El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, no ha sido el único mandatario local que ha sido sujeto de suspensión por parte de la Procuraduría General de la Nación. Antes de él, hubo otros servidores públicos de elección popular que marcaron precedente.
En el pasado otros exmandatarios fueron suspendidos por parte del Ministerio Público, por diferentes causas, y en el listado están los exalcaldes Rodolfo Hernández (Bucaramanga), Samuel Moreno (Bogotá), Juan Pablo Gallo (Pereira), y el inhabilitado Gustavo Petro (Bogotá).
Rodolfo Hernández
Uno de los dirigentes que más ha sido protagonista por cuenta de sus suspensiones, estando al frente de la Alcaldía de Bucaramanga, es el actual candidato presidencial Rodolfo Hernández, del movimiento Liga de Gobernantes Anticorrupción.
En noviembre de 2018 Hernández fue suspendido por tres meses por el entonces procurador Fernando Carrillo Flórez, tras agredir físicamente al concejal de la época, John Jairo Claro, quien le reprochó supuestos vínculos de su familia con presuntos hechos de corrupción.
Por un hecho registrado el mismo año, en 2018, la Procuraduría lo sancionó con suspensión e inhabilidad especial por cinco meses al concluir que incurrió en falta disciplinaria al emitir pronunciamientos irrespetuosos e indignos contra un ciudadano.
“La Procuraduría advirtió que, si bien es cierto que el alcalde tiene derecho a la libre expresión, también lo es que su calidad de alcalde municipal y el deber de dar ejemplo con su actuar a los administrados, lo obligaba a mantener una actitud de respeto frente a los ciudadanos”, expuso el ente de control.
Su última suspensión fue por cuenta de un señalamiento de participación indebida en política, después de aparecer en un video invitando a votar “por un alcalde de los ciudadanos”, slogan similiar al del candidato de su preferencia. Tras esta suspensión, en 2019, Hernández decidió renunciar.
Samuel Moreno
Otro de los exalcaldes controvertidos que fue suspendido fue Samuel Moreno, quien terminó destituido e inhabilitado por corrupción por cuenta de su papel protagonista en del carrusel de la contratación que desfalcó a Bogotá
En 2011 el entonces procurador general, Alejandro Ordóñez, ordenó la suspensión de Moreno por 12 meses después de que se comprobó que había incurrido en la omisión de su función constitucional y legal de cumplir con la construcción de las obras que estaban a cargo del Distrito.
Esta suspensión se dio transcurridos seis meses de la formulación del pliego de cargos en contra de Moreno, que lo llevaron en ese mismo año a una suspensión de su cargo, inicialmente por tres meses y posteriormente a una ampliación de la medida.
Ordóñez aseguró que Moreno cometió “faltas graves” en el control de varios contratos de obras civiles, e incurrió en la omisión en el deber de asegurar en debida forma, las obras de la fase III de Transmilenio, la reparación de la malla vial y valorización.
Juan Pablo Gallo
En 2019 el Ministerio Público ordenó la suspensión –durante tres meses– de Juan Pablo Gallo, entonces alcalde de Pereira, capital de Risaralda, por presunta participación indebida en política.
El ente de control argumentó que decidió abrir una investigación contra funcionario por una denuncia de supuesta solicitud de apoyo a contratistas de su administración para campañas políticas y, por esa razón, lo suspendió por tres meses.
“El órgano de control investiga hechos presuntamente irregulares al parecer cometidos por el mandatario local, quien al parecer solicitó respaldos a las candidaturas de diversos aspirantes. Además, se investigan las denuncias presentadas ante el ente de control sobre una posible presión para que respalden aspiraciones de los candidatos”, detalló la Procuraduría.
Gustavo Petro
El actual candidato presidencial Gustavo Petro, del Pacto Histórico, tuvo un gobierno torpedeado en su paso por la Alcaldía de Bogotá, pues fue sancionado con destitución e inhabilidad por parte del procurador general de la época, Alejandro Ordóñez.
Esta situación surgió por la crisis de basuras que se registró en la capital del país entre el 18 y 20 de diciembre de 2012, mientras Petro implementó un plan de reestructuración de esquemas de aseo que dejaba la recolección de basuras a cargo de la empresa pública Aguas de Bogotá.
Ante la crisis de basuras por la incapacidad del plan de Petro, la Procuraduría lo inhabilitó un año después argumentando “tres faltas gravísimas” por esta problemáticas social que, según el ente de control, puso en riesgo al medio ambiente y la salud pública de los bogotanos.
Petro apeló la decisión de Ordóñez y en 2014 se dejó en firma la sanción, por lo que el hoy candidato presidencial acudió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), alegando que era una persecución política, y ese organismo ordenó en marzo de ese año medidas cautelares para evitar que lo destituyeran.
Tras el dispendioso proceso de destitución que pasó por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y el Consejo de Estado, la Sala plena de este alto tribunal tumbó el fallo que sacó a Petro de la Alcaldía de Bogotá, debido a que Ordóñez no pudo comprobar la supuesta mala intención en el cambio del esquema de basuras.
