Paralelo con el fracaso del trámite de las leyes para la implementación del Acuerdo vía fast track, el Congreso –sin que muchos prendieran sus reflectores –sacó tiempo para tramitar dos iniciativas cuyos principales beneficiados serán ellos mismos.
Pues bien, los congresistas aprobaron, durante la última semana del legislativo, un par de leyes que bien podrían ser calificadas como, básicamente, legislar en nombre propio. Se trata de la doble instancia para procesos ante el Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia. Pese a que este asunto estaba pendiente por ser reglamentado luego de un llamado que hiciera la Corte Constitucional, otros temas que podrían mejorar el trámite legislativo no fueron aprobados.
Las dos iniciativas fueron solicitud de la Corte Constitucional que había levantado polémica en 2014 cuando aseguró que todos los ciudadanos vencidos en cualquier tipo de juicio tenían derecho a una doble instancia y le dio un plazo de un año al Congreso para iniciar el trámite al respecto. Sin embargo, en ese momento nada pasó.
De hecho en septiembre de este año, cuando estalló el escándalo del ‘Cartel de la Toga’ la Corte Suprema solicitó a la Comisión Primera del Senado que no continuara el trámite legislativo y ordenaba su archivo. También, en 2014 y 2015 se habían presentado iniciativas con la misma finalidad.
La primera reforma constitucional aprobada por los congresistas es el acto legislativo 13 de 2017 del Senado por medio del cual se crea una sala conformada por seis magistrados que conocerán el proceso en primera instancia y este puede ser apelado ante la sala plena del tribunal. La segunda iniciativa busca que los procesos que se adelantan de forma disciplinaria ante el Consejo de Estado tengan el mismo recurso. La Sección Quinta, del Consejo de Estado, será la encargada de llevar el proceso y la última palabra la tendrá la sala plena de la corporación.
Cuando el proyecto fue aprobado el ministro de Justicia, Enrique Gil Botero, recordó que desde su llegada a esta cartera el compromiso era tramitar esa iniciativa. “Estamos cumpliendo una deuda histórica que se tenía con los congresistas. Uno observaba en el Consejo de Estado como los parlamentarios perdían su investidura que les acarreaba la muerte política de por vida y no tenían derecho a apelar la decisión, ahora eso es cosa del pasado”.
Así mismo, el presidente de la Cámara de Representantes, Rodrigo Lara, sostuvo que estos proyectos no fueron de iniciativa parlamentaria “fue simplemente convertir en normatividad fallos de la Corte y principios rectores establecidos en las normativos internacionales”.
El profesor, Rubén Sánchez de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad del Rosario, aseguró que se puede hablar de una falta de ética de los congresistas del país, “pese a que en efecto se necesitaba una reforma en materia de doble instancia hay leyes supremamente importantes en materia de justicia que no han salido y que son vitales”.
Según dijo no es la primera vez que legislan en nombre propio: “el último aumento de salario para ellos fue escandaloso, más cuando esto repercute en las pensiones. No asistir a las sesiones es una falta muy grave, mire, uno no va al trabajo y al tercer llamado lo pueden despedir. Yo no entiendo cómo hay senadores que ni participan casi y además no van al Congreso, eso no tiene presentación. Un control de tipo coercitivo no funcionaría, el problema es ético, deben ser correctos en sus actitudes, que exista un respeto al elector”.
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