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Desarrollar los ocho ejes de la política antidrogas de Petro podría costar $18 billones

El Consejo Nacional de Estupefacientes analiza un borrador del proyecto, que será presentado en agosto.

  • En Colombia se cultiva marihuana, coca y amapola, principalmente. FOTO: JUAN ANTONIO SÁNCHEZ.
    En Colombia se cultiva marihuana, coca y amapola, principalmente. FOTO: JUAN ANTONIO SÁNCHEZ.
27 de julio de 2023
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Implementar la política contra las drogas del Gobierno Nacional tendría un valor estimado de 18,7 billones de pesos y un enfoque que descriminaliza a los campesinos cultivadores y a los consumidores.

Estas son algunas de las aristas que se desprenden del borrador del documento de 116 páginas, titulado “De la guerra contra las drogas al cuidado de la vida”, que está siendo analizado en el Consejo Nacional de Estupefacientes y al cual tuvo acceso el diario El Espectador.

El texto, que sustentará la política antidrogas en el mandato de Gustavo Petro, está programado para ser presentado a la opinión pública en agosto y expone varias de las tesis que el Jefe de Estado ha venido defendiendo en diferentes escenarios. Por ejemplo, que la llamada “guerra contra las drogas” en un fracaso y que el enfoque punitivo le ha traído más desgracias que victorias a la nación.

De acuerdo con el reporte periodístico, el boceto incluye ocho líneas de acción: la transformación de los territorios; protección del medioambiente; enfoque de salud pública y prevención; regulación del consumo; seguridad humana; justicia social y dignificación; inclusión cultural; y liderazgo internacional en la atención al problema de las drogas.

El proyecto retoma algunas ideas que Petro ya había implementado cuando fue alcalde de Bogotá (2012-15), como los entornos protectores para los consumidores.

La política pretende enfocarse en la interdicción de las rutas de cocaína y la persecución a los grandes capitales del narcotráfico, en vez de atacar a los cultivadores, a quienes Petro considera víctimas de la ausencia histórica del Estado.

La Fiscalía y la Procuraduría han expresado serios cuestionamientos al plan antidrogas del Primer Mandatario, al considerarlo muy blando contra las organizaciones criminales y permisivo con el cultivo de coca.

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