La Procuraduría General de la Nación le solicitó este miércoles a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz –ahora en cabeza de Otty Patiño– que le informe las acciones que ha adelantado el Gobierno nacional para proteger los derechos de los habitantes de la vereda San Vicente, en jurisdicción de La Plata, Huila.
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La población de ese corregimiento han sido objeto de hechos de intimidación y constreñimiento por parte de las disidencias de las Farc que hacen presencia en esa zona y que constantemente tienen enfrentamientos con la fuerza pública.
La petición fue realizada por la Procuraduría Delegada para el Seguimiento del Acuerdo de Paz, luego de recibir información compartida por las autoridades departamentales.
Esa información señalaba que miembros de la columna móvil Ismael Ruiz de ese grupo ilegal vienen presionando a la comunidad y hostigando a las tropas del Ejército que se encuentran en la zona.
En ese sentido, el Ministerio Público solicitó al Alto Comisionado indicar si esos hechos han sido objeto de verificación por parte de las instancias competentes, definidas en el Decreto 1684 de 2023 que estableció el Cese al Fuego Bilateral y Temporal de Carácter Nacional con Impacto Territorial.
Con el requerimiento, el Ministerio Público busca que se adopten las medidas necesarias para garantizar los derechos a la seguridad y protección de la población “en el entendido que el cese al fuego se hace sobre la base de un acuerdo para el respeto de la población civil”.
A finales de julio pasado una niña de cuatro años murió en La Plata tras quedar entre las balas de la columna móvil Dagoberto Ramos de las disidencias y el Ejército.
Ante esto, la Defensoría del Pueblo alertó sobre el desplazamiento masivo de 867 personas de 14 veredas del corregimiento San Miguel, jurisdicción de La Plata. Según la entidad, se trata de 242 familias, integradas por 398 menores de edad y 469 adultos, mayoritariamente campesinos e indígenas.
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