La Cámara de Representantes aprobó la acusación contra el magistrado Gustavo Malo. El legislativo aprobó la ponencia 82 votos contra 2 luego de dos días en que se discutieron impedimentos.
La decisión pasa a la comisión de instrucción del Senado y será la plenaria de esa corporación la que decida si le retira o no el fuero al suspendido magistrado de la Corte Suprema de Justicia.
Cabe anotar que en la mañana de este miércoles la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial decidió suspender el sueldo de 31 millones 331 mil pesos que recibía el togado luego de la suspensión que decidió la sala extraordinaria de la Corte Suprema de Justicia.
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Malo es acusado por los delitos de concierto para delinquir, cohecho propio, prevaricato por acción, prevaricato por omisión y utilización de asunto sometido a secreto o reserva. Cabe anotar que el Congreso de la república sesionará hasta el próximo 16 de junio tiempo en el que se espera que se resuelva el caso en el Senado.
De prosperar en el Senado la acusación contra el togado este sería el segundo caso de un juicio político exitoso en el Congreso, el primero fue el de Jorge Ignacio Pretelt quien supuestamente recibió 500 millones de pesos para favorecer un fallo de tutela a la empresa Fidupetrol.
Según el presidente de la Cámara, Rodrigo Lara, “la corporación le cumplió al país. Se estudió el caso respetando las garantías pero con celeridad. A diferencia de Congresos anteriores se han trabajado muchas situaciones delicadas que la corte pueda conocer cuanto antes este caso”.
A su turno la representante y senadora electa del Partido Verde Angélica Lozano reveló que hay pruebas suficientes y sólidas en contra del magistrado Gustavo Malo.
“Los testimonios son consecuentes, por ejemplo los de Gustavo Moreno y Musa Besaile se complementan entre sí y existe un testimonio de oro del magistrado auxiliar Reyes quien proyectó la orden de captura y lo echaron para cambiar la decisión. Las pruebas dicen que los delitos de los que se le acusa a Malo tienen fundamento”.
Por último, el representante Edward Rodríguez de la Comisión de Acusación enfatizó en que “esta es una investigación sólida que prueba que al interior de la corte existía una empresa criminal donde se asociaron con particulares para entorpecer los procesos propios de su conocimiento, evitar órdenes de captura dilatar los procesos y, como se dice comúnmente engavetarlos”.