Este miércoles el Gobierno nacional radicó la ponencia de la Ley de Sometimiento, que tiene la finalidad de ser la hoja de ruta para el desmantelamiento de las bandas criminales que no tienen un estatus político y que no hacen parte de la “paz total”.
Este proyecto de ley –liderado por el ministro de Justicia, Néstor Osuna, y del senador Ariel Ávila (Alianza Verde)– contempla cuatro debates en el Congreso que inician en la Comisión Primera del Senado y, por agenda, iría hasta las sesiones extraordinarias a principios de julio.
Según lo explicado por el ministro Osuna, este proyecto es vital para la paz total, ya que sería el complemento de la Ley de Orden Público para desestructurar los factores organizados en el país porque está dirigida solo para las bandas criminales que tienen una jerarquía y no estatus político.
El jefe de la cartera de Justicia aseguró que este es un articulado que le ofrecen a las bandas criminales para que se acojan a la justicia y restauren a las víctimas con la finalidad de obtener varios beneficios.
El proyecto va dirigido a “grupos que se enmarquen en patrones criminales que incluyan el sometimiento violento de la población civil de los territorios rurales y urbanos en los que operen”. Igualmente, asegura que la red sea plural y tenga una estructura jerárquica.
Aquí estarían bandas como el Clan del Golfo, la Sierra Nevada y La Oficina. En el limbo quedó la Segunda Marquetalia, pues el ministro Osuna aseguró que el presidente decidirá si también les beneficia este nuevo proyecto.
Al acogerse al sometimiento, estas bandas criminales deberán entregar información sobre su organización, desmantelarla, reparar a las víctimas, aportar a la verdad y entregar bienes, que entrarán a extinción de dominio. No obstante, los integrantes de estas bandas podrán mantener hasta un 6 % de ese patrimonio ilícito para sus familias, según manifiesta el documento.
De acuerdo con Osuna, este proyecto tiene una duración de dos años para que las bandas criminales decidan acogerse a la justicia y al desmantelamiento de la banda criminal a la que pertenecen.
Entre tanto, voces como las de la procuradora Margarita Cabello y la del fiscal Francisco Barbosa han planteado críticas a esta iniciativa por considerar que no establece mecanismos claros que aseguren los derechos de las víctimas y porque no se le pueden dar “beneficios excesivos” a quienes se sometan a la justicia.
