Él se declarará impedido cuando haya causales expresas para los funcionarios judiciales”, explicó.
En sus primeras declaraciones a la prensa Martínez dijo que en este momento no conoce que pueda existir un impedimento, pero que si es del caso le “llenaría de satisfacción saber que el funcionario que deba acometer el conocimiento de esos temas no depende del fiscal general sino que es objeto de una designación ad hoc por parte de la Corte Suprema de Justicia”.
El caso Postobón
Un primer conflicto de intereses que podría tener el fiscal tendría relación con la solicitud del Tribunal Superior de Bogotá, que compulsó copias a la Fiscalía para que investigue la presunta financiación de Postobón a paramilitares. La firma de Martínez representó a los ingenios de la Organización Ardila Lülle en el caso del cartel del azúcar.
Al respecto Jorge Iván Cuervo, investigador de la Universidad Externado, dijo que si el fiscal, en los últimos tiempos, ha realizado asesorías o contratos con ese conglomerado, se debe declarar impedido. “Como este hay muchos casos en los que, en el ejercicio legítimo de su profesión, ha tenido clientes y por eso debe hacerlos públicos”.
Sobre el particular Bernate explicó que la compulsa de copias llega a una oficina donde se asigna un fiscal especializado o de otro rango, pero que “en ninguna circunstancia Martínez tendrá que ver con eso, pues no pasa por su despacho, ni tendrá injerencia.”.
Del otro lado, el constitucionalista Andrés Úsuga Marín, docente de la Universidad Pontificia Bolivariana, dijo que es importante saber si una vez se posesione Martínez su bufete de abogados (DLA PIPER Martínez Neira), que tiene la franquicia de la firma más grande del mundo, escindirá esa alianza o continuarán representando clientes que “han tenido enredos con la justicia, que aunque son del tipo tributario, han rayado en conductas penalmente reprochables”.
