Pese a que fue aprobado en primer debate por la Comisión Primera del Senado el pasado martes, el reloj le hace tic tac al proyecto de acto legislativo que, una vez más, pretende cambiar la manera en que se administra justicia en Colombia.
Luego de que el pasado 5 de diciembre se hundiera un primer intento de reforma que había sido impulsado por el gobierno de Iván Duque, las bancadas de Cambio Radical y de la U, presentaron un nuevo proyecto el 3 de abril.
El articulado propuesto dejó de lado puntos álgidos , que en debates anteriores había rechazado el Congreso, como la creación de un tribunal de aforados que reemplace a la Comisión de Acusaciones (encargada de investigar al Presidente y a magistrados, entre otros) y cambios en la administración de la Rama Judicial. Pero conservó puntos importantes, como la modificación al mecanismo de nominación y elección de magistrados de Altas Cortes, y la delegación de funciones jurisdiccionales a notarios y abogados, es decir, que en casos donde no haya controversia entre las partes, estos puedan impartir justicia.
Sin embargo, el primer palo en la rueda para que el proyecto pueda surtir los tres debates de la primera vuelta que le faltan (uno en Senado y dos en Cámara), antes del próximo 20 de junio, cuando finaliza la actual legislatura, es el tiempo.
Ese factor ha hecho que incluso el senador de Cambio Radical, Germán Varón, coordinador de ponentes, haya perdido la fe en su aprobación: “Soy escéptico porque creo que el Gobierno se demoró mucho insistiendo en las objeciones a la JEP y dejó toda la legislatura colgando, y no es fácil cumplir con los términos de ley establecidos”.
El segundo problema va por cuenta de los temas que el proyecto no aborda. Aunque sectores del Congreso consideran que este es un aspecto positivo, pues hace que la reforma se concentre en facilitar el acceso de la población a la Justicia, podría jugar en contra por los intentos de algunos parlamentarios de añadir al texto asuntos polémicos, lo que podría alargar los debates.
De hecho, una de las propuestas más discutidas en la Comisión Primera fue la de la senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia, de volver a incluir en el articulado la creación de un tribunal de aforados que reemplace a la Comisión de Acusaciones. La iniciativa se analizó en una subcomisión, pero terminó por hundirse justo antes de la votación.
Sobre los “dientes” que le faltarían al proyecto para generar cambios de fondo, el senador del Centro Democrático, José Obdulio Gaviria, considera que “esta es una iniciativa modesta, no es una gran reforma, pero de todas maneras no es negativa, tiene elementos positivos que nosotros apoyamos”.
Por su parte, Armando Benedetti, senador de la U, afirmó que “esta reforma es la que menos ampollas ha levantado. Y ha sido así porque es la primera vez que hay una propuesta seria para agilizar los trámites para las personas de a pie”.
Pero recientes declaraciones de la ministra de Justicia, Gloria María Borrero, dejan por lo menos dudas sobre la confianza del Gobierno en el alcance del proyecto. Tan pronto fue aprobado en primer debate, Borrero declaró que “en julio radicaremos una nueva reforma que abarque elementos necesarios para mejorar el sistema”.
En diálogo con EL COLOMBIANO, la ministra admitió que, aunque la propuesta sintetiza consensos y ha sido acompañada por su cartera, “saca temas polémicos” y hay puntos con los que el Ejecutivo sigue sin estar de acuerdo, por lo que “daremos las discusiones en el Congreso” .
