En la argumentación del proyecto, se indica que el cambio se haría en el artículo 430, que se refiere a la huelga en servicios públicos, para agregarle la palabra “esenciales” y establecer que la educación sea uno de esos servicios y de esa manera lograr la prohibición del llamado a paros.
De hecho, en la justificación de la iniciativa, la senadora uribista se refirió a los paros que ha convocado la Federación Colombiana de Educadores (Fecode).
El texto, además, propone sumar a las personas que trabajan en las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, así como a las que atienden necesidades básicas de personas de especial protección constitucional y a quienes trabajan el sector de la educación.
Por eso, lo que busca la congresista es subir a servicio esencial el derecho a la educación para que ningún profesor pueda faltar a clase, puesto que sus actividades no podrían suspenderse por una huelga.
“Durante los últimos 4 años, los niños, niñas y adolescentes, han soportado 14 jornadas de paro, que empezaron en 2018 con un cese de actividades que afectó al 42 % de la comunidad estudiantil que no pudo recibir clase”, señala el documento.
“En promedio, el 35 % de los estudiantes, es decir (2.742.578), se vieron afectados por paros nacionales, que como lo reitera la jurisprudencia de la Corte Constitucional, va en contravía del derecho a la educación, como servicio público esencial”, remata el proyecto.
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